Son las propias personas mayores las que voluntariamente tienen que firmar el ingreso en una residencia de la tercera edad, siempre que no estén incapacitados legalmente o se les haya asignado un tutor.

La Asociación de Centros de Asistencia y Servicios Sociales de Aragón (Acassa) recuerda que los usuarios son  "totalmente libres" para tomar la decisión de ingresar en cualquier residencia. De hecho, ellos firman el contrato de aceptación de derechos y obligaciones de las instalaciones. “Nadie puede ingresar en un centro si no está de acuerdo”, ha afirmado el presidente de Acassa, José Ángel Fuentes, refiriéndose a la denuncia que el Justicia de Aragón ha interpuesto ante la Fiscalía por el ingreso de una mujer en una residencia de Zaragoza contra su voluntad.

Respecto a la incapacitación, Fuentes ha explicado que debe ser la Fiscalía o un juez el que dictamine si la persona es capaz o no y  asignar unos tutores legales. De hecho, ha hecho hincapié en que ante cualquier sospecha de que el individuo haya perdido alguna de sus facultades durante su estancia, los responsables de los centros deben comunicar a la Fiscalía la situación para que esta valore el caso del individuo y tome las medidas oportunas.

La Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade) también ha hablado sobre esta cuestión. Ha recalcado que son las personas las que "libremente" tienen que mostrar su voluntad de entrar o no en una residencia y que cualquier internamiento no voluntario tiene que estar avalado por un auto judicial, que confirme la incapacidad del internado.