La cifra de empleados del Gobierno de Aragón que cobran más de 60.000 euros brutos al año se ha disparado un 33% en lo que va de legislatura, al pasar de 779 a los 1.040 actuales. La DGA achaca el incremento de esta franja retributiva a las carreras profesionales y al reconocimiento de las antigüedades, un argumento que no convence a las secciones sindicales de CSI-F y UGT, que atribuyen este aumento a la incorporación de asesores. Todo, en una situación en la que el empleo en la Administración autonómica ha crecido un 6,5%, al pasar de 50.925 empleados a los 54.251 actuales, pero la cifra de contratos fijos, 29.278, se ha reducido un 4,2%, según figura en los boletines estadísticos del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón de junio de 2015 y diciembre de 2017.

El Gobierno aragonés sostiene que gran parte de este aumento de los sueldos que superan los 60.000 euros al año se da en el sector sanitario (206 personas), que tiene su propio sistema retributivo y de carrera profesional del personal estatutario vigente desde hace 18 años. En los demás sectores, aseguran que se debe al "reconocimiento y devengo de antigüedad de los empleados", pues la cifra de los trabajadores con 30 o más años de servicio pasa de 4.805 a 5.752.

Pero a algunos sindicatos, como CSI-F Aragón, no les salen las cuentas. Pablo Asín, su presidente, denuncia que "se están creando carreras profesionales ‘ad hoc’ y nombrando asesores". En su opinión, se ha invertido la pirámide de manera que "se amortizan puestos en las bases (administrativos, auxiliares), mientras se crean muchos puestos de asesores".

Una opinión similar comparte Alicia Hernández, secretaria general de la Federación de Empleados Públicos de UGT Aragón, que tacha de "aberración" este incremento, sobre todo en un momento en el que los funcionarios han tenido los sueldos congelados. "Cada Gobierno coloca a su gente. Crean puestos de asesores (de nivel 30) y jefaturas de libre designación", lamenta.

Solo Francisco José González, secretario general del sector autonómico de CC. OO., considera que "aunque no tiene mucho sentido", el aumento podría tener su origen en los complementos de carrera y de antigüedad.

Elevada temporalidad

Sí coinciden los tres sindicatos en sus críticas a la temporalidad y la precarización de los empleos, aunque reconocen que es consecuencia de las limitaciones a la tasa de reposición de efectivos impuesta en los últimos Presupuestos Generales del Estado.

Hernández recuerda que UGT ya alertó en diciembre de 2016 de los problemas que esta evolución constata con un aumento de la temporalidad que empeora la calidad de los servicios y del empleo y, además, no ayuda a mejorar la rentabilidad de la Administración porque los costes de su plantilla van en aumento. Los empleados públicos son "prestadores de servicios" y, por ello, "es inviable hacer nuevos colegios y centros de salud sin contratar personal que los atienda".

González, de CC. OO., cree que el Gobierno de Aragón ha sido "poco ambicioso" en materia de personal y se ha limitado a cumplir lo que dice Madrid. Cuando apenas queda un año para que acabe la legislatura, el balance que realiza CC. OO. es "preocupante", por el "elevado porcentaje de temporalidad" que se ha alcanzado y que coloca a la Administración en una situación"muy vulnerable", pues si accede al poder un Gobierno de diferente color político "puede darle un giro de 180 grados".

El Gobierno aragonés achaca la temporalidad a las imposiciones de Madrid y esgrime, como fórmula para combatirla, el acuerdo para la reducción de la temporalidad en la Función Pública que se firmó en 2017. Hace referencia, además, a la inclusión en la Oferta de Empleo Público del año pasado de 164 plazas derivadas de la tasa de reposición ordinaria, 365 en Educación y 598 en el Salud.

En los procesos de estabilización del empleo, se acordó, además, la oferta de 948 plazas en el ámbito de la Administración General, 1.004 en el ámbito educativo y 4.093 en el Salud, de 2017 a 2019. "El Gobierno de Aragón está comprometido con la generación de empleo público de calidad, que reduzca la tasa de temporalidad en la Administración y que se oriente a aquellos cuerpos y escalas que cubran las necesidades reales en relación con la prestación servicios demandados por la ciudadanía", aseguran.

Una plantilla envejecida

La falta de reposición de plazas hace que el envejecimiento de la plantilla siga aumentando. La edad media se sitúa ahora en 46,8 años. "En Justicia están cerca de los 54 años, pero Sanidad y Educación bajan un poco la media", explica Francisco González.

Asín alerta de que además de una plantilla muy envejecida, hay "desmotivación" entre los técnicos de la DGA (químicos, arquitectos, farmacéuticos), que no tienen posibilidades de promoción profesional y ven cómo algunos se benefician de "carreras meteóricas".