El próximo día 13 de abril termina el plazo para que los profesionales del sector agrario aragonés (agricultores, ganaderos y pequeñas empresas agrarias y forestales del medio rural) decidan cuál de las ocho entidades seleccionadas quieren que les preste el nuevo servicio de asesoramiento de explotaciones puesto en marcha en la Comunidad.

Una fecha con la que se cumple el mes transcurrido desde que el pasado 12 de marzo, tras tres años de idas y venidas, el Gobierno de Aragón publicaba la orden por la que se regula el procedimiento para la puesta en marcha de este servicio incluido en el Plan de Desarrollo Rural (2014-2020). No ha sido un capricho del Ejecutivo autonómico, ni siquiera del propio sector -aunque todos sus representantes lo consideren necesario-. Es una obligación impuesta por Bruselas, que decidió en la última reforma de la Política Agraria Común (PAC) que cada país miembro tendría que contar con un servicio desde el que ofrecer el asesoramiento que demandaran las explotaciones agrarias para ser más competitivas, más eficientes, más rentables, más sostenibles y más ajustadas a la cambiante y exigente normativa comunitaria.

Una obligación que solo afecta a la existencia del servicio. No a su uso, porque los agricultores pueden decidir voluntariamente si se adhieren o no al mismo. Por eso, y para que su utilización no sea gravosa para el agricultor y ganadero, la Comisión decidió destinar una partida presupuestaria para financiar el coste de esta iniciativa. De esta manera, el servicio, que contará con un presupuesto de 1.450.000 euros durante este ejercicio, será sufragado en un 80% por las arcas públicas. De ese porcentaje, llegarán desde Bruselas 614.800 euros (el 53% del montante total), mientras que el Ministerio de Agricultura aportará 220.400 euros (19%) y el Ejecutivo regional desembolsará 324.800 euros (un 28% del total). El 20% restante del coste del asesoramiento saldrá del bolsillo de aquellos profesionales que realicen la consulta.

Y esto para el primer ejercicio, que comenzará este año, como pronto, en mayo y tendrá que concluir, para poder realizar las justificaciones pertinentes para poder realizar los pagos, el último día de octubre. Pero continuará. Está previsto que la medida siga ejecutándose durante 2019 y 2020 con posibilidad de prórroga durante dos años más, aunque eso sí, con la misma dotación presupuestaria, que en su conjunto sumará los los 3,5 millones de euros.

El objetivo de este servicio es asegurar una eficaz transferencia de conocimiento hacia el sector que permita asentar los avances tecnológicos existentes y, de esta manera, lograr reducir los insumos y con ello la renta agraria. Es, como lo denomina el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, «la extensión agraria del siglo XXI», por su semejanza -salvando las distancias tecnológica y su carácter descentralizado- con aquel servicio puesto en marcha en 1953 y que se convirtió hasta su desaparición en 1991, en el artífice principal de la modernización del campo español.

Después de un largo proceso cuajado de dificultades normativas y de cambiantes decisiones europeas, el pasado 12 de marzo el Gobierno de Aragón culminaba el proceso de licitación para acreditar a las entidades encargadas de poner en marcha en la Comunidad el servicio de asesoramiento de explotaciones agrarias que exige Bruselas. Quince fueron las entidades que concurrieron al proceso, de las que ocho resultaron ‘adjudicatarias’: cuatro organizaciones agrarias profesionales (UAGA, Asaja, UPA y Araga) y otras tantas entidades cooperativas (Oviaragón, Arento, Cereales Teruel, Cooperativa Los Monegros).

Cumplido este trámite, ahora la pelota está en el tejado de los agricultores y ganaderos. Queda menos de una semana para que termine el mes de plazo con el que han contado los profesionales del sector que quieren adherirse al servicio (es voluntario) para decidir cuál será la entidad que le resolverá sus dudas y consultas, bien porque se ajusta más a sus necesidades, bien porque le interesa más el precio ofertado por cada una de ellas. Unas solicitudes que pueden presentarse en cualquier de los registros del Gobierno de Aragón o directamente en la entidad asesora elegida.

