La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha anunciado este viernes que no modificará el decreto 111/1992 que regula las condiciones mínimas que han de reunir los servicios y establecimientos sociales especializados, sino que lo derogará para elaborar uno nuevo.

En respuesta en el pleno de las Cortes a una pregunta formulada por la diputada de Ciudadanos Desirée Pescador, la consejera ha explicado que la nueva regulación afectará tanto a las iniciativas privadas como a los centros de titularidad pública.

Asimismo, ha señalado que el nuevo decreto regulará las habilitaciones, el cumplimiento de los requisitos, la tipología de los centros o el régimen de inspección y control, y que todo ello se debe hacer "ordenadamente", armonizando todo el sistema y con seguridad jurídica.

Ha considerado también que para ello hay que tener en cuenta las carencias actuales, la falta de desarrollo normativo a nivel estatal y autonómico y que debe debatirse entre Gobierno, trabajadores y entidades.

Pescador, por su parte, ha asegurado que le ha tranquilizado la respuesta, ya que cree que la derogación era "obligada" debido a que el decreto vigente se ha quedado "obsoleto".

Para la formación naranja, los aspectos prioritarios en la nueva normativa deben ser los requisitos técnicos, los nuevos criterios de inspección y, sobre todo, las ratios, que si aumentan sería "insostenible" si no se hace lo mismo con el precio.