El partido naranja ha conseguido en Aragón, como lo había logrado ya en otras comunidades, un pacto para reducir el impuesto de sucesiones, una figura fiscal por la que los aragoneses son en este momento los españoles que más onerosamente tienen que contribuir a su Hacienda autonómica. En realidad, el acelerón que Javier Lambán le dio a la presión fiscal cuando llegó al Gobierno en 2015 resulta cada vez más hiriente, pues va en dirección contraria a la estrategia de aligerar la carga tributaria seguida en otras regiones. Esta gravosa política tributaria, que implica una discriminación negativa para los aragoneses y no favorece la actividad económica, pone en evidencia la imperiosa necesidad de una mayor armonización fiscal entre autonomías. No es admisible la desigualdad fiscal que se ha generado entre ciudadanos españoles.

El PSOE y Ciudadanos han logrado un pacto insuficiente que, en realidad, tiene más proyección política que fiscal. Para empezar, ni siquiera se sabe cuándo podría entrar en vigor. Lo que ya es seguro es que refuerza sus respectivos discursos electorales de cara a los comicios del próximo año. A cambio, deja descolocados al PP y a Podemos. Como Lambán ha negociado a espaldas de CHA y de sus socios de izquierda, tanto estos como el PP y el PAR ya le han advertido de que este acuerdo carece de la mayoría parlamentaria necesaria para sacarlo adelante.