Alcaldes, exalcaldes y representantes de Aguaviva, Alfamén, Fabara, Creta, Sariñena, Lalueza y Utebo evidenciaron este miércoles en las Cortes el millonario déficit provocado por el plan aragonés de saneamiento y depuración. Lo hicieron en una maratoniana sesión de la comisión especial que estudia posibles responsabilidades políticas en la que hubo acusaciones de "fraude" y "estafa piramidal", arrepentimientos e incluso loas al polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).

Las preguntas de Ramón Celma (PP), Isabel García Muñoz (PSOE), Marta de Santos (Podemos), María Herrero (PAR), Jesús Sansó (Ciudadanos) y Patricia Luquin (Grupo Mixto) constataron la enorme división que existe en torno al plan, criticado por quienes aún no tienen depuradora y han sido multados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y defendido por aquellos que ya tienen una.

Municipios como Sariñena arrastran pérdidas de más de 150.000 al año, mientras que a otros como Alfamén se les calcula un ‘déficit teórico’ de 2,4 millones de euros. Esto se debe, como denunció la diputada podemista Marta de Santos, a que las cantidades que se recaudan por el ICA en estas localidades no cubren los costes de mantenimiento de las depuradoras, por lo que la ‘deuda’ debe ser asumida "por los más de 500 municipios que no tienen depuradora y pagan el impuesto".

Alcaldes como el de Alfamén, no obstante, sostienen que estas cifras no se pueden computar como déficit. "¿Qué pérdidas hay en sanidad o en educación? No es déficit, es un servicio que se presta a mi pueblo", defendió Alejandro Jesús Gil (PAR), que agradeció que su localidad pasase "del amarillo al verde" gracias a la depuradora e instó al Gobierno de Aragón a aprobar un segundo plan especial centrado en las localidades más pequeñas.

Mucho más crítico fue el socialista Francisco Javier Domenech, alcalde de Fabara, municipio que construyó su propia planta. "La opción que nos planteó en su día el Gobierno de Aragón nos pareció una locura. ¿Cómo iba a pagar el pueblo 600.000 euros de mantenimiento al año? Vimos que era un fraude", aseveró. Domenech confesó que el propio Marcelino Iglesias le instó a que dejase de batallar por la depuradora."Aunque lo hizo de una manera muy elegante", apostilló. También confirmó que su municipio seguirá sin pagar el ICA, ya que hacerlo sería, según sus palabras, "contribuir al sostenimiento de una estafa piramidal".

Esta situación ha hecho que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) le reclame 226.000 euros por las anualidades de 2014 y 2015. Se trata de una disputa que, como aseguró el regidor, "está a punto de llegar a los tribunales".

Recuperar las competencias

Igual de llamativas fueron las declaraciones del alcalde de Aguaviva y del exalcalde de Lalueza. El primero, el podemista Aitor Clemente, aseguró que el Gobierno de Aragón "engañó a los pueblos para firmar los convenios de cesión de competencias", ya que "el Instituto Aragonés del Agua no contaba con los medios para hacerlos realidad".

Clemente recalcó que el municipio "sigue igual" pese a haber pagado más de 250.000 euros entre canon de saneamiento e ICA en los últimos 15 años. "El colofón han sido las sanciones de la CHE", afirmó. El regidor aseguró que el municipio estaría dispuesto a recuperar sus competencias en materia de depuración, aunque esta opción no parece viable. "El Ejecutivo no tiene en cuenta lo que ya se ha pagado ni propone fórmulas de colaboración para costear la depuradora", expuso.

Por su parte, el exalcalde de Lalueza, Daniel Périz, que perteneció al PSOE y ahora forma parte de las filas de Podemos, admitió que si tuviera que tomar ahora la decisión no cedería las competencias. "Era joven e inexperto. Me fiaba bastante de lo que mi partido me decía", manifestó. Sus palabras encontraron respuesta en las de Antonio Torres, exalcalde de Sariñena, que contestó a pregunta del PPque no se arrepentía de su decisión. "Yo era joven, pero no inexperto", dijo.

El también diputado popular aseguró no haber sentido que le arrebataban ninguna competencia. "Con nuestros recursos no podríamos haber construido una depuradora salvo que hubiésemos creado una tasa específica", razonó. Juan José Pérez Riba, vecino de Cretas, fue otro de los intervinientes. Se declaró "afectado por el desarrollo del plan de saneamiento"(la depuradora iba a levantarse a 150 metros de la casa que pretendía construir) y aseguró que "nadie" les preguntó dónde ubicarla, una decisión que terminó"crispando" al municipio.

Miguel Dalmau (PSOE), último en tomar la palabra, reconoció que los retrasos sí generaron perjuicios en Utebo. "Pero ahora, con depuradora, cumplo con Europa y no recibo sanciones", subrayó.