El impuesto de Sucesiones fue protagonista este jueves, una sesión más, del pleno en las Cortes. El proyecto de ley pactado por PSOE y Ciudadanos ha desatado una batalla preelectoral entre los partidos, que tendrán que retratarse sobre una propuesta que la derecha ve "insuficiente" y la izquierda, excesiva. Ni el Partido Popular ni Podemos quieren dar pistas sobre cuál será su postura definitiva. Y el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, aprovechó para centrar en ellos su presión: "Tienen la oportunidad de sacarlo adelante o no. Somos minoría y el protagonismo le corresponde a las Cortes". Pero el PP quiere más bonificaciones, también en donaciones, mientras Podemos, aunque acepta incluir a las parejas de hecho, rechaza elevar el límite exento y que no se tenga en cuenta el patrimonio preexistente. De los dos partidos depende, al fin y al cabo, que la reforma salga adelante y que se tramite por lectura única o de forma ordinaria.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, está ya plenamente convencido de que el impuesto de Sucesiones, aunque es "justo", supone ahora un agravio para los contribuyentes aragoneses. Aboga, por tanto, por "armonizarlo con el resto de España sin comprometer la financiación de los servicios públicos". Y sus palabras empiezan a convencer hasta a los miembros de Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía, ya fijos en el pleno, que antes le daban la espalda y ahora le escuchan de perfil, quizá como metáfora del viraje en el discurso socialista de los últimos meses.

El popular Antonio Suárez tiene claro a qué se debe el cambio de postura de Lambán sobre Sucesiones: "Era la punta del iceberg con la que se estrellaría el Titanic de Gobierno; y menos mal que ha salido al rescate la novia que no esperaban –en referencia a C’s– y han llegado a un acuerdo muy mal hecho en las formas". Al PP la reforma pactada por PSOE-C’s le parece "insuficiente" porque hace que Aragón pase de liderar el ranquin del impuesto a ser la tercera autonomía en la que más se paga. Pero no se cierra a alcanzar un acuerdo. "Si tiene interés en que el PP esté ahí debe hablar y negociar con el PP", recriminó Suárez al consejero Fernando Gimeno.

A Podemos no le gusta que el PSOE, que aprobó el presupuesto gracias a su apoyo, se acerque al centroderecha, y exige al Ejecutivo que explique cómo se va a compensar la pérdida de ingresos, que su líder, Nacho Escartín, eleva hasta los 45 millones.

Aunque un informe de Hacienda alerta del efecto de la caída de ingresos en 2019 -como recordó Patricia Luquin (IU)-, parece que a Lambán le salen las cuentas y prevé compensarlo con los ingresos extra que recibirá Aragón por la armonización del impuesto de hidrocarburos (25 millones) y los ingresos por actos jurídicos documentados (otros 10 millones).

Lambán intentó ir más allá y emplazó a Podemos a empezar a negociar un presupuesto social para 2019, oferta que fue recibida con tantas sonrisas como caras de sorpresa en la grada morada tal y como están las cosas.

Enmiendas de Ciudadanos

Las críticas a la formación de Escartín llegaron, también, desde Ciudadanos, con su portavoz, Susana Gaspar, advirtiéndoles de que tienen "un auténtico ataque de cuernos". También ella propuso una solución para compensar la merma de ingresos: "Una gestión eficaz y eficiente"; es decir, "reducción de cargos de confianza y planificación de los servicios a largo plazo", propuesta que no le gustó a Lambán. Solo faltaba que Javier Martínez (C’s) anunciara que su grupo enmendará el proyecto para mejorar las donaciones, extender las bonificaciones a los hermanos y que se tramite con rapidez. Ni Gimeno ni el socialista Alfredo Sancho parecían dispuestos a que la reforma "vaya más allá".

El PAR sí se suma a la negociación, según anunció Arturo Aliaga, que exigió que Aragón no pierda autogobierno. La también aragonesista Elena Allué señaló, no obstante, que la política fiscal de PSOE-CHA ha fracasado e instó a Lambán a que, si quiere acabar con el agravio, haga que la reforma sea retroactiva a 2015.

CHA intenta mantener el equilibro y salir indemne de la crisis que ha provocado su socio de Gobierno al dejarle fuera de la negociación por, según Lambán, un "error de comunicación", que más tarde se intentó subsanar al extender las bonificaciones a parejas de hecho inscritas en el Registro y al incluir la fiducia.

La postura que se mantendrá inalterable será la de IU, con Patricia Luquin, que se reafirma en su rechazo a "una reforma que se quiere hacer rapidito, lo que refleja que mucha voluntad de acuerdo no hay".