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Aragón

La DGA se suma a los municipios en el frente judicial por la reversión de los saltos eléctricos

Recurre tras quedarse el Estado la concesión de La Fortunada sin compensar a los municipios. Guillén dice que llevará a la Justicia el resto conforme caduquen los aprovechamientos.

Central eléctrica de Lafortunada, en el municipio de Tella-Sin, la última que se ha revertido.
La DGA se suma a los municipios en el frente judicial por la reversión de los saltos eléctricos
Rafael Gobantes

El Gobierno de Aragón ha decidido sumarse al frente judicial abierto por los ayuntamientos pirenaicos por la reversión de los saltos hidroeléctricos al Estado, lo que le llevará a recurrir cada una de las concesiones que acaben en manos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) sin que los municipios afectados se beneficien de los aprovechamientos pese a sus afecciones.

La primera medida se ratificó ayer en el Consejo de Gobierno, por la que se interpone un recurso contencioso administrativo contra la reversión al Estado del salto eléctrico de Lafortunada-Cinqueta, adoptada a finales del año pasado tras haber caducado el plazo concesional de 75 años que ostentaba Endesa hasta noviembre de 2015.

Guillén remarcó que la Administración central estaba obligada a firmar un convenio de colaboración con el objetivo de que los beneficios por la explotación del salto, de 12.000 litros por segundo del río Cinqueta, reviertan en la mejora de las infraestructuras y del patrimonio de las localidades afectadas: Saravillo, Salinas de Sin y Lafortunada. "Era preceptivo, pero el Gobierno ha hecho caso omiso", lamentó.

Los argumentos jurídicos

El consejero de Presidencia detalló que el recurso de los servicios jurídicos se sustenta en tres argumentos. El primero, en la posible caducidad del procedimiento de extinción y posterior reversión al Estado del salto por haber transcurrido el plazo de 18 meses para la resolución, tal y como marca la Ley de Aguas.

La DGA también sostiene que hay una "falta de adaptación del título jurídico" que permita a la Administración central a ocupar los montes de utilidad pública de los municipios. "No se ha otorgado ni solicitado la declaración de utilidad pública de las instalaciones", dijo.

Por último, Guillén argumentó que el Estado no otorgó a la DGA la condición de parte interesada en el procedimiento de reversión, pese a que las infraestructuras para el salto de Lafortunada situadas fuera del dominio público hidráulico se encuentran en montes gestionados por el servicio provincial de Desarrollo Rural. Estos se reparten por los términos de San Juan de Plan, Plan, Saravillo y Tella-Sin.

En este sentido, el consejero enfatizó que la Ley de Montes de Aragón, vigente desde hace quince años, establece que los montes de utilidad pública son "inalienables, imprescriptibles e inembargables". Por tanto, añadió, "no cabe la reversión a la Administración del Estado".

Por si fuera poco, el propio aprovechamiento también afecta a montes de titularidad local, gestionados igualmente por la DGA. "En este caso, no consta en el expediente que la instalación hidroeléctrica haya sido declarada de utilidad públicas".

El consejero de Presidencia adelantó que esta misma base legal se empleará conforme vayan caducando el resto de saltos hidroeléctricos en Aragón con el único de fin de salvaguardar los intereses de los municipios afectados. Además, avanzó que la DGA reclamará que las futuras concesiones se negocien previamente para que se pueda beneficiar el territorio. "Solo se han llevado las afecciones y no han recibido ningún beneficio", criticó.

Libertad de acción

Vicente Guillén aludió también al hecho de la dispersión de esfuerzos por parte de administraciones y partidos para defender los derechos ante la reversión de los saltos, aunque incidió en que cada uno tiene libertad de acción. Los primeros en tomar medidas fueron los municipios oscenses con el respaldo de la Diputación Provincial y se ha unido no solo el Gobierno de Aragón, sino el grupo parlamentario Unidos Podemos en el Congreso.

En este último caso, presentó una proposición de ley para exigir que los destinatarios de los beneficios generados por las políticas de reversión sean los ciudadanos, "para la restitución de los territorios afectados". Su objetivo es que se tramite "sin retrasos" los expedientes y que, una vez revertidas las centrales, los beneficios pasen a ser "de titularidad pública, con criterios de vertebración territorial, a favor de municipios, comunidades autónomas y comunidades de usuarios del agua".

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