Los partidos han manejado hasta ahora más de 300.000 euros al año sin fiscalización del Ayuntamiento

Se sabe cuánto pero no queda claro para qué. Los partidos políticos han estado manejando desde hace años en el Ayuntamiento de Zaragoza más de 300.000 euros por ejercicio sin ningún tipo de fiscalización interna. Ante esta situación anómala, el servicio de Intervención ha decidido actuar e incluir por fin en su plan de control financiero de 2018 la comprobación de los gastos de los grupos para confirmar que se cumple la ley.

El viaje privado del excoordinador de ZEC, Guillermo Lázaro, con cargo a una cuenta de su formación política ha devuelto a la actualidad un controvertido asunto que los partidos no han acabado nunca de resolver: los mecanismos de transparencia y control de las aportaciones que hace el Ayuntamiento de Zaragoza para el funcionamiento de los grupos municipales.

Hasta ahora, la única fórmula de control de estos fondos había sido la que se aplica con carácter general a la financiación de los partidos: la establecida por el Tribunal de Cuentas, dado que las formaciones consolidan las aportaciones que perciben sus grupos institucionales. En alguna ocasión puntual este organismo se ha dirigido a los grupos para solicitar información, pero hasta la decisión del interventor de fiscalizar las cuentas nunca se ha producido un control de los gastos en el seno del Consistorio.

Según consta en el presupuesto de 2018, los partidos políticos se reparten en Zaragoza 325.000 euros, una cifra que se recortó en los años de la crisis pero que sigue siendo notable para los gastos que dicen tener los partidos. El criterio de distribución es sencillo: hay una aportación fija mensual de 1.585,60 euros para cada grupo, a la que se suma otra variable de 613,78 por concejal. Esta subvención se remonta al año 1989, cuando se acordó por el pleno, y se ha ido prorrogando con el paso de los años.

A disposición del pleno

Bajo esta fórmula, el grupo político que más dinero recibe es el que más escaños tiene: sus 10 concejales le suponen al PP 92.680 euros. Después, con 9 ediles, ZEC percibe 85.315 euros, mientras que el PSOE, con 6, ingresa 63.219. A Ciudadanos le tocan 48.488 euros mientras que a CHA le corresponden 33.757.

La normativa municipal establece que esta asignación se paga por trimestres naturales y fija solo dos limitaciones en materia de gasto: no puede destinarse a pagar remuneraciones del personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos de carácter patrimonial. No hay más restricciones.

Obliga además a que cada grupo lleve una contabilidad específica de su dotación, al margen de la que exista en cada partido político, con un NIF diferenciado y una cuenta corriente. La contabilidad "se pondrá a disposición del pleno siempre que este lo pida", dicen las bases del presupuesto. No se recuerda que lo haya solicitado nunca.

¿A qué dedican los grupos esa asignación? Consultados por este diario explican que ese dinero sirve para pagar material de oficina, gastos de representación (comidas y viajes), asesorías externas (emisión de dictámenes jurídicos, por ejemplo), formación o telefonía, entre otros. ZEC, que no tiene partido de referencia, es capítulo aparte tras publicar un listado de gastos de dos cuentas que suman las aportaciones municipales y las de sus ediles y que incluyen desembolsos genéricos diversos, incluidos salarios, sin que se pueda determinar con cargo a qué se atienden.

Salvo el grupo CHA, que informa de que su formación política le factura gastos de asesoramiento, no se aclara el que se presume como principal destino de estos fondos: las arcas de los partidos. El interventor se posicionó sobre este asunto ya en 2016. El máximo responsable de la fiscalización económica municipal advirtió de que estas aportaciones son una subvención finalista que no se puede utilizar para otros fines que no sean los municipales. No obstante, asume la posibilidad de "traspasar fondos" a los partidos políticos. La única vía que acepta es que las formaciones "presten servicios, en especial de asesoramiento, al grupo local". Esta es la salida que se ha venido utilizando habitualmente.

Obligación de justificar

En aquel informe, el interventor dejó clara su postura: "No se puede eximir a los grupos políticos del cumplimiento de las obligaciones que se exigen a todos los beneficiarios de subvenciones municipales". Recordó que la ley establece dos exigencias a los perceptores de ayudas públicas: que estén al corriente con Hacienda y "justificar la aplicación de los fondos recibidos". Pero hasta ahora los grupos no han hecho mucho caso.

El único intento serio de que los partidos permitieran una fiscalización de sus cuentas se produjo por el 21 de abril de 2016, cuando el concejal de Economía, Fernando Rivarés, llevó una propuesta a la comisión de su Área con el objetivo de que se acordara, entre otros aspectos, que los grupos remitieran al interventor antes del 31 de enero la contabilidad del ejercicio anterior. Otro tipo de subvenciones no se abonan al 100% hasta que no se presenta la última factura.

Aquella propuesta de Rivarés solo recibió el apoyo de ZEC y de Ciudadanos y por tanto no prosperó(CHA se abstuvo y PP y PSOE votaron en contra). El motivo de la retirada del expediente fue que se había llegado a la comisión sin alcanzar un consenso previo del resto de partidos.

Falta de transparencia

La falta se control se suma a las carencias en transparencia. PP, PSOE, C’s y CHA no hacen públicas sus cuentas y la información que ofrece ZEC es incompleta y presenta tantas deficiencias que la convierten en poco fiable. Los grupos han negociado alguna vez fórmulas como las del Ayuntamiento de Madrid, que sí da una información contable de los gastos de los grupos. Pero nunca se ha producido un acuerdo.

Los partidos se manifiestan favorables a revisar la situación.La palabra que más repiten es consenso, que no se imponga la solución. Una de las principales dudas era si las cuentas se darían a conocer con carácter retroactivo. En cualquier caso, en este momento entre los grupos no se plantean soluciones como la de detallar? cada una de las facturas y solo se aceptaría informar de forma genérica de las partidas de gasto con las que cuentan. Pero, hoy por hoy, ni siquiera en ese mínimo se vislumbra una posibilidad de pacto.