Pinilla pide a la Audiencia que le reduzca a cero euros la fianza de 800.000 que le fijó en 2009
Su letrado alega que la exalcaldesa de La Muela lleva 10 años presentándose ante los jueces siempre que la han llamado.
La exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, solicitó este miércoles a la Audiencia Provincial de Zaragoza que le reduzca a cero euros o, alternativamente, a un único euro, la fianza de 800.000 que el juez de la Operación Molinos le impuso en julio de 2009, tras pasar cuatro meses en Zuera en prisión provisional.
La petición la presentó su abogado de oficio, Santiago Palazón, tan solo un día después de que el Tribunal Supremo anulase parcialmente la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia, que la condenó a 17 años de cárcel y el pago de casi 10 millones de euros en multas por catorce delitos fiscales y de corrupción relacionados con su gestión durante los 24 años que estuvo al frente del Ayuntamiento de La Muela.
El fallo del Supremo ordena que se repita el juicio contra Pinilla aunque solo por los 14 delitos por los que fue condenada y no por los 9 en los que resultó absuelta y seis procesados más.
Por esta razón, el abogado mantiene que como todavía no se conoce en qué momento quedará resuelto definitivamente el proceso penal, cuya instrucción empezó hace casi 10 años, y en el nuevo juicio la exalcaldesa afrontará nueve cargos menos, resulta improcedente que se mantenga la misma fianza que se le exigió en 2009 para salir de prisión.
Añade que desde entonces "nunca ha existido el mínimo indicio" de que hubiera un riesgo de fuga. Resalta que incluso cuando fue dictada la sentencia que la condenaba a 17 años, ahora anulada por el Supremo, María Victoria Pinilla solicitó su ingreso en prisión provisional para que esa cantidad pudiera ser devuelta a sus fiadores. "Lo que acredita que ninguna intención tenía de eludir la acción de la Justicia", destaca el letrado.
Operaciones Lezo y Púnica
Santiago Palazón indica al tribunal que la fianza impuesta a su cliente supera con mucho las que en fechas recientes se han fijado para protagonistas de operaciones contra la corrupción política de hondo calado económico como las conocidas operaciones Lezo y Púnica. En concreto, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, implicado en la Lezo, salió en libertad provisional tras pasar siete meses en la cárcel pagando una fianza de 400.000 euros. Una cantidad similar le exigió la Audiencia Nacional al exconsejero madrileño Francisco Granados, que pasó 31 meses en prisión provisional.
El letrado incluso hace alusión a la fianza de 150.000 euros que se le pidió a Miguel López, en prisión como presunto autor del asesinato en Alicante de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Vicente Sala. A su juicio, ninguna y menos esta última resiste la comparativa con la impuesta a Pinilla, siendo que en este último caso es un delito de sangre de "gravedad incomparable" a los delitos atribuidos a la expolítica.
El abogado subraya que en el transcurso de estos diez años, la "crisis económica brutal" ha afectado también a los fiadores de su cliente, familiares y amigos que aportaron 400.000 euros en efectivo. La otra mitad se depositó en forma de aval del Banco Popular, respaldado por otra familiar, que cada año devenga unos "intereses astronómicos".
El abogado insiste en su escrito en que la acusada nunca ha faltado a una citación o comparecencia y que no tiene sentido que siga soportando la "gravosidad que se deriva de tan exorbitante monto económico". Por eso, suplica al tribunal que le reduzca la fianza a cero euros, sin perjuicio de que mantenga la prohibición de que salga del país o se le imponga la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal.
El Supremo acordó la nulidad parcial de la sentencia de la Audiencia al entender que se había conculcado el derecho de defensa efectiva de la principal acusada, María Victoria Pinilla, durante el juicio oral, al no aceptarse, "de forma injustificada", la renuncia de su abogado defensor.
Sin embargo, declara firmes las condenas de los 15 acusados que alcanzaron acuerdo de conformidad con las acusaciones en el juicio, entre ellos el exmarido de María Victoria Pinilla, Juan Antonio Embarba, su dos hijos y la hermana de la exalcaldesa; el exconcejal Juan Carlos Rodrigo Vela o el empresario Julián de Miguel, por citar algunos.
