El ex director general de Función Pública, cesado también como jefe de servicio de la DGA

El Gobierno de Aragón ha cesado en menos de un mes a Ignacio Zarazaga como director general de Función Pública y como jefe de servicio de Normativa y Supervisión de Mercado, decisiones justificadas oficialmente en una «pérdida de confianza» y que en el partido se achacan a la pugna interna en el PSOE por liderar el partido en Zaragoza capital.

Si su destitución como alto cargo de la DGA se hizo pública el 10 de abril tras un Consejo de Gobierno, su cese como jefe de servicio se adoptó en el siguiente Consejo de Gobierno, celebrado la semana pasada, aunque no se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón hasta este lunes. Zarazaga es alto funcionario, con el máximo nivel de la Administración (30), por lo que ahora el Gobierno le está buscando un «nuevo destino».

Distintas fuentes del partido coincidieron en señalar que a Zarazaga se le defenestró como alto cargo de la DGA por posicionarse a favor del vicepresidente de las Cortes, Florencio García Madrigal, como alcaldable de Zaragoza por el PSOE. En este sentido, se le acusa veladamente, sin hacerlo oficial, de haber vinculado las capacidades que otorga la Dirección General de Función Pública a cuestiones orgánicas del partido. Es decir, de haber ofrecido a militantes del partido medrar en la Administración a cambio de respaldar la candidatura de García Madrigal.

Esta versión valdría en todo caso para justificar su cese como director general, pero no como alto funcionario de un servicio, la de Supervisión de Mercado, sin poder de influencia sobre la carrera profesional de militantes del PSOE, como destacan personas próximas al afectado.

De hecho, Zarazaga ocupaba la jefatura de servicio por un concurso de libre designación que ganó hace 18 años y que había desempeñado con tres gobiernos distintos (PSOE-PAR, PP-PAR y PSOE-CHA). El puesto lo tenía reservado desde agosto de 2015, cuando se le designó director general, y volvió a su despacho al ser relevado en Función Pública. Pero la decisión ya estaba tomada y no ha durado ni dos semanas en la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales.

Tanto Zarazaga como personas de su círculo consideran que todo se debe a su apuesta personal por Florencio García Madrigal, con el que ya ejerció como coordinador del área en el Ayuntamiento de Zaragoza en su etapa como teniente de alcalde de Régimen Interior (2003-2007).

Sus próximos aluden igualmente al informe que como director general firmó días antes contra la amortización de un «puesto base» de asesor técnico, creado en junio de 2017 y que derivaba del reglamento de medidas para la inclusión de personas con discapacidad en la función pública.

Dicha decisión la tomó el consejero de Hacienda del que dependía, Fernando Gimeno, para crear una jefatura de sección en Tributos, pero Zarazaga se opuso aduciendo, en otros motivos, que dicha amortización no estaba «ni siquiera motivada». Dicho puesto está ocupado por Miguel Ariño, otra persona de la confianza de García Madrigal e igualmente funcionario.

No obstante, su papel como director general fue muy cuestionado por Comisiones Obreras y en círculos sindicales y socialistas se le achaca el bloqueo en la tramitación de la ley de función pública por sus desencuentros a la hora de pactarla.

Este cuestionamiento, que era público, no llevó a Gimeno a relevarlo, pero su filiación a la carrera de García Madrigal en unas primarias aún sin fecha ni candidatos oficiales sí parece haber sido determinante. Sus allegados hablan directamente de «persecución personal» y de planteamientos «poco democráticos», ya que se ha utilizado una institución para «cuitas internas, justo de lo que lo que le acusan».