"No sé si está resuelto o no el tema de mi sucesión, yo me mantengo al margen de lo que pueda pasar, estoy en el día a día. A mí personalmente me hubiera ido mejor si se hubiera resuelto hace cuatro años y durante este tiempo he intentado hacerlo lo mejor posible". Con estas palabras, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha eludido pronunciarse sobre la polémica que rodea en estos días su renovación.

Tras más de 19 años en este cargo, los tres últimos en funciones, el Justicia ha preferido mantenerse al margen de la controversia durante la presentación de la memoria de la institución de 2017 en las Cortes de Aragón. Un documento que, como viene siendo habitual, ha entregado a la presidenta de la institución, Violeta Barba, con la que ha mantenido una breve conversación de unos minutos.

García Vicente tampoco ha querido pronunciarse sobre el que va a ser su sustituto, el exjuez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, por "respeto" a los partidos políticos y diputados de la Cámara que todavía no han adoptado una posición sobre el sentido de su voto, en referencia al PP y al PAR. Sí ha aprovechado para despedirse y ha asegurado que ocupar este cargo ha sido "un honor" para él porque le ha dado la oportunidad de "ayudar a mucha gente" y conocer a otra que ha resultado "muy valiosa". En este adiós ha tenido una mención especial para los 191 parlamentarios aragoneses que a lo largo de tres legislaturas le han apoyado y han respetado “a la institución y su independencia”. “Nadie me ha llamado nunca a decir lo que tenía que hacer”, ha asegurado.

Las quejas en Hacienda aumenta un 400%

En cuanto a su actividad a lo largo de 2017, la memoria revela que el año pasado creció un escueto 1% respecto al anterior y tramitó 2.938 quejas frente a las 2.906 que se instruyeron en 2016. Por encima de todo, llama la atención el aumento de las relacionadas con Hacienda, que han subido un 400%, pasando de 187 en 2016, a 942, en 2017. Un crecimiento espectacular motivado por las protestas contra los impuestos de sucesiones y plusvalía municipal, como reflejan las 100.000 firmas presentadas contra estos tributos y el medio millar de quejas relativas a ellos.

García Vicente ha criticado la idea de que para “mantener los servicios sociales” hay que tener unos “impuestos muy altos” y ha puesto como ejemplo de lo contrario el caso de Suecia. En cuanto al impuesto de plusvalía, ha instado a los ayuntamientos a aplicar la línea expuesta por el Tribunal Constitucional en sentencia de febrero de 2017 y permitir al contribuyente acreditar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos sometidos al gravamen, con el fin de no tener que pagar la plusvalía.

Una aplicación de las ratios escolares “más flexible”

El Justicia ha lamentado que el Departamento de Educación de la DGA solo haya aceptado el 44% de sus sugerencias y recomendaciones y en el otro lado de la balanza ha mencionado a otras consejerías, como las Presidencia de Gobierno, Sanidad, Vertebración del Territorio y Derechos Sociales que prácticamente han asumido la totalidad. En cuestiones educativas, una materia en la que las quejas bajaron de 1.054 en 2016 a 557 el año pasado, ha abogado por que las ratios (número de alumnos por aula) se apliquen con “más flexiblidad” y la creación de un mayor número de guarderías de 1 a 3 años “a unos precios razonables”. Asimismo, se ha referido a la necesidad de realizar una distribución “más igualitaria” de los Alumnos con Necesidades Especiales (Acneaes) entre los colegios públicos y concertados.

En cuestiones sanitarias, área en la que en 2017 se atendieron 143 quejas frente a las 135 de 2016, García Vicente ha subrayado que la DGA ha atendido sus consejos sobre la importancia de que el ciudadano sepa, al menos, cuándo va a ser sometido a una operación si se encuentra en lista de espera con el fin de reducir su incertidumbre y que se cubran en propiedad todas las plazas de personal sanitaria, para así favorecer la presencia de los facultativos en pequeñas poblaciones y en el medio rural. Personalmente, se ha mostrado satisfecho de que haya sido atendido su demanda acerca de la necesidad de crear una unidad específica en la Comunidad de atención bucodental para las personas sordo-ciegas y con trastornos del espectro autista mayores de 16 años.

Los expedientes relacionados con el Medio Ambiente se han elevado un 42% y han aumentado de 99 a 141. Esta subida descansa en la apertura de medio centenar de oficio, con el fin de profundizar en las medidas adoptadas por los ayuntamientos de la Comunidad para combatir el ruido de actividades molestas que impiden el derecho de descanso de los vecinos. El Justicia de Aragón también se ha referido a temas de agricultura y ha defendido la modificación de la PAC (Política Agraria Comunitaria) y la modernización de los regadíos para reducir al máximo al riego a manta. En cuanto a vivienda, ha puesto de manifiesto la falta de pisos de alquiler social.