El exconsejero de Medio Ambiente Víctor Longás (PAR) ha defendido este miércoles el cuestionado Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón que puso en marcha en 2001, que ha calificado de "ambicioso" y que ha achacado a una decisión política de la coalición PSOE-PAR. Longás se ha desmarcado de los sobrecostes millonarios y de las desviaciones denunciadas en el informe de las Cámara de Cuentas con el argumento de que no corresponden a su etapa de gestión (1999-2002), aunque sí ha respaldado la creación del Instituto Aragonés del Agua (IAA). "Se fue ambicioso, se creyó que se podía conseguir. Otra cosa es lo que ha sucedido", ha dicho antes de incidir en que depurar las aguas de los municipios de mil habitantes, meta fijada inicialmente para 2005, "no era fácil".

Longás ha comparecido junto a ocho altos cargos del IAA y de la Confederación Hidrográfica del Ebro ante la comisión de investigación de las Cortes que intenta depurar responsabilidades políticas en el diseño, ejecución y explotación del saneamiento de las aguas de Aragón. La quinta sesión de la comisión y la primera en la que empiezan a desfilar los 79 altos cargos, ejecutivos y alcaldes llamados a declarar no ha arrojado especiales sorpresas.

La expectación estaba puesta en la intervención de Longás, que se ha ceñido a relatar la gestión directa que asumió de las principales depuradoras de Aragón, con la excepción de la de Calatayud, a través de la junta de saneamiento creada un año antes de entrar en la Consejería. Así, ha relatado que puso en marcha 20 plantas para los municipios de más de 15.000 habitantes por "11.000 millones de pesetas".

La decisión de crear el Instituto Aragonés del Agua (IAA) la ha achacado a la necesidad de evitar "el corsé presupuestario" de una Dirección General, por lo que ha considerado un "error" que ahora se vaya a disolver. El exconsejero aragonesista ha sostenido que, pese a ser el número dos del PAR en esos momentos, desconocía quién propuso su creación, pero ha insistido en que formaba parte del acuerdo de gobierno PSOE-PAR y se incluyó en el discurso de investidura de Marcelino Iglesias como presidente. "Como instrumento, el Instituto del Agua no es culpable de nada", ha apostillado.

Longás ha negado que hubiera algún tipo de irregularidad en su etapa y ha descargado cualquier responsabilidad de los "cálculos" sobre las necesidades de depuración y las tecnologías en los técnicos.

También ha considerado que si optó después por el sistema concesional fue por "acelerar las depuradoras" ante las «dificultades presupuestarias». Y ha subrayado como colofón que no solo era una cuestión presupuestaria, sino de cumplir la directiva europea y evitar sanciones.

Ante la comisión de investigación también comparecieron dos altos cargos de la CHE, Manuel Allende y Javier San Román, además de seis responsables del Instituto Aragonés del Agua, Juan Carlos Ortiz, Carmen Sanz, Francisco Javier Sánchez, Jesús Olite, José Ángel Sánchez y Fernando López Ribot. Con sus intervenciones quedó claro que el Instituto del Agua era un organismo autónomo sin supervisión previa de la DGA, que la Intervención no asistió a las mesas de contratación en el periodo clave (2010-2016) y que en ningún momento se ha reclamado pese a que el plan se incumple desde 2010.