El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha tenido que pagar más de 300.000 euros en un año a cuatro perjudicados de Quinto por la riada ordinaria del Ebro ocurrida en enero de 2013. El último caso ha sido otra sentencia del Juzgado Central de Contencioso Administrativo, que reconoce los perjuicios de 20.736 euros a un agricultor y el Estado tiene que asumir la responsabilidad patrimonial por los perjuicios. El Abogado del Estado había ganado las reclamaciones anteriores por esta riada hasta que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional reconoció en mayo de 2017 que hubo un nexo causal entre los daños reclamados y el mal estado de conservación del cauce del Ebro.

Todavía quedan tres causas pendientes y el abogado que defiende a los agricultores, Carlos Ibáñez Fandos, precisa que «el abogado del Estado no ha recurrido ninguna de las cuatro causas perdidas al Supremo para evitar que se aplique jurisprudencia porque pediríamos la revisión de los casos anteriores si ganáramos en el Alto Tribunal». Fuentes de la CHE señalaron que los cambios que trajo el Plan de Gestión de Riego de Inundación que se puso en marcha tras la riada de 2015 y la inversión de 30 millones no es una respuesta a estas condenas. El último pleito lo ha decidido el Juzgado Central de Contencioso Administrativo y sigue la línea dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, cuyo fallo menciona para «preservar la seguridad jurídica y evitar sentencias contradictorias». De hecho, esperaron la sentencia de la Audiencia Nacional y suspendieron las diligencias. El fallo recoge los dos informes periciales del ingeniero técnico agrícola Miguel Ángel Aguaviva y de los ingenieros Fausto Comenge y Juan José Callau, que se presentaron sobre la valoración de los daños por las avenidas del Ebro en infraestructuras del sindicato central de la presa de Pina. La resolución añade la prueba anticipada sobre las actuaciones de limpieza del río en su tramo medio, que ya citó la Audiencia Nacional. «En consecuencia, criterios de seguridad jurídica y del propio prestigio de los Tribunales, nos han de llevar a la misma conclusión que la Sala en cuanto a que concurren los elementos que permiten concluir que existe la responsabilidad patrimonial de la Confederación Hidrográfica del Ebro por los daños causados al demandante como consecuencia del desbordamiento del río Ebro», concluye la sentencia. Para valorar la cantidad del daño causada se acude al informe pericial que llega a la cuantía de 20.716 euros, más los correspondientes intereses legales. Además, el Juzgado impone también las costas procesales a la Administración demandada.