El coste máximo se ha situado en torno a los 400 euros más IVA, aunque cada entidad ha establecido el precio que considera más ajustado por el servicio que presta, como explica Eva Fernández, responsable de los servicios técnicos de UAGA, una de las dos organizaciones, junto a Asaja, que ha sido acreditada para prestar asesoramiento en las tres ámbitos establecidos por la norma, esto es, el área de actividad agraria, la de actividad forestal y el asesoramiento a pymes agroalimentarias y forestales de las zonas rurales.

Este asesoramiento, que se materializará mediante un contrato firmado entre el técnico encargado del servicio y el agricultor que se ha adherido al mismo, se realizará en dos fases. La primera incluye la realización de un diagnóstico de la explotación, para lo que se incluye además una primera visita sobre el terreno. Con los datos de esta primera aproximación la entidad acreditada realizará un informe en el que definirá los objetivos para resolver los problemas detectados, no sin antes haber realizado tres visitas técnicas más si se trata de una consulta incluida en el área agraria y dos visitas adicionales si es un asesoramiento del ámbito forestal o a pymes.

Y para realizar este trabajo, recuerda Fernández, las entidades comparten una aplicación informática desarrollada precisamente a través de Siasa, un proyecto de cooperación, impulsado por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, de la que forman parte las organizaciones agrarias. Una iniciativa que se puso en marcha precisamente para construir una herramienta telemática que permitiera la gestión del nuevo servicio de asesoramiento que imponía Bruselas.

Concurrencia competitiva

Terminado el plazo de adhesión, que concluye el próximo viernes, y una vez que la Administración disponga del listado de solicitudes y sus preferencias por cada una de las entidades acreditadas para prestar el servicio, se iniciará un proceso de concurrencia competitiva. Con él se determinará qué consultas cuentan con el visto bueno para disponer del asesoramiento. Para ello se ha establecido una serie de requisitos puntuables, de manera que aquellas solicitudes que no alcancen los cinco puntos, detalla la técnico de UAGA, quedarán fuera.

Tienen mayores posibilidades aquellas explotaciones o pymes que están localizadas en zonas con limitaciones naturales o específicas, que parten con 10 puntos; las explotaciones prioritarias, también con 10 puntos; aquellas de titularidad compartida, las que hayan asumido compromisos medioambientales, las que están localizadas en zona Red Natura 2000 o cuyas producciones participen en programas de

calidad o sean ecológicas, todas ellas puntuadas con un 5.

Y por supuesto, tendrán prioridad las consultas presentadas por jóvenes que se incorporan al sector o que lo han hecho en los últimos cinco años, que cuentan con 15 puntos.

No tan voluntario

Y es así porque, a pesar de que este servicio es voluntario para el agricultor, no es tan libre para este colectivo, ya que el sector consiguió que los planes empresariales que están obligados a presentar los jóvenes agricultores y ganaderos y aquellos que quieren modernizar sus explotaciones, y los cinco años de seguimiento que están obligados a cumplir para mantener las ayudas concedidas, se incluyeran en este nuevos sistema de asesoramiento. Así, estos profesionales tienen que acudir, sí o sí, al servicio. «Es cierto que se establece una obligatoriedad en este caso, pero también es una forma de que abaratar sus propios costes», detalla la representante de la organización agraria.

Desde el Gobierno de Aragón se explica que se ha decidido establecer un sistema de puntuación y un proceso de concurrencia competitiva por si el número de interesados superara el montante económico previsto para hacer frente a su coste.

En cualquier caso, con el presupuesto con el que parte este año el nuevo servicio de asesoramiento se podrían atender alrededor de 3.000 solicitudes. Sin embargo, y aunque las organizaciones agrarias y las entidades cooperativas acreditadas tienen «buenas expectativas» respecto al interés que van a mostrar los profesionales del sector hacia esta iniciativa, lo cierto que es que todos ellos reconocen que posiblemente no se alcanzará ese cantidad de adhesiones. Coinciden en destacar que tal vez todavía el servicio no se conoce lo suficiente entre los agricultores y ganaderos como para despertar su interés.

Para saber si la iniciativa resulta atractiva para el sector solo hay que esperar cinco días. Hasta el próximo 13 de abril.

