Varias jóvenes con anorexia piden que se les abonen sus tratamientos en centros privados

Critican que hasta el año 2006 podían acceder a la atención a través del Seguro Escolar Obligatorio. Han solicitado al Justicia de Aragón que interceda ante el Salud.

Las páginas webs que hacen apología de la anorexia y la bulimia están a golpe de ratón.
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Jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria solicitan al Gobierno de Aragón el abono de sus tratamientos en centros privados especializados, cuyo coste puede llegar a superar los más de 10.000 euros al año. Denuncian que hasta el año 2006 accedían a esta atención a través del Seguro Escolar Obligatorio, que cubría hasta el 80% de los gastos. Dieciocho de estas chicas han acudido al Justicia de Aragón para que interceda ante el Salud en esta cuestión.

Las afectadas recuerdan que todos los escolares pagan el seguro escolar obligatorio que garantiza, entre otras cuestiones, una asistencia neuropsiquiátrica completa. En concreto, aquella que, por su gravedad, afecte a la continuidad de los estudios. Hasta el 2006, era el Instituto Nacional de la Seguridad Social el que asumía el coste de estos tratamientos, como los ofrecidos a jóvenes con anorexia y bulimia. Pero ese año, el INSS ofreció a las comunidades la posibilidad de hacer un traspaso de la gestión de la prestación sanitaria del seguro escolar y algunas, como Aragón, la asumieron.

Desde entonces, el Servicio Aragonés de Salud asegura que las prestaciones por trastornos de la conducta alimentaria se cubren con recursos propios, concertados o conveniados. Algo que puntualizan las familias. Denuncian que los recursos públicos para luchar contra la anorexia y bulimia son escasos. Y, además, que el Gobierno de Aragón costea y se hace cargo del tratamiento durante un tiempo determinado, durante la hospitalización o primera asistencia, pero no una vez terminada esa fase.

Explican que a partir de entonces, "quedan muchos años por delante" de tratamiento y es donde normalmente las familias acuden a centros privados. Los profesionales sanitarios estiman que un paciente de este tipo puede precisar entre 2 y 5 años de atención.

En esos casos, lamentan la discriminación que se crea con otras comunidades, que no asumieron las competencias del seguro escolar obligatorio en 2006 y en las que el INSS sigue haciéndose cargo de los costes. Por ejemplo, aseguran, un estudiante de Madrid puede elegir "recibir tratamiento terapéutico con costes cubiertos en un centro privado de Huesca, pero alumnos aragoneses no pueden optar por hacerlo en este mismo recurso si no abonan el tratamiento completo".

Circuito de la sanidad pública

Fuentes del Departamento de Sanidad aseguraron que en este tipo de casos los pacientes se atienden preferentemente en la Unidad de Infanto-Juvenil del Clínico, que dispone de hospital de día. Reconocieron que si en ese momento no hay plazas libres y el enfermo tiene que ser atendido de forma urgente, se le deriva preferentemente al centro Prisma, de Zaragoza, y el hospital de referencia del paciente asume el gasto y lo abona. No obstante, reconocieron que no se paga el coste de estos tratamientos cuando es la propia familia del paciente la que decide acudir a un centro privado, sin pasar por el circuito de la sanidad pública.

Reconocieron que actualmente hay 9 niños a los que se les está pagando su tratamiento fuera de la comunidad autónoma, en Madrid, Barcelona y Málaga. Una cuestión que las familias y pacientes aseguran demuestra la escasez de recursos públicos en la Comunidad aragonesa.

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