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Aragón

El agro (también) quiere pensiones dignas

El descontento de los jubilados por la irrisoria subida de sus pensiones se siente en el medio rural, donde además los extrabajadores del sector agrario, según sus representantes, reciben las prestaciones más bajas.

Hay agricultores que alargan su actividad pasadas los 65 años.
Hay agricultores que alargan su actividad pasadas los 65 años.
A.G.

Durante las últimas semanas las calles han sido testigo del malestar de los jubilados españoles, que han tomado el centro de la práctica totalidad de las ciudades del país para exigir una subida de la prestación acorde con el encarecimiento del coste de la vida. Entre esa multitud, a la que no ha frenado la lluvia ni el viento ni las bajas temperaturas, seguro que habría algunos jubilados del sector agrario, que tienen las mismas razones que los antiguos trabajadores de cualquiera de los sectores productivos para exigir unas prestaciones dignas. O más.

Y es que, según las últimas cifras oficiales, como señalan desde las organizaciones agrarias, si la pensión media en España (similar en Aragón) se sitúa en el entorno de los 1.200 euros mensuales, la prestación que reciben los profesionales del sector primario una vez que han cesado en la actividad ni siquiera alcanza los 709,85 euros.

"Es un 41% inferior a la de cualquier trabajador del resto de sectores", insisten los representantes del sector. Y critican: "Vivimos en una situación de clara desventaja y exclusión que justifica de sobra que exijamos aquello a lo que tenemos derecho".

Eso, señalan desde las organizaciones agrarias, que el sector ha avanzado notablemente, ya que ante la reiterada reivindicación de sus representantes, estos empresarios por cuenta propia pasaron de cotizar en un obsoleto régimen especial (el dedicado exclusivamente a los profesionales agrarios) a estar incluidos en el régimen especial de la seguridad social para trabajadores para autónomos (RETA) y, dentro de este y si se cumplían los requisitos, en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia agrarios (SETA).

Este decisivo cambio supuso un incremento de las cotizaciones que tienen que abonar, pero también han logrado, de este modo, mejorar sus prestaciones, que llegaban a ser incluso 200 euros inferiores a las ya bajas pensiones actuales.

Las cifras preocupan porque no se trata solo de una cuestión económica que afecta a los ciudadanos. Los jubilados del sector agrario viven en los pueblos, y aunque la afirmación parezca una obviedad, como señalan desde UAGA, es una realidad que no hay que desdeñar. Más si, como dicen los datos de Eurostat, el 34,8% de la población del medio rural está en riesgo de exclusión social. La cifra se sitúa diez puntos por encima de la media europea y siete puntos por encima de la media nacional incluyendo las ciudades.

UPA recurre a otro destacado dato para insistir en la necesidad de mejorar las prestaciones del sector. El 75% de los habitantes de los 1.290 pequeños municipios españoles de menos de 100 habitantes tiene más de 65 años, "lo que da muestra de la enorme importancia que juegan las pensiones en estos territorios, donde, en muchos casos, son la única fuente de ingresos de los hogares", advierte la organización agraria.

La pensión media de los agricultores apenas supera los 700 euros

Es difícil cuantificar el número de pensionistas agrarios que existen en Aragón  y a cuánto ascienden sus pensiones. Y lo es porque desde 2008 los trabajadores por cuenta propia de esta actividad forman parte del régimen especial de la seguridad para los trabajadores autónomos (RETA). Eso sí, como tales, se puede establecer que su jubilación media no alcanza los 750 euros mensuales, una cifra que, aún siendo exigua, mejora con mucho la situación a la que hace apenas diez años se veían abocados los agricultores y ganaderos una vez que abandonaban la actividad.

Hasta el 1 de enero de 2008, los agricultores cotizaban en un sistema especial, conocido por las siglas Reass, que databa nada menos que de mediados del siglo XX y que había surgido como respuesta a la necesidad de regular con una norma la situación del sector, de vital importancia económica y social en España, del que dependía buena parte de la población, para la que era el medio básico de subsistencia.

