Acelerar el recrecimiento de Yesa y los embalses de Almudévar y Biscarrués, adecuar zonas de inundación, motas y diques y conceder ayudas a los ganaderos para que adapten sus instalaciones al riesgo de inundación son algunas de las medidas que incluye el plan integral para la limpieza del Ebro que el presidente de Aragón, Javier Lambán, planteó al del Gobierno central, Mariano Rajoy, el miércoles pasado en la Moncloa. Aunque el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Raimundo Lafuente, "no contempla una limpieza integral del Ebro", Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural de la DGA, exige que se actúe pues "no puede ocurrir que cada vez que se produce una avenida tengamos que asistir de manera urgente a proteger las poblaciones".

El Ejecutivo autonómico no se conforma con la compensación de los daños a los perjudicados, que en esta ocasión superan los 25 millones de euros con 19.000 hectáreas y 60 explotaciones ganaderas con unas 50.000 cabezas afectadas, y con infraestructuras públicas y privadas destrozadas.

La solución pasa por acometer unas actuaciones a medio y largo plazo para limpiar el cauce y las riberas, que requieren 80 millones de euros. Una de las principales medidas consiste en agilizar el recrecimiento de Yesa y los embalses de Almudévar y Biscarrués, para aumentar la capacidad de laminación de los ríos Aragón y del sistema Gállego-Cinca, para las que el proyecto de Presupuestos del Estado para 2018, aún sin aprobar, recoge una inversión de 32,2 millones.

Uno de los bloques de actuaciones más importante incluye las medidas que permitirían proteger los núcleos urbanos y las infraestructuras básicas. Desarrollo Rural insta a la ejecución urgente de obras que garanticen la protección de los municipios frente a avenidas de, al menos, 3.500 hectómetros cúbicos por segundo. Para ello propone que se habiliten zonas de inundación controlada en tierras que ofrezcan de forma voluntaria sus propietarios o recurriendo al pago de indemnizaciones.

Es preciso, además, adecuar las infraestructuras viarias existentes en la zona inundable tanto para garantizar su servicio en condiciones de avenidas extraordinarias, como para no obstaculizar el flujo de la corriente. Esto se conseguiría mejorando su resiliencia mediante obras de permeabilización o de refuerzo. Las sucesivas crecidas hacen que sea necesario reparar y adecuar infraestructuras del ciclo integral del agua.

También es imprescindible que los dueños de explotaciones agrarias y ganaderas puedan ejecutar obras que protejan sus instalaciones. Para garantizar que puedan llevarlas a cabo y minimizar el coste que deben asumir los empresarios, el plan de la DGA plantea que se establezcan ayudas financieras y administrativas especiales para adecuar las infraestructuras de riego y para proteger las granjas o cambiarlas de ubicación, si fuera necesario.

Olona quiere dejar claro que el Gobierno aragonés defiende la unidad de cuenca y apoya "desde la lealtad institucional" la competencia de la Administración General del Estado y de la CHE en el dominio público hidráulico, y se ofrece a colaborar en este plan. De hecho, la solución definitiva requiere que se adopten medidas en el tramo medio de Ebro, aguas arriba de Aragón, para reducir el caudal y su peligrosidad.