La reforma de sucesiones
La intervención de este lunes del consejero de Economía en las Cortes siembra la desconfianza sobre la sinceridad del Gobierno PSOE-CHA en su compromiso de reformar el impuesto de sucesiones. El consenso que reclama Fernando Gimeno sería fácil de alcanzar si el objetivo fuera, de verdad, reducir de manera enérgica, en línea con la mayoría de las autonomías, la presión fiscal que soportan los aragoneses.
La presión política y ciudadana obligó, tras muchas negativas, al Gobierno PSOE-CHA a asumir la necesidad de reformar el impuesto de sucesiones, una figura fiscal por la que los aragoneses son en este momento los españoles que más onerosamente tienen que contribuir a su Hacienda autonómica. Daba incluso la impresión de que el acercamiento de Lambán a Ciudadanos podía facilitar la introducción de cambios importantes en las exenciones del impuesto, de manera similar a la reforma que los socialistas y el partido naranja pactaron hace pocos meses en Andalucía. Sin embargo, las sucesivas declaraciones del consejero Gimeno están frustrando las expectativas despertadas y obligan a dudar de que el Gobierno tenga el propósito de disminuir significativamente la presión fiscal. Si de verdad fuera ese el objetivo, y teniendo en cuenta que tanto el PP como el PAR como Ciudadanos propugnan que se pague menos, no debería ser difícil conseguir ese "mínimo consenso" al que alude Gimeno. En una cosa tiene razón, en todo caso, el consejero: muchos aragoneses están cada vez más concienciados y más molestos con la elevada carga impositiva que el Ejecutivo autonómico ha instaurado. Una reforma meramente simbólica del impuesto de sucesiones no aliviará ese malestar.