"No se podía elegir, el sistema obligaba a cotizar por una base muy pequeña independientemente de la renta disponible", explica el responsable de los servicios jurídicos de UAGA, Pablo Martínez, que destaca que la primera consecuencia perversa del sistema fueron unas muy bajas prestaciones para los pensionistas del campo.

De hecho, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales, a 1 de diciembre de 2007, la pensión media en el Reass (para los trabajadores por cuenta propia) era de 438,39 euros, frente a los 678,86 euros de media del total del sistema.

Pero la realidad del sector agrario en el siglo XXI tiene poco que ver la economía del sector en aquellos años 70 en los que se estableció el régimen especial de cotizaciones. Y por eso, recuerda  Martínez, las organizaciones agrarias lucharon, reivindicaron e incluso amenazaron por movilizaciones, para conseguir ir equiparando sus prestaciones a las que reciben los jubilados de otros sectores. No se trataba solo de incrementar las pensiones, defendía entonces el Gobierno de Rodríguez Zapatero, sino que el objetivo esencial de esta integración era además impulsar la modernización del sector e incentivar también el trabajo en el campo, especialmente de mujeres y jóvenes.

"Se ha avanzado, por supuesto, se ha podido optar a unas cotizaciones mayores que garantizan una jubilación más elevada, pero  de todas maneras, estamos hablando de 740 euros de media, que tampoco es una cosa del otro mundo", destaca el representante de UAGA, que señala, sin embargo, que todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar las prestaciones que reciben extrabajadores de otros sectores, entre ellos el industrial.

Martínez lamenta que haya quien piense (y que así se lo diga a los jubilados del campo) que en esta actividad se cobra poca pensión porque se paga una mínima cotización. El responsable de los servicios jurídicos de la organización agraria insiste en que los cotizantes al régimen especial de autónomos pagan "lo que les piden" e insiste en que mientras cualquier trabajador por cuenta ajena aporta el 4,7% y el resto lo abona el empresario, el agricultor tiene que destinar a este impuesto el 28% "un porcentaje que supone un gran esfuerzo".

De "ridículas" tacha el secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, las pensiones que reciben los jubilados campo. Samper insiste en que hubiera sido necesario un cambio en las cotizaciones y, con ello, en las prestaciones del sistema especial de trabajadores autónomos en la que están incluidos los agricultores y ganaderos, "hasta situarlas al nivel que otros contribuyentes".

Y reconoce que si los pensionistas de otros sectores tienen motivos para estar en la calle, los del sector agrario mucho más. "El descontento es aún mayor", asegura el representante de Asaja, que responde a aquellos que critican que cada uno cobra por lo cotizado con una pregunta: ¿Qué es lo que se cotiza? Porque, como señala, el trabajador por cuenta a ajena paga en función de su salario, pero el autónomo "lo hace constantemente con sus inversiones, sus IVA, sus fitosanitarios...".  Una suma de pagos que, según Samper, no tiene traslación alguna a la ridícula pensión que le corresponde a un extrabajador agrario, "que se ve obligado a seguir produciendo porque con una miseria de 700 euros no se puede vivir".

Un 0,25% es "nada"

En unas pensiones tan bajas un incremento del 0,25% es, según las organizaciones agrarias, "nada", por lo que también desde el campo, como han hecho las multitudinarias manifestaciones organizadas en las ciudades, se exige una revalorización de las pensiones que, al menos, permitan mantener el poder adquisitivo. "Las rentas de los jubilados deben volver a indexarse a la inflación". Así de rotundo se muestran desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), cuyos representantes han pedido a sus afiliados que acudan masivamente a las protestas convocadas por los sindicatos UGT y CC. OO. –la próxima está prevista para el 15 de abril–.

"Si tenemos en cuenta que en 2017 el IPC fue del 1,2% y, en cambio, la subida de las pensiones fue del 0,25%, respecto a la pensión mínima (fijada en 606,70 euros) la pérdida anual de poder adquisitivo ha sido de 79,80 euros", señala la organización, que insiste en que la cantidad es más que significativa si se tiene en cuenta que las pensiones del sector agrario son las más bajas del sistema.

