Los gestores del plan de depuración niegan su fracaso y aseguran que se ahorró dinero

Los directivos de la empresa pública Sodemasa que gestionaron los polémicos planes de depuración de agua de Aragón no solo negaron cualquier fracaso en su desarrollo, sino que defendieron ante la comisión de investigación de las Cortes que pretende depurar responsabilidades por los sobrecostes que solo se puede hablar de "éxito". Y llegaron a defender que la decisión de crear una sociedad pública para gestionar los proyectos permitió incluso ahorrarse dinero a la Administración, concretamente el 18% del IVA de todas las obras ejecutadas.

Sus declaraciones generaron más de un momento de tensión con los parlamentarios, que durante seis horas ininterrumpidas interrogaron al primer gerente de Sodemasa (Jesús Jiménez) y a los responsables de infraestructuras (Ignacio Sánchez de Mora y Alberto Cobelo), de proyectos (Marcelo Liendo) y del departamento jurídico (Carlos Martínez). A la tercera sesión también acudieron los directivos de dos de las contratistas de los anteproyectos, Domingo Montserrat y Rafael Fernández de Alarcón.

Los responsables de Sodemasa mantuvieron la misma tesis y salieron en defensa del cuestionado sistema concesional de las depuradoras, que pese a la tesis que mantuvieron en las Cortes disparó los costes respecto a la contratación directa de las depuradores construidas con antelación. Así al menos lo sostuvo la Cámara de Cuentas, que en un demoledor informe que dio pie a la comisión señaló que el coste medio por habitante equivalente se situó en 202 euros por m3 en las plantas construidas de forma directa, mientras que se disparó a 540 euros en las que decidieron licitar por concesión. En este caso, se incluyó su diseño, construcción y explotación.

El primero en intervenir fue el gerente de Sodemasa desde su constitución en 2003 hasta su cese en 2012, quien salió en defensa de todo el proceso. Además de considerar que la creación de la sociedad dio "agilidad y rapidez" a la DGA en la gestión, máxima cuando pendía el cumplimiento de los exiguos plazos fijados por Europa, eximió de cualquier responsabilidad a su equipo. En este sentido, aseveró que estaban bajo la "tutela" del Instituto Aragonés del Agua y que ellos solo se encargaron de la gestión, ya que el modelo les vino impuesto y no intervinieron en las adjudicaciones.

Como luego hicieron el resto de directivos que fichó para Sodemasa y declararon en las Cortes, subrayó que todo se hizo "conforme a la legalidad", negó que no hubiera control y defendió el sistema concesional porque lograron hacer 93 de las 171 plantas previstas y 400 kilómetros de colectores en 4 años. "El personal está orgulloso de lo hecho", sentenció

El más vehemente en la defensa de la gestión fue el primer responsable de infraestructuras, Ignacio Sánchez de Mora, que tuvo más de un encontronazo con los diputados en una intervención que cuestionaron. Este ingeniero de caminos señaló que el hecho de que fuera un "buen plan" se demuestra con el hecho de que pasara todos los filtros de fiscalización y fuera aceptado por el sector. Por su parte, Alberto Cobelo y Marcelo Liendo aludieron al Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) y defendieron su cobro para sostener el sistema.

Al igual que sus compañeros y los gestores de las ingenierías, Sánchez admitió la premura en el diseño de los anteproyectos, pero al igual que el resto sostuvo que cuatro meses era tiempo "suficiente". Sin embargo, Marta de Santos (Podemos) y Patricia Luquin (IU) sostuvieron lo contrario y aludieron a las "contradicciones" con otros comparecientes y las prórrogas posteriores que se concedieron a las concesionarias para definir los proyectos de construcción de las depuradoras.