En el maremágnum político de estos últimos días, ha pasado prácticamente inadvertida una noticia que, en circunstancias normales, se hubiera hecho hueco en la prensa nacional: "Los niños aragoneses tendrán que ayudar en las tareas de la casa por ley". Sí, han leído bien. Hay quien en su enfermiza obsesión por regularlo todo, por prohibir o multar, y por disfrazarse bajo falsas etiquetas de igualdad, se acaba de inventar una ley que apunta a incumplimiento de otras de rango superior, como son las que protegen la intimidad de las personas y del domicilio. ¿Quién va a controlar que los niños hagan las tareas del hogar? ¿Quién va a vigilar a sus padres para que se lo exijan a sus hijos? ¿Crearemos una policía de escaleras o de patio de vecinos? El espíritu de la norma es irreprochable, claro que sí, pero en la práctica resulta inviable e ineficaz. Déjense de absurdos intervencionismos y dejen la educación en manos de quien tiene la obligación: los padres, que por lo general lo hacen con sentido común y sin distingos. Y dediquen toda la atención necesaria a los menores que, además de la educación, sufren otras muchas carencias.