La caza genera un impacto económico en España de 6.475 millones de euros al año y emplea a 187.000 personas, según se desprende del primer informe realizado en el país en el que se analiza la contribución económica, social y ambiental de la actividad cinegética.

La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal, Esperanza Orellana, y el presidente de la Fundación Artemisan -impulsora del estudio-, José Luis López, han presidido este jueves la presentación de este informe de la consultora Deloitte en el que se detalla que ese impacto económico representa el 0,3% del PIB nacional y equivale al 13% del PIB generado por el sector agrario.

El estudio, cuyo marco temporal es 2016, revela que los agentes cinegéticos en España realizaron un gasto de 5.470 millones de euros: el 67% desembolsado por los cazadores, el 16% por los titulares de cotos y el gasto restante por organizadores profesionales de cacerías, la industria de la carne de caza, rehaleros, la Administración Pública y las empresas de compra-venta de terrenos.

En cuanto al empleo, esos cerca de 187.000 puestos de trabajo equivalen al 1% de la población activa y la mayor parte de ellos (141.261) fueron puestos mantenidos gracias al gasto en caza y 45.497 empleos directos generados por cotos y organizadores de cacerías.

El informe destaca además el hecho de que el 70% de los contratos se realizó a personas con nivel de estudios primarios lo que pone de manifiesto la importancia de la caza en la integración laboral de perfiles con un "encaje complejo" en el mercado laboral, según las conclusiones.

Además, esta actividad generó 614 millones de euros de retornos fiscales para las arcas públicas de tal forma que por cada euro gastado en el ámbito cinegético se generaron 1,18 euros de contribución al PIB nacional.

En el estudio se aborda también su contribución medioambiental, con inversiones en la conservación de hábitats naturales y el control de sobrepoblaciones.

En la actualidad se destinan 285 millones de euros en acciones de gestión y conservación para la caza y la fauna silvestre.

Asimismo, el análisis de Deloitte remarca la contribución social en materia de educación, seguridad vial, reducción de siniestros agrícolas y arraigo social.

Sobre este asunto, se detalla por ejemplo que la caza evita la sobrepoblación de especies como los jabalíes y los corzos, que son los responsables del 54% de los accidentes en carreteras ocasionados por fauna silvestre.

La directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal ha reseñado que los datos del informe son "contundentes y avalan la importancia" de la caza en el ámbito económico y social.

Asimismo, ha resaltado su papel "clave" en el desarrollo de los municipios y el mundo rural y por eso, según ha dicho, el Gobierno "apuesta y lo seguirá haciendo" por el sector cinegético.

Según Orellana, la caza aporta un "importante capital medioambiental" porque desarrolla "una labor silenciosa" en el control de las sobrepoblaciones, de enfermedades animales y en el cuidado del medio natural.

Ha destacado la labor de apoyo desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) con el impulso de la Estrategia Nacional Cinegética, el plan de actuación forestal o las recién creadas mesas sectoriales para debatir sobre los asuntos que conciernen a esta actividad.

Por su parte, el presidente de la Fundación Artemisan ha valorado las conclusiones del estudio porque pone de relieve la relevancia del sector cinegético en la realidad económica y social española.

Ha dicho que con estos datos "es hora de poner en valor la caza sin complejos".

En ese sentido, ha lamentado que el sector cinegético se sienta "muchas veces atacado por la sociedad urbana porque no conoce bien" esta contribución.

En su intervención, ha puesto el acento en la necesidad de mejorar la comunicación con la sociedad porque "quizá es uno de nuestros mayores fallos".