Cuando un agricultor comienza sus labores de siembra sabe que no todo vale. Tiene que utilizar semilla certificada -cuya producción y comercialización esta muy regulada y sujeta a una autorización y control administrativo- o bien reemplear el grano obtenido en una cosecha anterior en su propia explotación, solo, eso sí, si lo que cultiva es cereal, patatas, forrajeras y oleaginosas.

Pero este ‘privilegio del agricultor’, como lo llama la reglamentación europea y española, no es tan simple. Cuando se reemplean semillas de variedades protegidas, los productores -excepto los considerados pequeños- tienen la obligación de informar al obtentor. No se trata solo de ponerle al corriente de dicha práctica, sino de la obligación de pasar por caja y abonar el correspondiente royalty por utilizar una patente tras la que se esconde años de investigación e inversión.

Aunque así lo establece la norma desde hace más de dos décadas, no es un requisito cumplido de forma mayoritaria por los agricultores. Pero desde hace unos años, las semillas -o mejor dicho el pago por su utilización- han sido objeto de la discordia entre los obtentores de variedades vegetales y los productores de las cosechas. Un duro enfrentamiento que ha llegado incluso en algunos casos a los tribunales y ha terminado con la imposición de penas de cárcel para el agricultor.

Ahora Anove (Asociación nacional de obtentores de variedades vegetales), Cooperativas Agroalimentarias y las organizaciones agrarias Asaja y UPA han enterrado el hacha de guerra. Lo han hecho suscribiendo un convenio con el que sembrar ‘la semilla de la concordia’ -como algunas voces expertas del sector ya lo han bautizado- con el que se pretende suavizar las obligaciones económicas de los agricultores que reutilizan su propio grano y que las empresas obtentoras sigan manteniendo los ingresos con los financian las necesaria investigación realizada para la mejora genética del grano.

No es una norma, tiene carácter voluntario y en él no están todos los que son (la organización agraria COAG se ha desmarcado y tampoco figuran los productores de semilla certificada) pero este acuerdo ha sido calificado por los firmantes como un «éxito histórico». Una definición a la que se ha apuntado también el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, que califica el convenio de «ejemplar» por muchas razones, pero, sobre todo, porque se ha puesto el foco en el agricultor. «Este convenio viene a solucionar un problema que comenzaba a ser preocupante y es una apuesta clara por el control, la certificación y la sanidad vegetal», señala.

El convenio establece cuánto y cómo debe realizarse el pago por el reempleo de grano. Si se opta por cumplir con la normativa en el establecimiento colaborador en el que se realiza el acondicionamiento de la semilla, el desembolso es de 12 euros por tonelada, independientemente de la variedad de la que se trate. Si el agricultor prefiere declararlo a través de la PAC el cálculo del canon se establece en función de la superficie cultivada, un montante que oscila entre uno y tres euros dependiendo de la superficie y si esta se encuentra en tierra de secano o de regadío.

El convenio incluye quién tiene que pagar y quién esta exento. Para ello concreta qué agricultores merecen el calificativo de pequeños y, por lo tanto, pueden reutilizar sus granos sin que por ello haya que abonar los derechos de propiedad intelectual. Y son pequeños, según el acuerdo, los que tienen menos de 60 hectáreas en secano cuyos rendimientos son menores e iguales a los 2.200 euros, pero también los que tienen menos de 40 con rendimientos de entre 2.200 y 3.200 y aquellos cuya superficie no supera las 20 hectáreas en secano siempre que no logre cosechas superiores a los 3.200 kilos por hectárea. Tienen que pagar los que declaran más de 10 hectáreas en regadío.

Y el convenio, y por eso ha conseguido estrechar las manos de los obtentores de semillas, de las cooperativas y de dos organizaciones agrarias, deja claro dónde irá a parar el dinero recaudado a los agricultores. Así, el 50% del montante total será una «retribución directa» a las empresas obtentoras. Un 15% tendrá como destino las cooperativas y acondicionadores de grano «por gastos de gestión». Un 5% será para las organizaciones agrarias firmantes para «actividades de formación». Y el 30% restante servirá para financiar medidas de apoyo a la investigación y la calidad de las semillas, por lo que el 15% de estos ingresos irán a parar a un fondo de investigación y desarrollo de variedades en España que estará cogestionado por Cooperativas y Geslive-Anove, mientras que el otro 15% se convertirá en ayudas para la compra de semilla certificada.