Asesoramiento

UAGA-COAG. Es una de las dos entidades acreditadas para prestar servicios en los tres ámbitos posibles, esto es en el área de la actividad agraria (agricultura y ganadería), en la actividad forestal y en el asesoramiento a pymes agroalimentarias y forestales de zonas rurales. Para ello dispone de un equipo técnico formado por 11 asesores (ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas y veterinarios) que estarán además apoyados por un equipo de gestión de más de 15 técnicos (abogados, economistas, expertos en relaciones laborales...).

ASAJAPrestará servicios de asesoramiento tanto en el área de actividad agraria, como en la forestal y aquella diseñada para atender a las pymes situadas en el medio rural. Para ello echará mano de su propio equipo, explican desde la organización agraria, que asegura disponer de hasta 30 especialistas entre ingenieros agrónomos, veterinarios o expertos en otros ámbitos legales o contables. Esta convencida además de que este primer año será el asesoramiento a los jóvenes el que sirva de reclamo para atraer el interés del resto del sector.

UPA-AragónSu objetivo es poner el foco en el asesoramiento en el seguimiento de los planes de incorporación de jóvenes y de mejora y modernización de explotaciones. Para ello han dispuesto un equipo formado por un coordinador, un administrativo, dos veterinarios, y doce ingenieros. Un equipo flexible que se adecúa a las necesidades que plantee dicho servicio, más teniendo en cuenta que la orden que regula el servicio establece que cada asesor tiene que realizar un máximo de doce expedientes de asesoramiento.

ARAGACentrarán su servicio de asesoramiento en las áreas agraria y forestal porque esta organización agraria entiende que esos son los ámbitos de actuación en el que están acostumbrados a moverse y con los que trabajan habitualmente. Y lo harán utilizando personal propio y colaboración externa, para lo que han habilitado a siete técnicos, una cifra que irán ampliando en función de las necesidades que vayan surgiendo con las consultas de los agricultores, con el fin de ofrecer el servicio más adecuado y más útil según la consulta.

ARENTOEl grupo cooperativo agroalimentario desplegará el servicio de asesoramiento por siete puntos de atención (oficinas propias y cooperativas socias) y contará con un equipo de seis técnicos para atender cualquier consulta relacionada con el ámbito agrícola y ganadero. Su acreditación para prestar este nuevo servicio ampliará el trabajo realizado hasta ahora ya que acompañaban a los socios en aquellas dudas que les planteaba la los cultivos, los costes o las siembras y que ahora se ampliará con el asesoramiento contable y fiscal.

PASTORES-OVIARAGÓNLa cooperativa aragonesa de ovino está acreditada para ofrecer el servicio en el área agraria, para lo que dispone de un equipo formado por siete técnicos de su equipo veterinario, expertos en asesoría de explotaciones ganaderas de ovino. Trabajarán tanto en materia de calidad, rentabilidad, mejora productiva, seguridad alimentaria, bienestar animal y sanidad, como en condicionalidad y planes empresariales de modernización de explotaciones. Todo ello «para mejorar la calidad de vida y rentabilidad de los ganaderos».

CEREALES TERUEL Esta sociedad de economía social está integrada por más de 2.500 socios agrupados en diez secciones que se ubican en distintos municipios del Alto Teruel: Albónica, Alto Jiloca, Bañón, Campo de Bello, Campo de Visiedo, Cereales del Huerva, La Val, Sierras del Jiloca, Sierras del Pobo y La Hoya de Teruel. La cooperativa, que ofrece servicios en el área de leguminosas, fertilizantes, semillas y fitosanitarios, puede afrontar la labor de este nuevo servicio con la experiencia acumulada en su propia sección de asesoramiento y formación. COOPERATIVA LOS MONEGROSNueve técnicos (un veterinario, un experto en medio ambiente, dos ingenieros químicos, tres ingenieros agrónomos y dos técnicos agrícolas) forman el equipo con el que esta cooperativa oscense ofrece el servicio, para el que dispone incluso de un laboratorio propio para realizar los análisis de suelo. Un servicio que, aunque no en todos los términos incluidos ahora en esta iniciativa, ya vienen prestando a sus socios, tanto en la gestión administrativa como en la técnica. Centrarán su labor en el área agraria y en la forestal.

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