La interventora detecta un agujero de más de 110 millones en las cuentas autonómicas

A más de 110 millones de euros asciende la insuficiencia presupuestaria que la interventora general de la DGA, Ana Gómez, ha detectado en las cuentas autonómicas de este año. Así lo indicó este lunes en su comparecencia en la Comisión de Hacienda a petición del PAR, cuya diputada, Elena Allué, aseguró que confía más en ella que en lo que cuenta el consejero Fernando Gimeno. Los desajustes más importantes corresponden a los gastos de personal (salarios), donde faltan entre 50 y 70 millones, y a la dotación del Salud, que necesitaría entre 40 y 45 millones más. También harían faltarían de 5 a 7 millones adicionales para satisfacer las necesidades de farmacia y más dinero para aplicar el incremento de sueldo en las nóminas de los profesores de la enseñanza concertada, que Gómez no llegó a cuantificar.

Es el tercer año en el que la interventora advierte de que los presupuestos no cubren todos los gastos: el agujero se estimó en 260 millones en 2016 y se redujo a 163,4 millones el año pasado.

La cifra de 2018, aunque es la más baja, sí revela que una vez más "los créditos son insuficientes para el pago de las retribuciones de este año". Este desfase tiene su origen en el incremento de salarios que pactó el Gobierno con los sindicatos en marzo de este año, y que supondrá un aumento del 1,5% y de un  0,25% adicional ligado al aumento del Producto Interior Bruto que se aplicará a partir de julio. También ha influido el incremento de efectivos de personal que se llevó a cabo en Educación y Sanidad en el segundo semestre de 2017 y que, al parecer, no está bien valorado.

La interventora señaló que la asignación de recursos al Salud, en el capítulo 2 (gasto de bienes y servicios), se ha quedado corta. Gómez explicó que "a pesar del importante esfuerzo" se han sumando 62 millones, cuando eran necesarios cien, de manera que siguen faltado entre 40 y 45 millones.

La insuficiencia presupuestaria alcanza, además, a partidas del capítulo IV (transferencias corrientes): el dinero asignado a farmacia, que necesitaría entre cinco y siete millones adicionales, y la partida para pagar la subida de salario a los docentes de la enseñanza concertada que no está y que Gómez eludió concretar.

A pesar de que las insuficiencias presupuestarias se mantienen, Gómez reconoció el esfuerzo que se está realizando en la elaboración del presupuesto. "El desequilibrio es inferior al que se venía produciendo en años anteriores. Los problemas son cada vez menores", resaltó.

No compartió su opinión la diputada Elena Allué (PAR), que consideró "bastante grave" que se "sigan teniendo agujeros millonarios en el presupuesto del Gobierno de Aragón" y criticó la falta de planificación. Cuestionó, además, que el Ejecutivo PSOE-CHA esté anunciando más becas universitarias y un macroproyecto de las riberas a pesar del desfase que se ha constatado.

En el capítulo de ingresos, Gómez consideró que las previsiones son "prudentes" e indicó que "no habrá problemas de ejecución".

Objetivo de déficit

La interventora no se atrevió a garantizar si Aragón cumplirá el objetivo de déficit, pero sí quiso dejar claro que "2018 es el año que más  posibilidades hay, aunque eso requiere un compromiso adicional al que se ha hecho en la elaboración de los presupuestos".

Para compensarlo, y mientras se elaboraba el Plan Económico Financiero, Gómez comunicó a los secretarios técnicos que era necesario retener créditos por valor de 24 millones de partidas que no se están ejecutando. Aunque no concretó los proyectos afectados, indicó que se "respetan siempre los que están relacionados con el sostenimiento de los servicios públicos".

Para los partidos de izquierda, las palabras de la interventora vinieron a confirmar el buen trabajo que han realizado con los presupuestos. El socialista Alfredo Sancho señaló que Gómez estaba viendo "una gestión presupuestaria buena" y Gregorio Briz (CHA) entendió que aseguraba que se cumplirá el déficit. La podemista Marta de Santos criticó "la pataleta de la derecha" y, aunque reconoció que falta dinero en algunas partidas, resaltó que es "mucho menos que en años anteriores".

El diputado Antonio Suárez (PP) dijo que "el problema es que se hacen modificaciones presupuestarias y algunos salen perjudicados", mientras Javier Martínez, de C’s, recordó que un presupuesto debe "reflejar la realidad".