«No tiene fecha de caducidad porque es una apuesta de futuro que no se limita a resolver un problema puntual», explica el secretario general de Anove, Antonio Villarroel, que deja claro que el acuerdo no establece ninguna nueva normativa, es voluntario y está abierto a cualquier organización que quiera participar, un argumento que dirige especialmente a organizaciones como UAGA-COAG que se han negado a estampar su firma en este convenio.

Villarroel quita hierro al espinosa obligación de pagar un canon por la reutilización de grano propio. «Supone menos del 0,5% de los costes totales de una hectárea de cereal, pero contribuyen a una investigación que ha permitido mejoras genéticas con los que se consiguen unos rendimientos que triplican los que tenían nuestros abuelos», detalla.

«La mejor inversión»

Para Villarroel, este entendimiento es más necesario que nunca. Y no solo para conseguir que se cumpla la normativa europea y española sin que tengan que hablar los tribunales, sino porque la investigación -y la inversión que exige- se convierte en una herramienta imprescindible para cultivar con éxito en un entorno tan cambiante. «Hemos pasado de un año (2017) con una durísima sequía a otro en el que casi estamos pidiendo que deje de llover. El cambio climático nos obliga a desarrollar variedades que sean capaces de adaptarse a las nuevas condiciones», insiste Villarroel, que reitera que la semilla es fundamental para una buena cosecha, porque asegura la rentabilidad de las explotaciones -con mejores rendimientos, sin introducir plagas y evitando las malas hierbas-, «más cuando el agricultor tiene que producir cada vez más y más barato».

Junto a la firma del responsable de Anove figura la del representante de Cooperativas Agroalimentarias de España. José Victor Nogués, presidente de esta organización en Aragón, donde ya se han adherido al convenio más de 30 cooperativas que representan el 80% de las que realizan el acondicionamiento del grano, considera que el acuerdo es «interesante» para el sector porque competir sin trazabilidad es muy complicado. «Si no somos capaces de investigar para conseguir mejores rendimientos y mayor calidad no podemos seguir adelante», afirma Nogués, que reconoce que le hubiera gustado que «en este convenio estuviéramos todos».

Pero para el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón el éxito de este acuerdo, que afecta a los 6 millones de hectáreas de cereal que hay en España, de las que unas 800 se encuentran en la Comunidad, depende de que «el sector se lo crea». Para eso, dice Nogués, es necesario dejar claro no solo que hay que pagar un mínimo por el reempleo de semilla, sino que los agricultores sepan claramente dónde va a ir ese dinero.

«Para clarificar y trabajar»

Asaja también ha rubricado el documento. Y aunque Fernando Luna, presidente de la organización agraria en Huesca y recientemente elegido presidente de CEOS-Cepyme, lo suscribe, sus palabras -y la seriedad con las que las pronuncia- parecen delatar que la concordia no es tanta. «Es un asunto del que da mucho miedo hablar», dice Luna, para dejar claro que este es un acuerdo «nacional» y dado que Asaja tiene una estructura provincial, «no obligamos a ninguna provincia a adherirse al convenio».

Pese a todo, el representante de esta organización agraria tiene muy claro que «nosotros estamos para clarificar» y, sobre todo, «para trabajar». Dos son las líneas en las que pondrán el foco de esta labor. «Que el convenio sea lo más extensible posible, que tenga un desarrollo efectivo y sea eficaz en las variedades que los agricultores necesitamos», explica con contundencia Luna, que asegura que Asaja estará vigilante para «abaratar al máximo todas y cada un de las aplicaciones teniendo en cuenta el tamaño y la situación de las explotaciones». Porque, explica el sindicalista, en maíz no se cuestiona el pago del canon debido a que hay un alto rendimiento, «donde sí hay problemas en pagar es en los cultivos de cereal de aquellas zonas en las que llevamos años sin recoger cosecha».

