Una empresa "innovadora" que contó con el respaldo de las administraciones
Defabar, que empezó a funcionar en 2008, compró el suelo en Alcorisa a una cuarta parte del precio real y recibió ayudas del Plan Miner y del Proyecto Reindus.
La noticia del desmantelamiento por parte de la Guardia Civil de una trama internacional de venta de medicamentos ilegales que tendría, presuntamente, su centro de operaciones en el laboratorio de Alcorisa Defabar-Raga cayó ayer como un jarro de agua fría en la provincia de Teruel.
La empresa, que empezó a funcionar en 2008 bajo el marchamo de una industria innovadora y pionera en el territorio, al centrar su labor en la investigación de nuevos fármacos y, sobre todo, en la creación de nuevas presentaciones para principios activos ya conocidos, contó con el respaldo de distintas administraciones.
Para empezar, según explicó la alcaldesa de Alcorisa, Julia Vicente, el gerente de Defabar, Gabriel García Gavín, logró comprar el suelo del polígono industrial en el que se iba a instalar el laboratorio a, prácticamente, la cuarta parte del precio real. Es decir, el metro cuadrado de superficie se vendía a 15 euros y esta empresa lo consiguió a 4 euros.
Al parecer, el Ayuntamiento ofrecía bonificaciones sobre el coste del suelo en función del número de empleos que, presumiblemente, iba a crear la factoría y, en el caso de esta industria farmacéutica, la cifra no era nada despreciable, pues 14 trabajadores contratados son bastantes en una zona en la que hacen falta puestos de trabajo.
El gerente, a la hora de aterrizar en Alcorisa, tuvo en cuenta la ubicación de la localidad, equidistante a menos de tres horas y media de las tres principales ciudades del país: Madrid, Barcelona y Valencia. Pero también pesaron en su decisión las ayudas que iba a recibir del Plan Miner y el Plan Reindus, que sumaron el 35% de la inversión inicial, cifrada en un millón y medio de euros. Así, Defabar obtuvo subvenciones por valor de 525.000 euros.
Ambos planes, Miner y Reindus, fueron diseñados por el Gobierno central para favorecer la implantación de empresas que generasen puestos de trabajo en territorios afectados por la reconversión de la minería del carbón y la despoblación que acarreaba el proceso de cierre de yacimientos de carbón.
Suma Teruel le apoyó
Defabar, especializada en la presentación de medicamentos mediante tratamiento sublingual, más rápido y eficaz que los comprimidos tradicionales, contó igualmente con el respaldo de otras administraciones públicas y entidades particulares. De hecho, Suma Teruel, sociedad mixta, facilitó la financiación en los inicios de la empresa.
La entidad para la promoción y desarrollo empresarial de Teruel está participada en un 66% por el Gobierno aragonés a través de la Corporación Empresarial Pública, y el SEPI Desarrollo Empresarial SA, además de contar con el respaldo de entidades financieras. El objetivo de esta sociedad es evitar que proyectos e ideas empresariales surgidas en la provincia de Teruel se vean truncadas por falta de financiación. La entidad defiende especialmente aquellos proyectos innovadores y generadores de empleo, principalmente bajo la fórmula de participaciones minoritarias en el capital y préstamos participativos.
La buena imagen que desprendía Defabar como modelo de I+D+I siglas de innovación, desarrollo e investigación hizo que a finales de 2010 representantes del Gobierno de Aragón se desplazaran hasta las instalaciones del laboratorio en Alcorisa para valorar la implantación de este tipo de empresas en municipios de las características de esta localidad del Bajo Aragón.
El Gobierno de Aragón recalcó en su momento la importancia de impulsar empresas como Defabar, que según se afirmó entonces "diversifican el tejido empresarial y constituyen un importante sector innovador e intensivo en I+D+I".
El gerente de Defabar, Gabriel García Gavín, fue también la cara visible de la empresa farmacéutica Labdhifarma SL, que preveía crear 80 empleos en Andorra.
Sin embargo, el proyecto resultó fallido. La empresa renunció a la compra de la parcela que el Somudan (Sociedad Pública Municipal de Andorra) había reservado para la planta. Aunque la industria, de origen indio, alegó motivos de salud de uno de sus promotores, todo apunta que el motivo real fue que la Unión Europea no le había concedido los permisos necesarios para llevar a cabo su actividad.
El proyecto contemplaba una inversión en la Villa Minera de casi 4 millones de euros y optaba como favorita a recibir ayudas del Plan Miner, si bien no las obtuvo al no hacerse realidad.
