Moncloa retira el recurso contra la ley de montes que presentó ante el TC
El acuerdo en la comisión bilateral Aragón-Estado sobre la norma aragonesa se trasladará ahora al Tribunal Constitucional
Los gobiernos central y aragonés han suscrito un acuerdo para evitar el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley autonómica de Montes en el marco de la comisión bilateral Aragón-Estado. Las negociaciones se iniciaron tras las discrepancias entre ambas partes sobre las competencias en relación del decreto-ley de 2017 del Gobierno aragonés que aprobó el texto refundido de la mencionada ley regional. El acuerdo evita que el Ejecutivo central presente formalmente el recurso ante el Alto Tribunal.
La importancia de la decisión está en el ámbito político, en un momento donde hay una confrontación por la interpretación de varios artículos de la ley de capitalidad, en especial el 14, que hace referencia a la potestad del alcalde y del equipo de gobierno de quitar a la oposición el control de la sociedades municipales. El documento se ha suscrito pese al deterioro en los últimos meses de las relaciones entre los ejecutivos central y aragonés por la reforma de la financiación y las ayudas contra la despoblación.
En este contexto, el acuerdo es más relevante en términos político que en el contenido, pese a la importancia para Aragón de poder decidir e implantar medidas para restaurar las zonas incendiadas de la Comunidad, aunque deberá tener en cuenta la razones de interés público, entre otras.
El documento suscrito por las dos administraciones será remitida al Tribunal Constitucional y se publicará en los boletines oficiales del Estado y de Aragón. El Gobierno PSOE-CHA deberá modificar ahora el artículo afectado de la ley autonómica de Montes para que pueda interpretarse de acuerdo a la normativa estatal de 2003, reformada en 2005.
Con este acuerdo, las dos administraciones públicas han evitado catorce recursos de inconstitucionalidad en los últimos siete años a través de las negociaciones en el marco de la comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado.
Además de la citada ley de capitalidad, en estos momentos hay discrepancias y advertencias de poner recursos ante el TC, una u otrao parte, sobre la ley de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad y sobre la ley estatal de contratos del sector público.