Luna justifica la adhesión a este acuerdo explicando que es consciente de que lo más fácil sería decirle al agricultor que no pague, pero considera que es más provechoso trabajar para que «el pago sea pequeño, real y justo con la investigación».

«Una oportunidad»

El apoyo de UPA a este convenio lo explica el secretario general de la organización agraria en la Comunidad. «Hemos entendido que era una oportunidad y más que beneficiar a las empresas era un beneficio para los agricultores», detalla José Manuel Roche, que insiste en que «podríamos habernos quedado en la confrontación pero había que avanzar para terminar con la judicialización a los agricultores que acondicionan semillas».

Roche defiende que de la investigación y selección de semillas, su certificación y su utilización depende la rentabilidad de las explotaciones. Y se muestra convencido de que si en 2017 hubo que lamentar pérdidas millonarias por los daños que la sequía provocó en los cultivos de cereal, «estas hubieran sido mucho mayores si no se hubieran utilizado semillas mejoradas».

Eso sí, a pesar de que asegura que la aceptación del convenio entre los agricultores «está siendo muy buena» e insiste en que muchos de los que no pagaban «no lo hacían porque no lo sabían», advierte que habrá que dejar claro qué ese dinero tiene como destino el sector. Y allí llegará, explica Roche, a través de la investigación para disponer de variedades mejoradas, con la apertura de campos de ensayos para adaptar las semillas al territorio y mediante campañas de formación e información con las que ayudar a los agricultores a decidirse por la variedad más adecuadas para sus necesidades.

UAGA-COAG se desmarca de un convenio que considera «abusivo»

Muy crítica y contundente en sus argumentos se muestra la organización agraria UAGA-COAG para señalar los motivos por los que no ha querido plasmar su firma en el acuerdo que sí han suscrito otros sindicatos como Asaja y UPA.

«Es injusto y abusivo», insisten desde UAGA que los agricultores tengan que pagar un canon anual durante 25 años por utilizar para nuevas siembras sus propios granos. Porque el productor, recalca la organización agraria, ya desembolsa los correspondientes royalties -derecho que hay que pagar al titular de una patente por su utilización- cuando adquiere las semillas certificadas «por un precio que triplica el coste del grano». De manera que tener que volver a desembolsar dinero cuando realiza la siembra con sus propia semilla es «un abuso» que viene a legitimar ahora este convenio «con el que se enmascara un afán desmedido de lucro, que atenta contra los intereses de miles de agricultores de nuestro país», critica UAGA-COAG. Y más aún, la organización agraria lamenta que con la la connivencia del Ministerio de Agricultura los obtentores de semillas de Anove ejerzan «este abuso de posición dominante».

De escaso peso le parece a este sindicato la justificación con la que los obtentores de semillas exigen el pago por el acondicionamiento de las semillas. Dice Anove, recuerda UAGA, que es un cobro necesario para mantener el proceso de investigación para la mejora genética, «que ya paga el productor con los royalties por derechos de obtención vegetal en la primera compra», añade UAGA, que critica que, sin embargo, estas empresas se olvidan de explicar que necesitan y utilizan al agricultor para testar en campo las mejoras introducidas «y eso no conlleva compensación alguna».

El sindicato deja bien claro que no ha firmado este acuerdo ni suscribirá ningún otro «a cambio de compensaciones económicas, vía comisiones por gestión y venta, financiación de jornadas supuestamente informativas o publicidad en boletines y revistas corporativas». Es un mensaje claro a las organizaciones agrarias firmantes que, según se recoge en el convenio, recibirán el 5% del dinero recaudado con el canon establecido. Y amenaza con «una campaña para conseguir una modificación de la normativa sobre el uso de semillas que se ajuste a las necesidades de los agricultores y no a los intereses de las grandes multinacionales».

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