Las propiedades del banco malo en Aragón siguen aumentando y mantenerlas le cuesta 40,5 millones

El banco malo, ese ente que surgió hace ya cinco años para absorber los activos tóxicos de las diezmadas entidades bancarias españolas y tratar de deshacerse de ellos mediante la venta, posee todavía en Aragón 3.216 inmuebles. Inmuebles cuyo valor asciende a los 540 millones de euros y en su mayoría vacíos, excepto alguno incluido en campañas específicas para el alquiler.

Casi el 85% de esos inmuebles se localizan en la provincia de Zaragoza (2.725), pero también hay una buena cantidad en la de Huesca (426) y alguno en la de Teruel (65).

La gestión de todas estas propiedades, entre las que se cuentan viviendas, suelos, naves, anejos y locales comerciales, conlleva además una serie de gastos que el banco malo debe asumir mientras no consigue desprenderse de ellas. Las comunidades de vecinos, el IBI y el pago a los gestores que se encargan de ellas a nivel local. En total, en estos cinco años, el banco malo ha tenido que desembolsar 40,5 millones de euros en Aragón solo en esos conceptos, cifra que representa el 2,4% de lo invertido durante este lustro en el mantenimiento de su cartera de inmuebles a nivel nacional.

¿Por qué aumentan sus inmuebles?

Además, en el último año, lejos de reducir el número de propiedades que gestiona en Aragón, la Sareb (nombre real del banco malo y que proviene de las siglas de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria) ha incrementado su número de inmuebles en la Comunidad. La sociedad arrancó el año pasado con 3.033 propiedades inmobiliarias en Aragón y lo finalizó con 3.216 pese a haber vendido 188 en el camino. Es decir, a lo largo del 2017 la Sareb incorporó 371 nuevos inmuebles a su cartera en Aragón.

Para entender de dónde vienen estas propiedades conviene entender que el 70% de los activos tóxicos que absorbió de los bancos eran activos financieros vinculados al sector promotor. Es decir, préstamos para la construcción de grandes promociones inmobiliarias que en muchos casos nunca llegaron a materializarse o terminarse. Entre otras misiones, la Sareb intenta transformar esos préstamos que no se devuelven en propiedades físicas (inmuebles) mediante el acceso a los colaterales o las garantías. Es decir, daciones en pago. Recurre a la vía judicial para quedarse directamente con las propiedades, unas veces suelos y otras meros 'esqueletos de hormigón'.

Una vez en su propiedad el banco malo trata de promover su venta aunque desde el año pasado también asume a veces la finalización de las obras. En este campo, el año pasado la sociedad proyectó en España 5.209 viviendas nuevas, de las que se terminaron 1.458 mientras que 3.751 se encuentran ya iniciadas o en fases previas a su construcción, 36 de ellas en Aragón.

Alquiler y alquiler social

Por otro lado, el año pasado el banco malo también anunció que impulsaría el alquiler de las viviendas de algunas de estas promociones inmobiliarias para evitar su deterioro. La oferta lanzada en un primer momento sumaba 42 viviendas en Aragón distribuidas en cuatro localidades de la provincia de Zaragoza. A día de hoy siguen disponibles para el alquiler 25 de estas viviendas. Siete en Alagón, una en Calatayud, tres en La Muela y tres en Zaragoza capital.

Pero además, este mes la sociedad ha lanzado una nueva apuesta por el alquiler en las proximidades de las grandes ciudades y ha sacado a cotizar su sociedad de inversión inmobiliaria Témpore Properties como otra vía de desinversión. Esa nueva entidad cuenta con una cartera de 1.383 viviendas en alquiler, 28 de ellas en Aragón y cercanas al área metropolitana de Zaragoza.

Por último, respecto al alquiler social, la Sareb y el Gobierno de Aragón firmaron un convenio en febrero de 2015 en el que el banco malo se comprometía a transmitir el usufructo de al menos 80 viviendas para destinarlas al alquiler asequible. Viviendas que se entregarían por fases y por las que la DGA pagaría un precio fijo mensual. En mayo de ese año se firmaron el contrato de usufructo y el acta de entrega de 25 de esas viviendas. En los tres años que han pasado desde entonces no ha llegado a zanjarse la cesión de las otras 55. Desde la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación recuerdan que muchas de las viviendas incluidas en ese convenio requieren de una inversión previa para acondicionarlas y ponerlas al servicio de la Bolsa de Vivienda Social. "Se buscan nuevas formas de ir incorporando esas viviendas en función de la disposición económica", apuntan desde la DGA.