El Justicia dice que hay que pagar el ICA y que exigir su cobro no es irregular

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, asegura no encontrar motivos para atribuir al Gobierno de Aragón "actuación irregular alguna" al exigir el pago del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). Lo dice en una resolución fechada el 25 de abril, solo cinco días después de su toma de posesión, en la que han trabajado tanto él como su antecesor, Fernando García Vicente. Según su criterio, mientras la ley de Aguas y Ríos de Aragón disponga la obligación de pagar el impuesto y no sea derogada, modificada o reinterpretada por los tribunales "habrá que cumplir con el mandato que se establece en la Ley de Cortes de Aragón". Esto, dice el texto, hace que la Administración tampoco pueda ignorar la obligación legal y "permitir su impago".

El Justiciazgo también se pronuncia acerca de la doble imposición a la que aluden la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) o Zaragoza en Común (ZEC). Sostiene que el ICA y las tasas por depuración "tienen hechos imponibles divergentes". "Por tanto, son compatibles y no hay doble imposición", asevera.

En este sentido, explica que el polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas "no se vincula a ninguna actividad administrativa consistente en un servicio de depuración o saneamiento de las aguas, y se diseña o establece sobre la base del consumo de agua por el sujeto pasivo", mientras que en las tasas por depuración que aprueban los ayuntamientos "la cuota que se abona es en relación al coste del servicio".

Se da la circunstancia de que la Red de Agua Pública de Aragón, que este domingo ha convocado una cadena humana entre la plaza de San Pedro Nolasco, sede del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y la de Los Sitios (Hacienda), acudió ayer a la sede del Justicia para darle a conocer sus intenciones y propuestas. El colectivo abrirá en menos de un mes un contencioso contra el Gobierno de Aragón por el cobro del ICA tras el rechazo del Ejecutivo a los cerca de 50.000 recursos planteados, una decisión que adelantó el Departamento de Desarrollo Rural la pasada semana y que ayer apareció publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

María Isabel Torrecilla, presidenta de la RAPA, cree que sería "un despropósito" que la reforma del ICA no se abordase hasta cerrar la de Sucesiones, postura que defendió el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, en uno de los últimos plenos. La agrupación teme "una legislatura perdida" para el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, algo que, como recordó su presidenta, "dista mucho" de lo dicho por Lambán, que anunció en enero una reforma "en profundidad".

Torrecilla pidió a los partidos políticos "que se tomen en serio este tema", que tengan en cuenta su propuesta y que lleguen a una solución antes de que termine la legislatura. Adelantó, por otra parte, que la RAPA prepara nuevas protestas de cara al otoño, momento en que, en teoría, comenzarán a cobrarse los recibos correspondientes a 2017.