El Gobierno de Aragón insiste en que la ley de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón es "constitucional". Así lo indicó ayer el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, que señaló que le corresponderá al Estado decidir si recurre el artículo 14.1.u ante el Tribunal Constitucional después de que sus servicios jurídicos analicen el dictamen del Consejo de Estado que cuestiona la norma.

Guillén reconoció que solucionar la controversia que rodea al artículo 14.1u de la ley de capitalidad, que usó el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, para tomar el control de las sociedades municipales, "no es un tema pacífico". Pero el problema, en su opinión, no está en la norma, sino en el uso que hizo de ella el equipo de Gobierno municipal. El consejero mantiene que no ha existido ningún  informe, ni de los servicios jurídicos de la DGA ni de las Cortes, que cuestionara la ley de capitalidad. Es más, hace hincapié en que el Ejecutivo PSOE-CHA tiene un documento firmado por portavoces municipales de anteriores corporaciones en el que se da el visto bueno al artículo 14, tal y como está ahora, en anteproyectos de ley que no salieron adelante.

Guillén trató de justificar la constitucionalidad del artículo 14 con las modificaciones a la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local que introdujo la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad, y que señalan que "la Junta de Gobierno tendrá atribución para designar a los representantes municipales en los órganos colegiados de Gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades sea cual sea su naturaleza y en los que el Ayuntamiento sea partícipe".

No comparte este criterio el Consejo de Estado que, en su informe, hace referencia a una sentencia del TC (STC 111/2016, FJ 8), que argumenta que "al hurtar al Pleno como órgano constitucionalmente necesario de tareas sumamente trascendentes y atribuirlas a la Junta de Gobierno como órgano eventual, carente de relieve constitucional y configurado legalmente con marcado carácter ejecutivo, ha impuesto un sacrificio a un principio medular, definitorio de la propia autonomía local (artículos 137, 140 y 141 de la Constitución) y de la competencia estatal misma que da cobertura a la intervención legislativa; un principio constitucionalmente proclamado como valor superior del ordenamiento jurídico".

De ahí que el informe concluya que "no corresponde a la ley autonómica sustraer cualquier facultad de decisión del Pleno municipal en lo concerniente a la composición de la Junta General y a la formación de la voluntad en el seno de la sociedad mercantil local, y aún menos eliminar cualquier posibilidad de que sea el Pleno el órgano que actúe en la condición de socio, de manera que el Ayuntamiento quede necesariamente compelido a articular tal actuación a través del órgano de gobierno de la Corporación local".

Aunque el Consejo de Estado aprecia fundamentos jurídicos para impugnar el artículo 14.1.u, la decisión de interponer el recurso de inconstitucionalidad corresponderá al Ejecutivo central. Si decide atender este informe, Guillén espera que la suspensión cautelar (si se produce) afecte solo al 14.1.u y siga en vigor el resto de la norma. Pero esa decisión dependerá del Alto Tribunal.

Podemos carga contra el PP

La formación que pactó con el PSOE la ley de capitalidad ve con recelo la recomendación. "El informe, que corresponde a una petición del Gobierno de Rajoy, es otro ejemplo más de la campaña de acoso y derribo que ha desarrollado el PP sobre las instituciones que no gobierna. Vemos cómo el PP, que no supo ganar esta batalla en Parlamento, trata de ganarla de una manera cuestionable", indicó Maru Díaz.

Una postura distinta mostró Susana Gaspar, de C’s, que acusó a los grupos de izquierda de "aprobar la ley al más puro estilo dictatorial, sin debate y con la mayoría más mínima, y ahora dicen que además es inconstitucional".