Repasar las cifras de los presupuestos de una institución como la Comunidad de Aragón es siempre una tarea farragosa, pero al mismo tiempo muy clarificadora. Si miramos las cifras de 2018 y las comparamos con las del resto de la legislatura, comprobamos que el Ejecutivo aragonés ha mantenido su inversión en las partidas destinadas a las políticas sociales, cuyas tres principales bases (sanidad, educación y protección social) suman un 60% del total del presupuesto, lo que supone el porcentaje más alto en la última década.

Algo más complejo resulta indagar en la letra pequeña de cada uno de los apartados que contiene un presupuesto de algo más de seis mil millones de euros. Así, si nos fijamos en las políticas de inversión en infancia, vemos con preocupación que este sector de la población sigue siendo el gran olvidado. En su ‘Informe sobre la situación de la infancia en Aragón’, Unicef denunciaba que en la actualidad un 24’3% de los niños de nuestra Comunidad se encuentran en riesgo de exclusión. Una cifra que se redujo ligeramente en el último año, pero que todavía implica que uno de cada cuatro niños aragoneses vive en situación de vulnerabilidad; es decir, en un hogar con ingresos bajos (por debajo del 60% de la renta media aragonesa) o en el que los padres tienen una mala situación laboral. Pero este no es el único dato preocupante: sabemos que Aragón es una de las comunidades en las que más ha crecido la desigualdad durante la crisis, lo que ha afectado de manera especial a las familias con hijos, cuya tasa de pobreza es un 11% más elevada que en aquellas que no los tienen.

Así pues, no es descabellado afirmar que la pobreza y el riesgo de exclusión tienen rostro de niño, y que por tanto es responsabilidad de nuestra sociedad, y de nuestras administraciones públicas, poner en marcha medidas que sirvan para combatir esta situación. En este sentido, es necesario transformar la manera en que el estado de bienestar atiende a nuestros niños y niñas. Gastamos mucho menos que nuestros vecinos europeos en políticas de infancia y familia (un 1’3% del PIB frente al 2’4% de la media de la UE), y carecemos de medidas que estén destinadas específicamente a combatir la pobreza infantil.

Por lo tanto es prioritario que propuestas como la de la prestación universal por hijo a cargo comiencen a considerarse de manera efectiva. Aunque no solo es algo que propone Unicef: tan solo el año pasado, organismos como la OCDE, la Comisión Europea, la OIT o el propio Consejo Económico y Social de España, elaboraron informes en cuyas propuestas aparecía la necesidad de impulsar estas prestaciones que, en la actualidad, apenas llegan a unas pocas familias de nuestro país, y con un importe tan escaso (en torno a 25 euros por hijo) que resultan claramente insuficientes para escapar de la situación de vulnerabilidad.

El propio Comité de Derechos del Niño llama la atención al Gobierno de España por el escaso y estancado gasto en infancia, concluyendo con la recomendación de poner en marcha prestaciones sociales que beneficien a estas y que deberían ser puestas en marcha por las comunidades. Es esta una cuestión de especial relevancia, pues puede asaltarnos la incertidumbre de si este tipo de prestaciones tienen que depender del Gobierno de España o de los respectivos gobiernos autonómicos. Teniendo en cuenta el profundo grado de descentralización de nuestro país, no parece que pueda existir demasiada duda respecto a que es la administración autonómica la que debe asumirlo, algo que en Aragón supondría, alrededor de 50 millones de euros, aproximadamente un 0’8% del actual presupuesto.

Depende del Gobierno de Aragón convertirse en un referente dentro de España en materia de protección a su infancia. Quizás el año que viene, cuando volvamos a repasar esas farragosas cifras y nos detengamos en la inversión en infancia, podamos ver que esta parte de la población tiene el grado de consideración que cualquier sociedad comprometida asume con sus niños.