La Corporación Alimentaria Guissona ya tiene garantizada la propiedad de las 240 hectáreas necesarias para la construcción de la macroplataforma agroalimentaria de Bon Àrea en el municipio de Épila. El Gobierno de Aragón acaba de concluir la expropiación de 167 de las 172 parcelas rústicas afectadas, por las que ha desembolsado 1,1 millones de euros y que ahora recomprará el grupo catalán por el mismo precio, además de los tributos y gastos generados, en virtud del convenio firmado hace un año.

Las parcelas expropiadas suman cerca de 180 hectáreas y se sumarán a las que ya están manos de la Corporación Alimentaria Guissona tras una permuta de fincas con el Ayuntamiento, que ocupan otras 60 hectáreas. Todas se sitúan a ambos lados de la carretera autonómica de acceso a Épila (A-1305) desde la autovía de Madrid, una ubicación estratégica para los planes de expansión del grupo por el centro, norte y levante español.

Pese a tratarse de una vasta extensión de terreno, que hasta ahora estaba en manos de una centenar de propietarios, el justiprecio fijado ha sido muy inferior al máximo reflejado en el convenio firmado hace un año entre el DGA, el Ayuntamiento de Épila y la Corporación Alimentaria Guissona. La reducción es del 40%, ya que se ha establecido en 6.1313 euros por hectáreas y en el documento se estableció hasta 10.000.

Fuentes oficiales de la Consejería de Vertebración del Territorio señalaron a este diario que las actas de ocupación formalizadas afectan a 167 parcelas, por un importe de 1.080.912 euros, y faltan otras cinco, valoradas en 23.658 euros. En estos casos, la expropiación fue igualmente notificada a sus propietarios, pero no se han personado en el proceso abierto.

El siguiente paso será ahora aprobar inicialmente el proyecto de urbanización, encargado a una consultora el pasado otoño y cuya entrega está prevista para dentro de un mes. El citado convenio fija que los costes de llevar todos los servicios necesarios al macrocomplejo industrial y logístico de Bon Àrea correrán a cuenta de las arcas autonómicas, mientras la Corporación Guissona asumirá el gigantesco movimiento de tierras y la posterior construcción de la planta industrial y logística. La inversión rondará los 400 millones.

La DGA se encargará de llevar hasta los terrenos las redes de abastecimiento y vertido, de suministro eléctrico y de gas, además de la fibra óptica. Asimismo, se actuará en la carretera autonómica A-1305, contigua a los terrenos, para lograr la ordenación el tráfico de los 1.300 camiones que atraerá al día el complejo.

Si todo transcurre como está previsto, la aprobación definitiva se hará en unos meses y los trabajos se licitarán a lo largo del próximo otoño. Si las previsiones se cumplen, las máquinas estarán trabajando a principios de 2019.

Las citadas fuentes oficiales de la DGA indicaron que el coste final dependerá de lo estipulado en el proyecto y de las bajas económicas que presenten los licitadores en el concurso. Para lanzar las obras, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, contará este año con casi dos millones, aunque el desembolso se deberá hacer el próximo año y será muy superior.

La primera de las actuaciones será la extensión de las redes de abastecimiento y vertido. El acuerdo establece que estarán listas para cuando finalice la construcción del almacén logístico, a finales de 2019. El suministro será independiente al del municipio de Épila y al del polígono El Sabinar, situado justo enfrente de los suelos elegidos.

El agua estará a su vez garantizada por el Ayuntamiento, que se encargará de las negociaciones con la comunidad de regantes para tener derechos sobre 5,5 millones de metros cúbicos.

El Ejecutivo PSOE-CHA también se encargará de asegurar el enganche con la subestación eléctrica de El Sabinar y, en la medida de las necesidades del complejo, disponer de una red de hasta 48,5 megavatios. Igualmente, sufragará la acometida de la fibra óptica, cuya red pasa por la contigua autovía de Madrid y, si hace falta, el suministro de gas.

El mayor desembolso corresponderá a la mejora de la carretera autonómica, que dispondrá de hasta tres rotondas para ordenar el tráfico de 1.300 camiones y de los 4.000 trabajadores que acudirán a diario a la planta cuando la planta esté a pleno rendimiento dentro de una década.