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Aragón

El acuerdo de Almagro

Castilla-La Mancha y Aragón hacen frente común para defender una propuesta con la que reformar la "injusta" PAC y su "absurdo" sistema de reparto de ayudas.

El consejero aragonés, Joaquín Olona (izda.), y su homólogo en Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, en la firma del protocolo.
El consejero aragonés, Joaquín Olona (izda.), y su homólogo en Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, en la firma del protocolo.
DGA

Desde el mismo momento en que Joaquín Olona ocupó la consejería de Desarrollo Rural y Sostenbilidad del Gobierno de Aragón dejó claro que quería jugar papel activo en la reforma de una Política Agraria Común (PAC) que califica de "injusta" y cuyo sistema de reparto considera "absurdo".

Para demostrarlo, ha elaborado una propuesta que pone el acento en la eliminación de los derechos históricos y defiende una distribución del presupuesto en función de la renta de los agricultores. Quiere, ha explicado en numerosas ocasiones, que el documento sirva, al menos, para abrir un debate entre los responsables de la política agraria del Ministerio y de las Comunidades autónomas que llevé a la elaboración de una propuesta de consenso con la que España lidere la negociación en Bruselas.

No está solo. Prueba de ello es la firma que Olona y su homólogo en Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, han estampado en un protocolo, bautizado ya por el propio consejero aragonés como el ‘Acuerdo de Almagro’ (ciudad que acogió la firma). "El convenio apuesta por una agricultura con agricultores", explica Olona, que insiste en que para lograr este objetivo es "imprescindible" una reforma en profundidad y en serio de la PAC, que beneficie a los agricultores profesionales y permita la conservación del modelo familiar.  Por eso, en el modelo

En su opinión, no solo la agricultura depende de este modelo. "El futuro de las zonas rurales pasa porque las ayudas se decidan de forma justa y eficaz", explica el consejero, que insiste en que este es el escenario más favorable para dos comunidades, Aragón y Castilla-La Mancha, que no solo comparten la importancia que la actividad agraria tienen en su territorio sino también que ambas forman parte de esa España interior que sufre "un grave problema de despoblación". Y por eso, el modelo de agricultura por el que apuesta el protocolo suscrito por Olona y Martínez Arroyo se insiste especialmente en la necesidad de establecer un sistema de ayudas que consiga la equiparación de las rentas de los agricultores con las del resto de los ciudadanos.

Jóvenes y mujeres

Pero el documento también muestra su preocupación por el relevo generacional, «que debe ser uno de los pilares de la política agraria», dice textualmente. En este aspecto se defiende no solo la intensificando las medidas actuales, sino la introducción de actuaciones novedosas que mejoren el actual sistema de formación agraria y asesoramiento. Todo con la vista puesta en una cada vez mayor incorporación de jóvenes al sector, pero también en fomentar una ambiciosa política de integración de las mujeres y de la igualdad de género en el medio rural.

En el protocolo, entre otros aspectos, los consejeros dedican especial atención a la  protección del Medio Ambiente. "Es ineludible el papel de la agricultura en la lucha y adaptación al cambio climático, la preservación de los suelos, la calidad de las aguas, la biodiversidad, la emisión de gases de efecto invernadero, o la conservación de paisajes", dicen. Pero defienden también la necesidad de compatibilizar el cuidado del medio ambiente con la rentabilidad de las explotaciones. Un reto en el que juega papel destacado una investigación que que desarrolle nuevas técnicas medioambientalmente respetuosas, y la formación y concienciación de los agricultores sobre la relación entre medio ambiente, clima y agricultura.

Este ‘Acuerdo de Almagro’ no solo recoge lo que ambas comunidades quieren. También aquello con lo que no están de acuerdo. El documento deja claro su defensa de que los pagos directos deben seguir siendo una parte esencial de la PAC, tal y como lo establecen las obligaciones recogidas en el Tratado de la UE. Por eso, las firmas de ambos consejeros son un rechazo a que estas ayudas tengan que ser cofinanciadas por los Estados miembros, como así parece pretender la Comisión Europea a tenor de la comunicación ‘El futuro de la alimentación y la agricultura’, donde se apuntan indicios de un posible cambio de rumbo en la disponibilidad económica de la PAC después de 2020. Una PAC, dicen, que debe estar dotada de un presupuesto suficiente que la "haga fuerte y estable".

El protocolo ha sido ya enviado al Ministerio de Agricultura y a las consejerías del ramo del resto de comunidades autónomas, porque lo que se busca es impulsar un debate nacional que contribuya a definir la posición de España en las correspondientes negociaciones comunitarias. "Queremos que sea un acuerdo que tenga consecuencias a nivel nacional", dice Olona.

Más información en el Suplemento Heraldo del Campo

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