El debate de las pensiones se ha convertido en una conversación cíclica en los últimos años, especialmente desde que pese a la recuperación económica los pensionistas siguieran recibiendo la subida mínima del 0,25%. Sin embargo, ha sido ahora con la salida a la calle de los mayores cuando ha rebrotado con más fuerza.

En el pleno monográfico sobre las pensiones celebrado en el Congreso de los Diputados esta semana, el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy anunció que los presupuestos de este año contemplarían subidas a las pensiones más escasas, sin aclarar por el momento de dónde se sacarán estos fondos. El propio discurso de Rajoy y de la oposición giró precisamente en torno a la incapacidad presupuestaria que el Estado tiene ahora mismo para afrontar un repunte de estos pagos, que en los últimos años a pesar de la mejora del empleo han acabado gastando la archiconocida 'hucha' de las pensiones, el Fondo de Reserva del que se ha ido tirando en tiempos de crisis para esta función.

Y lo cierto es que los datos económicos que ofrece la Seguridad Social no son nada halagüeños. Hasta noviembre del año pasado -últimos datos confirmados- en Aragón el déficit entre lo que entró en caja por las cotizaciones de los trabajadores con las que se pagan las pensiones en vigor y el gasto en las mismas fue de más de 1.100 millones de euros. En concreto Aragón ha ido ingresando en los últimos meses 197,8 millones de euros al mes de las cotizaciones de las nóminas de los asalariados y las cuotas de sus trabajadores autónomos, mientras que el desembolso en pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad se ha elevado a 298,5 millones de euros al mes. Dicho de otra forma, haría falta casi ingresar un 50% más por cotizaciones para que las cuentas quedaran en tabula rasa.

La situación de Aragón no es distinta al resto de España -donde el déficit anual es de cerca de 27.000 millones- pero sí que es algo más marcada por el envejecimiento de la población, cuyo máximo exponente es Teruel, donde está cerca de darse la paridad entre número de trabajadores y pensionistas. A Aragón hoy solo le daría para cubrir el 65% de las pensiones que perciben los jubilados de la Comunidad, una situación que es peor en Galicia, Asturias o Castilla y León, regiones aún más envejecidas. Por el contrario, solo Madrid y Baleares, tienen un ligero superávit.

El aumento del empleo apenas palía la situación

Aunque la mejoría económica ha ayudado a compensar la situación, el empuje demográfico es evidente. En 2007, último momento en superávit, Aragón contaba con cerca de 590.000 personas empleadas que pagaban sus cotizaciones frente a 273.000 pensionistas. Hoy sin embargo en la Comunidad trabajan 554.000 personas que deberían mantener 300.000 pensiones, cuyo número irá a alza conforme avancen las generaciones. De hecho, en estas semanas de debate, no han sido pocos los expertos que han vaticinado que el verdadero problema de sostenibilidad llegará cuando comience a jubilarse la conocida generación del 'baby boom'.

El paisaje no obstante ha mejorado en los últimos años. El peor momento fue en 2013, aún en época de destrucción de empleo, cuando Aragón no llegaba al medio millón de personas trabajando.  En este lustro el número de cotizantes ha aumentado en unas 50.000 personas gracias a la recuperación, mientras que los pensionistas lo han hecho en poco más de 12.000. Pese a esto los sindicatos han señalado en varias ocasiones que más allá de crear empleo y nuevos cotizantes, el futuro de las pensiones no estaría garantizado mientras no hubiera un aumento de sueldos -y por lo tanto también de retenciones- y de los contratos de jornada completa.

Pagar pensiones vía impuestos: del impuesto a la banca del PSOE al de los robots de UGT

Con este panorama se asoma cada vez más una propuesta que ya se lleva años comentando por parte de todos los partidos políticos y agentes sociales, aunque con distintos enfoques. En octubre del año pasado el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Gerardo Camps, ya abrió el debate sobre pagar algunas pensiones vía impuestos, en concreto las de viudedad y orfandad.

Este trasvase de los costes rebajaría en parte la presión sobre las cotizaciones, y por ahí pasa también la apuesta del PSOE de Pedro Sánchez, aunque con una visión distinta. El Secretario General de los socialistas ha lanzado en los últimos meses su propuesta de costear parte de los gastos en pensiones mediante impuestos a la banca y a las transacciones financieras.

Otro método, esta vez propuesto por el sindicato UGT, pasaría por gravar con impuesto la actividad tecnológica y en especial los beneficios que puedan dar a las empresas la implantación de robots industriales. "Los robots tiene que cotizar a la seguridad social. La eliminación de puestos de trabajo como consecuencia de las nuevas tecnologías tienen que tener un punto de cotización por los trabajadores que no están" dijo hace unos días el líder del sindicato Pepe Álvarez.