Aragón mantiene un millar de aforados, de los cuales 73 son políticos
Cs rescata su propuesta de eliminar el privilegio a diputados y miembros de la DGA.
El grupo de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Aragón ha rescatado su propuesta de supresión del aforamiento para los diputados y miembros del Gobierno autonómico, que representan 73 de las 1.026 personas que tienen el privilegio procesal en la Comunidad de ser juzgados por un tribunal diferente (de una instancia superior) al de cualquier ciudadano si son investigados por un delito. El resto son en su mayor parte jueces de paz (712), aunque tampoco pueden ser juzgados en un tribunal ordinario los jueces y magistrados (155), los fiscales (61) y los 25 diputados nacionales y senadores por Aragón.
La portavoz parlamentaria de Cs, Susana Gaspar, pretende comprometer ahora al Gobierno PSOE-CHA a ponerle fecha, tras los dos intentos fallidos en 2016 y 2017. Con este fin, defenderá mañana en el pleno de las Cortes una iniciativa para instar a la DGA a tramitar en tres meses la reforma de los dos artículos (el 38 y el 55) del Estatuto de Autonomía que recogen el aforamiento de los parlamentarios aragoneses y consejeros del Ejecutivo autonómico.
Los referidos artículos establecen que su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Además, los 67 parlamentarios y los seis consejeros de la DGA que no son diputados no pueden ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio aragonés durante su mandato, salvo "en caso de flagrante delito". Fuera de la Comunidad, su responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La proposición no de ley fue abordada este martes por la dirección de Ciudadanos en Aragón y, en un receso, Gaspar ha incidido en que una de las "banderas" del partido es la regeneración de la vida política y acabar con los "privilegios" de los representantes públicos.
La portavoz ha recordado que su partido ya presentó sendas resoluciones para suprimirlo en los dos últimos debates sobre el estado de Aragón, pero la DGA no ha actuado hasta ahora pese a instarle la mayoría de la Cámara. Solo se abstuvieron los diputados del PAR (en 2016) y los del PP (en 2017).
La pretensión de eliminar este privilegio procesal se remonta a la pasada legislatura. PSOE, CHA e IU llegaron a plantear en bloque en 2014 la misma supresión de los aforamientos para los diputados aragoneses y los miembros de la DGA, pero el Ejecutivo PP-PAR bloqueó las medidas de regeneración planteadas por la oposición. Los entonces cuatro diputados de CHA aún fueron más lejos al plantear ante el TSJA la renuncia al privilegio, pero les aclararon que no podían hacerlo.
Y ahora que socialistas y nacionalistas gobiernan en la DGA, tampoco han promovido su supresión y ha sido Ciudadanos el partido que rescata la propuesta a un año de las elecciones. No obstante, es imposible que se pudiera hacer efectiva antes de acabar la legislatura, ya que no solo tendría que aprobar la reforma las Cortes, sino el Congreso y el Senado y los plazos de tramitación lo hacen inviable.
