La Fiscalía de Zaragoza ya ha abierto diligencias por el caso del internamiento involuntario de una mujer en una residencia que fue denunciado ante el Justicia de Aragón. Tras recibir la queja de una conocida de la mujer, el Justiciazgo envió la información al Ministerio Público, que a finales de la semana pasada inició la investigación.

Cabe recordar que la alerta la dio una vecina de la afectada, que después de acudir varias veces a su domicilio y no encontrarla allí, supo que sus sobrinos la habían llevado a una residencia de mayores, al parecer sin su consentimiento. La mujer se encuentra bien físicamente y en pleno uso de sus facultades mentales, por lo que esta conocida decidió acudir al Justicia. Este es el primer caso que judicializa Ángel Dolado desde su llegada a la institución hace poco más de un mes.

La DGA pide información al fiscal

Por su parte, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón indicó ayer que solicitará a la Fiscalía los datos de este caso y, en función de la información que le sea remitida, "se adoptarán las medidas oportunas", añadieron. Lo que ya ha hecho la Inspección de centros es remitir a todas las residencias una circular en la que se recuerdan los requisitos que deben concurrir para el ingreso involuntario de una persona. Así, se incide en que solo se le puede internar si presta "su consentimiento libre e informado" y cualquier excepción "requerirá la preceptiva autorización judicial".

Además, se advierte a los responsables de centros de que deben comunicar los hechos que puedan ser determinantes para la incapacitación a la Dirección Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para que lo traslade a la Fiscalía. La DGA también recuerda que los incumplimientos a este respecto pueden conllevar infracciones administrativas graves o muy graves.