El Comité de Bioética de Aragón ha recomendado a los departamentos de Sanidad y Ciudadanía y Derechos Sociales la necesidad de elaborar un protocolo de atención y detección del maltrato en personas mayores. Los expertos que conforman este órgano, multidisciplinar e independiente, recuerdan que aunque existen pocas investigaciones sobre la prevalencia de este fenómeno, calculan que aproximadamente un 10% de este colectivo sufre algún tipo de lesión o vulneración de sus derechos.

El Comité de Bioética de Aragón, que analizó este problema a raíz de la petición del Comité de Ética Asistencial del sector I, aconseja que este protocolo contemple la "prevención, la detección y la atención de las situaciones de maltrato, tanto en el ámbito público como privado" y promueva la "formación específica a los profesionales de los sistemas sanitarios y de servicios sociales". También pide que se garantice la difusión de la información que permita la "sensibilización de los agentes implicados y de la sociedad en la detección del problema".

En sus consideraciones éticas, este órgano colegiado recuerda que los ancianos, como personas, tienen su dignidad y hay que respetarla "como valor absoluto, de manera que cualquier menoscabo de la misma puede considerarse maltrato".

Destaca que las lesiones pueden ser de los cuatro principios fundamentales: el de no maleficencia, cuando se produce cualquier acción u omisión que cause un daño; el de justicia, cuando no son tratados con la consideración y el respeto que se merecen; el de beneficencia, que obliga a hacer el bien a las personas procurándoles el mayor beneficio posible y el de autonomía, cuando los familiares o cuidadores "opinan en nombre del paciente". "Deciden sobre su vida y no se les consulta los planes de cuidados, tratamientos, ingresos, pruebas... Además, los profesionales ignoran al anciano al no escucharle, hablan sin dirigirse a él o le ocultan información sobre su estado", recalcan en el informe.

Hace precisamente unos días la Fiscalía de Zaragoza abrió diligencias por el caso del internamiento involuntario de una mujer en una residencia, tras recibir una queja del Justicia de Aragón. Cabe recordar que la alerta la dio una vecina de la afectada, que después de acudir varias veces a su domicilio y no encontrarla allí, supo que sus sobrinos la habían llevado a una residencia de mayores, al parecer sin su consentimiento.