La investigación que acaba de abrir la Fiscalía a raíz de una denuncia presentada ante el Justicia de Aragón, por el supuesto internamiento involuntario de una mujer en una residencia zaragozana no es la única causa relacionada con centros de mayores que ha llegado a los tribunales aragoneses en los últimos meses. Un juzgado de la capital instruye diligencias por una presunta negligencia en la atención médica a una interna en un geriátrico. Además, otras siete denuncias que la DGA trasladó al ministerio público han sido archivadas al no hallarse indicios de delito.

El caso más reciente es el ya citado por lo que podría ser la retención ilegal de una mujer, ya que, según la queja que llegó al Justicia, Ángel Dolado, la afectada se encuentra en plenas facultades físicas y mentales y sus sobrinos le impusieron el ingreso en contra de su voluntad. La DGA ya se ha dirigido al fiscal para solicitarle información y adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas.

Precisamente el Ejecutivo autonómico ha sido el promotor de varias denuncias ante la Fiscalía, y solo en el último año ha remitido tres casos que consideraba que podían ser constitutivos de delito, de los que uno está en fase de instrucción, mientras que los otros dos han sido archivados.

La investigación que continúa activa se refiere a la supuesta negligencia médica que sufrió una persona en una residencia de la capital aragonesa. Los hechos fueron denunciados por la DGA en septiembre de 2017 y tras abrir diligencias la Fiscalía, en noviembre la causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, que continúa la tramitación. En marzo, el ministerio público pidió que se practicaran nuevas diligencias, según indicaron fuentes judiciales.

Apenas unas semanas después de que el Gobierno de Aragón alertara de este caso, remitió a la Fiscalía otro en el que se sospechaba que también se había producido una negligencia médica que habría causado la muerte a un residente de otro centro de mayores de Zaragoza. El fiscal decretó su archivo al considerar acreditado que la causa del fallecimiento no tenía relación con la actuación médica y no se debía, por tanto, a una mala praxis.

A finales del pasado año también se archivaron las diligencias que tramitaba el Juzgado de Instrucción número 8 por un presunto delito de lesiones en una residencia del entorno de Zaragoza. La DGA lo había trasladado a la Fiscalía en junio de 2017, después de que la esposa de la supuesta víctima denunciara una negligencia en su cuidado.

A estos dos archivos se unen los de otros cinco casos anteriores que igualmente fueron puestos en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales por el Ejecutivo autonómico. Entre ellos había dos supuestos delitos de estafa y otros tantos de lesiones por imprudencia. La quinta investigación judicial de esta tanda, y la primera en archivarse, se refería a un centro cuyos trabajadores no se encontraban en condiciones para desempeñar su labor.

Uno de los casos de lesiones ocurrió en la residencia de Estadilla (Huesca), donde en junio de 2016 se recibió una denuncia por la posible atención negligente a un usuario que tuvo que ser trasladado al hospital Provincial, según consta en una respuesta parlamentaria de la consejera María Victoria Broto al PP. En el mismo centro, la inspección de Servicios Sociales había detectado numerosas deficiencias como una posible ocupación superior a la autorizada, la escasez de personal o retrasos en la detección de síntomas que sugieren una enfermedad, además de carencias en las instalaciones. Todo esto llevó además a la DGA a abrir un expediente sancionador a la entidad gestora, la Fundación Sanesval, pese a que atendió la mayor parte de los requerimientos realizados.

"Es difícil demostrarlos"

El secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, reconoce que, aunque se abran expedientes administrativos, los casos por negligencia o falta de cuidados no se suelen considerar ilícito penal "porque no se pueden llegar a demostrar". Explica que no es fácil discernir si el resultado se debe a una mala praxis o se deriva de otros problemas de salud.

En cuanto a las estafas, de las que la DGA dio parte a la Brigada de Delitos Económicos y Blanqueo de la Policía Nacional, Jiménez también admite que "es difícil que prosperen": resulta complicado demostrar que un mayor firmó un documento sin conocer su contenido y sus implicaciones. Subraya que los inspectores de Consumo de la DGA han llevado a cabo una revisión de los contratos de admisión en residencias para garantizar que no incluyan "cláusulas abusivas" y que esté claramente especificado qué servicios y material cubre el precio básico y cuáles son complementarios y deben pagarse aparte, como los colchones antiescaras que necesitan algunos residentes.

Jiménez señala que la Administración tiene "una capacidad limitada" y en estos casos se guían por "la prudencia y la proporcionalidad" de las medidas adoptadas. Gustavo García, de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, asegura que el sector de las residencias de mayores "es uno de los más regulados e inspeccionados en España" al afectar a personas muy vulnerables. Respecto al ingreso en estos centros, subraya que "hay unos protocolos muy rígidos". Eso sí, ante casos dudosos reclama "mecanismos muy ágiles" de la Fiscalía y los juzgados para "dar seguridad a los familiares y a los responsables de los centros".