El Gobierno de Aragón se ha visto obligado a recortar 25 millones de euros la inversión prevista para este año por haber incumplido dos de los objetivos de estabilidad en 2017. Como el Ejecutivo PSOE-CHA no solo se saltó ampliamente el límite de déficit fijado sino también la regla de gasto, ahora debe presentar un plan de ajuste al Ministerio de Hacienda para compensar el gasto extra del pasado ejercicio, al igual que otras nueve comunidades autónomas.

El plazo para presentar el preceptivo plan económico financiero a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) expira esta semana, pero el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, tomó la iniciativa hace dos y su equipo ya negocia con las distintas consejerías qué partidas se van a sacrificar.

La primera medida la tomó la interventora de la DGA, Ana Gómez, el pasado 27 de abril al enviar una circular a todos los departamentos para bloquear el gasto de los citados 25 millones. Aunque en el correo se hace mención a «un ajuste presupuestario» en todas las secciones del estado de gastos, la pretensión del Ejecutivo autonómico es centrarlo en las partidas de inversión, recogidas en los capítulos 6 (inversión directa) y 7 (transferencias de capital) de las cuentas.

Ana Gómez ha dado instrucciones a las intervenciones delegadas para que ni autoricen ni dispongan del gasto, que se recogen con los correspondientes documentos contables A y D.

El consejero de Hacienda explicó que el recorte del gasto alcanza los 50 millones, aunque el impacto real sobre las cuentas se reducirá a la mitad. El resto del dinero se solventará con «ajustes de contabilidad». Y añadió: «Una parte importante, en torno a los 24 millones, tiene que ver con las partidas de fondos estructurales de la Unión Europea».

Gimeno señaló que los ajustes se decidirán «rápidamente», en cuestión de días, una vez el director general de Presupuestos, Manuel Galochino, y la secretaria general técnica de Hacienda, Dolores Fornals, finalicen la ronda de contactos y negociaciones con los distintos departamentos.

No obstante, Fernando Gimeno resaltó que el recorte no afectará a ninguno de los proyectos «significados». Y aludió expresamente a los hospitales de Alcañiz y Terue y a los colegios, ampliándolo también a cualquiera de las inversiones en marcha que afecten a «servicios públicos básicos». El consejero de Hacienda incidió en que se actuará sobre partidas de gasto «no relevantes».

Por todo ello, relativizó el impacto de un recorte de 25 millones sobre un presupuesto de más de 5.000 millones. «Es mínimo y supone el recorte menor de los últimos años», sostuvo.

Además, vaticinó que podría revertir la situación a lo largo del año en función de la evolución de la ejecución presupuestaria, ya que confía en que mejore el capítulo de ingresos. Solo con el impuesto de la gasolina entrarán 24 millones extra tras la orden ministerial de uniformizar el tramo autonómico al tipo máximo.

Gimeno sostuvo que este año sí cumplirá los tres objetivos de estabilidad, tanto el de endeudamiento como los del déficit y la regla de gasto, en la línea de lo apuntado de la Airef la semana pasada. Los dos últimos se incumplieron el año pasado de forma flagrante. El desfase entre los ingresos y gastos alcanzó los 333 millones, un 0,92% del PIB autonómico, un tercio más del límite de déficit marcado para el ejercicio, que era un 0,6% (213 millones). Semejante incumplimiento situó a Aragón a la cola del país, ya que solo lo empeoraron Murcia y Castilla y León.

Tampoco cumplió con la regla de gasto, impuesta para impedir que el gasto público crezca por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía. Se fijó para 2017 en el 2,1%, pero se disparó al 3,4%, lo que se tradujo en los 50 millones que ahora toca recortar