La sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rebatido los argumentos de la concesionaria de la autopista AP-2 (paralela a la carretera N-II en el tramo afectado), apoyándose, entre otros, en el razonable principio de que la existencia de una autopista no puede ser una traba para que la Administración mejore, amplíe o construya una carretera. Más aún en un caso como este, en el que el tramo entre Alfajarín y Fraga es el único de esa carretera radial que no ha sido aún convertido en autovía y soporta además un intensísimo tráfico pesado. Lo malo es que la sentencia, por sí misma, no permite albergar la esperanza de que se acelere el necesario y largamente solicitado desdoblamiento, pues la tramitación técnica y administrativa del proyecto lleva cuatro años paralizada y los Presupuestos para este año presentados por el Gobierno solo recogen una mísera partida de 2,4 millones de euros (se calcula que el coste total de la obra rondaría los 365 millones). El tramo aragonés de la N-II forma parte de uno de los principales ejes nacionales de comunicación. Su estado actual ha provocado un rosario insufrible de accidentes mortales. El Ministerio de Fomento tiene la obligación de poner en marcha, cuanto antes, una solución.