Director de HERALDO DE ARAGÓN

El equilibrio del Justicia

El equilibrio del Justicia
El equilibrio del Justicia
Pol

Nos definimos y conformamos desde el ejemplo, tanto el recibido como el observado. El buen y el mal ejemplo terminan por ajustar nuestra naturaleza y dan sentido a la reputación. Sumergirse en el teatro de lo público invita a los más osados a hablar con frecuencia de la ejemplaridad y hasta de su valor como una elevada referencia. El peso reputacional es el principal atributo de todo ‘primus inter pares’ y conlleva una intensa responsabilidad que habría de condicionar, frenar y corregir el comportamiento y los deseos personales.

Alcanzar el puesto de Justiciazgo no es un mérito menor. Tercera autoridad aragonesa, depositario de una herencia histórica singular y referencia ciudadana de la salvaguardia de los derechos propios, requiere de un punto de prudencia e independencia que actúa como la principal de sus garantías. La valoración del desempeño del Justicia viene determinada por sus acciones y también por sus silencios, en ocasiones convertidos en oportunas discreciones, y por la mayor o menor gallardía para enfrentarse a los desmanes o arbitrariedades de quienes nos gobiernan. Ángel Dolado, quizá el primer Justicia que se propuso a sí mismo para ostentar tan preciado cargo, resultó elegido por las Cortes regionales a propuesta de CHA el pasado mes de abril. Ex juez decano de Zaragoza, Dolado, sin mácula conocida y caracterizado por su propia energía, animaba a su elección desde la urgencia por dotar a la institución de nuevos bríos. Sin lograr satisfacer o convencer a los grupos políticos mayoritarios, y habiéndose quedado como única opción tras las negativas y los descartes de otros candidatos que no pusieron de acuerdo a PSOE y PP, terminó convirtiéndose en el cuarto Justicia de la etapa democrática.

Tras la emoción inicial, una de sus primeras decisiones fue nombrar como asesor a Juan Campos, miembro del Consejo Nacional de CHA. Nada parecía impedir la elección ni nada frenó a Campos a aceptar el ofrecimiento, aunque la estética y la ejemplaridad que se presuponen a la institución soportaron sus primeras tensiones. El Justicia se olvidó de casar lo legal con lo ético; un equilibrio que en caso de duda o pugna siempre conviene reforzar en favor de lo estético. El respeto hacia la institución, al propio Justicia y a su desempeño obliga a aceptar las decisiones que en libertad pueda adoptar, aunque, y pese a empeñarse por casar dentro de la legalidad el nombramiento de Campos, se incurrió en un error que implicaba la introducción de un alto riesgo de sesgo político mientras se alimentaba todo tipo de innecesarias especulaciones sobre los motivos de su elección. Finalmente, Campos optó por dimitir de sus muchas responsabilidades políticas, quedando al servicio del Justicia sin apellidos añadidos, aunque sin dejar sus militancias.

La parcial rectificación de Dolado y Campos, quienes antes de actuar debieron pensar en la defensa de la institución, instala una innecesaria sombra de desconfianza. La acumulación de cargos de Campos no era el problema, tan solo lo fue la evidente tarjeta de presentación de pertenencia a un partido político, este o cualquier otro. En un ámbito donde los informes deben nacer desde la búsqueda de la mayor de las objetividades –intentando serlo y parecerlo–, no se borra la duda por tan solo apelar a la profesionalidad del redactor. Sería ingenuo pensar que aquellos que no cuentan con una filiación política reconocida carecen de ideología o que los jueces que dictan sentencias, por ejemplo, tampoco poseen una inclinación política. Las ideas son libres, pero la defensa de una institución también obliga a un intenso ejercicio de control.