El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, acusó ayer al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de invadir las competencias exclusivas en materia urbanística y de ordenación del territorio de las autonomías. Esta fue su respuesta a la iniciativa legislativa de Fomento para evitar la nulidad de los planes de ordenación urbana ante defectos de forma o materiales.

De la Serna presentó ante la conferencia sectorial de Vivienda un anteproyecto de ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística, con el que prevé limitar a cuatro años el plazo para la impugnación de los planes urbanísticos y otorgar un año y medio como máximo para subsanar los defectos denunciados.

El consejero, que asistió a la reunión junto a la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, acusó al ministro de pretender blindar los planes urbanísticos invadiendo competencias y limitando la acción pública. "La coarta muchísimos y todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los juzgados contra actos de la Administración", añadió.

El ministro compareció ante los medios de comunicación para explicar que la cancelación de un plan general conlleva la anulación "en cascada" de todos los actos informativos y administrativos que tienen relación con él, y se produce la vuelta al inicio de toda la tramitación que, en el mejor de los casos, lleva 5 años.

La nueva normativa, basada en las aportaciones de expertos jurídicos, evitará repetir todo el proceso y que durante ese intervalo se rija el municipio por planes anteriores normalmente desfasados.

El texto del anteproyecto se entregó a las comunidades y a la Federación Española de Municipios y Provincias para que, en un plazo de tres semanas, realicen sus aportaciones. La DGA está en contra al considerar que busca una "amnistía" con el objetivo de proteger los planes urbanísticos "a toda costa".

Plan estatal de Vivienda

Por otra parte, la conferencia sectorial aprobó la distribución de las ayudas del plan estatal de vivienda 2018-2021, que a estas alturas aún está pendiente de la firma de los convenios con cada una de las autonomías. Soro señaló que aún no hay fecha, aunque los técnicos preparan las bases de la licitación para ganar tiempo y evitar que la demora acumulada provoque un problema para su reparto