Pagan más, incluso hasta más del doble, que otros usuarios que ocupan una plaza pública similar. Es la paradójica situación de cientos de mayores aragoneses que ingresaron en una residencia entre noviembre de 2013 y mayo de 2016. Ayer, el pleno de las Cortes aprobó, con los votos del PP, Podemos, PAR y Ciudadanos (PSOE y CHA se opusieron, mientras que IU se abstuvo) una iniciativa del grupo popular, que cifra los afectados en alrededor de un millar, para "igualar las aportaciones" y así "evitar agravios comparativos ante la prestación de un mismo servicio". Tras aprobarse el texto, enmendado por el PAR para dar a la DGA un plazo de tres meses, desde el Pignatelli anunciaron que se va a pedir un informe jurídico "para ver si es posible cumplir" el mandato de las Cortes.

El hecho de que la proposición no de ley partiera de los populares suponía en sí mismo otra paradoja, ya que se trataba de una enmienda a la totalidad de su política en esta materia. De hecho, tanto Podemos como CHA afearon a Ana Marín (PP) que con esta propuesta "reconozcan los recortes y las barbaridades que hicieron en la dependencia". El PSOE le acusó de "intentar confundir" y querer que el Ejecutivo "arregle la desigualdad que generó el Gobierno de Rudi, y no una fecha".

Para "eliminar la discriminación", el PP, con el respaldo de la mayoría del Parlamento, exige ahora que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, dirigido por María Victoria Broto, aplique la retroactividad a la norma que el Ejecutivo PSOE-CHA aprobó en 2016 y que suponía volver al régimen previo a 2013, más favorable a los beneficiarios, como no dudó en reconocer ayer Marín, que achacó la subida impuesta por su partido a las "circunstancias económicas enormemente duras" en las que gobernó su partido. No obstante, en su día se vendió como un sistema "más justo", como le recordaron los grupos de la izquierda.

Cabe recordar que las medidas aprobadas por el Gobierno PP-PAR ampliaron el copago de la dependencia, de forma que para calcular la aportación de cada usuario no solo se tenía en cuenta su renta sino también el patrimonio. Además, en el caso de las plazas residenciales, se amplió el tope máximo que la DGA podía exigir abonar, pasando del 80% al 90% del coste total del servicio, que para una persona asistida ronda los 1.500 euros. Hubo casos en los que, por ejemplo, un dependiente vio como su cuota se disparaba de los 645 euros calculados con el sistema aprobado en 2010 hasta los 1.336, al ingresar en la residencia justo después de aplicarse la subida de 2013. A día de hoy, él y el resto de los que ingresaron en centros públicos aragoneses siguen abonando esas cantidades que en ocasiones superan ampliamente su pensión, por lo que tienen que tirar de ahorros.

Un millón de euros en juego

Según Ana Marín, la DGA ha calculado que esa bolsa de unas 1.000 familias que quedan "en el limbo" aporta a las arcas autonómicas un millón de euros extra al año –el Gobierno ha eludido dar datos–. "Ese es el problema", reprochó la popular, a la que PSOE, Podemos, C’s y el grupo Mixto (CHA-IU), exigieron que, puestos a acabar con las injusticias y los recortes, pida a Rajoy que derogue el real decreto de 2012 que asestó un duro golpe a la dependencia.

La diputada de Podemos Amparo Bella, que recordó que ya planteó este asunto a la consejera María Victoria Broto en las Cortes hace casi un año, aseguró que ha habido reclamaciones de afectados por esta situación en Zaragoza y Teruel –este periódico ha podido confirmar que también las ha habido en Huesca– y el asunto ha llegado al Justicia de Aragón.

Por su parte, fuentes del Ejecutivo autonómico consideraron "indecente" que el PP, "que aprobó y aplicó la orden de copago, ahora defienda a los mayores". "Lo que debería hacer –añadieron– es pedir al Gobierno central que aporte lo que debe por la dependencia para eliminar las listas de espera".

Por otro lado, el pleno también una iniciativa de C’s para fijar "criterios objetivos" de evaluación para la inspección de centros y servicios sociales de la Comunidad.