La organización agraria que lidera en Aragón José Manuel Roche recuerda que "el futuro de los pueblos está íntimamente ligado al futuro de las pensiones", por lo que dado el alto grado de envejecimiento de los municipios pequeños es más que necesaria "una revalorización anual justa y suficiente" de estas prestaciones.

Muy crítica con la reforma del sistema de pensiones, UPA lo es más con el llamado factor de sostenibilidad, otro mecanismo de ajuste que el Gobierno introdujo en la reforma de 2013, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y con el que la cuantía de las pensiones se irá reduciendo poco a poco en función de un aumento de la esperanza de vida de los cotizantes. "Esta rebaja supone un grave perjuicio para los perceptores de las pensiones más bajas, ya que penaliza según sea la esperanza de vida en años futuros, por lo que castiga doblemente a los jubilados del sector agrario", denuncia la organización agraria.

Las bajas pensiones en el sector agrario esconden además otra brecha todavía mayor, la que sufren las mujeres. Aunque la mayoría de las mujeres de los agricultores han trabajado en las explotaciones familiares no tienen derecho a prestación por jubilación, si bien también es cierto que es porque no han cotizado por ellas.

Pero la realidad es que debido a las bajas pensiones que cobraban sus maridos, los ingresos por viudedad se sitúan en el entorno de los 300 euros. "Con eso no se puede vivir", señala Isabel Pano, vicepresidenta de Araga por Huesca y responsable del área de jubilados de la organización agraria, la única en Aragón que tiene una sección de estas características.

Pano explica además que "como en el campo tenemos patrimonio", a pesar de haber estado décadas cotizando a la Seguridad Social, "luego nuestras prestaciones se reducen prácticamente a la mitad".

Obstáculo al rejuvenecimiento

Que es el sector agrario está envejecido no es una novedad. Y que el acceso de los jóvenes resulta cada vez más complicado, tampoco. Pero en esta situación, destacan incluso desde el propio sector, tiene mucho que decir la escasa cuantía de las pensiones.

Además, en determinadas circunstancias, el agricultor y el ganadero puede continuar realizando trabajos en sus explotación a pesar de estar cobrando la prestación una vez cumplidos los 65 años. "Las empresas de este sector tienen sus particularidades. No se puede echar la persiana de un día para otro o decirle a los pollos y las vacas que a partir de mañana nadie irá a darle de comer porque el titular ha cumplido 65 años", señalan desde UAGA.

Pero además, dicen las organizaciones agrarias, la pensión que les queda a los trabajadores agrarios es tan escasa, que muchos alargan el cobro de las ayudas de la PAC como una vía más de ingresos. Ahí están las pruebas que lo demuestran. En Aragón apenas uno de cada diez agricultores que percibe estas ayudas tienen menos de 40 años. Y es que, entre los más de 40.000 perceptores de la Comunidad, un 37%, es decir 14.675, ya ha superado los 65 años, mientras que un 53% se encuentra en la franja de edad de entre los 40 años y los que se encuentran al borde de la jubilación (21.288).

"En el medio rural no se vive con una huerta y dos gallinas"

Los agricultores están cansados de escuchar que el nivel de vida en el campo es menor y por lo tanto se puede vivir mejor aunque con menos dinero. El argumento se repite cuándo quienes se quejan son los jubilados que aseguran que con una pensión que apenas alcanza los 700 euros es imposible llegar a final de mes.

"Hay gente que aún se cree que en el medio rural se vive tranquilamente con una huerta y dos gallinas. Y eso no es así", asegura con cierta indignación Isabel Pano, responsable del área de jubilados de la organización agraria Araga.

Todo lo contrario, insiste la representante sindical, el coste de los servicios en un medio rural cada vez más despoblado resulta incluso más caro que en la ciudad. "Para ir a la compra o al médico, hay que coger el coche con el desembolso que eso supone", señala Pano, que recuerda que por muy pequeño que sea el municipio "también tenemos que pagar luz, agua o calefacción".

Más información en el Suplemento Heraldo del Campo

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