‘A igual trabajo, mismo salario’. Es lo que persigue el sindicato CSIF a través de una campaña que busca combatir las diferencias salariales que se dan entre los funcionarios de la Administración General del Estado y los de los Gobiernos autonómicos. Porque el escalón en los sueldos existe, y en muchos casos resulta bastante abultado. En Aragón, los 5.738 empleados del Estado, 3.845 funcionarios (sin incluir Policía Nacional y Guardia Civil), 1.652 en personal laboral y 251 estatutarios (del Hospital Militar), llegan a cobrar hasta 5.000 euros menos al año que los funcionarios que desempeñan las mismas funciones en la DGA.

De ahí que, una vez que parece que está más cerca la equiparación de los salarios de la Policía Nacional y al Guardia Civil con las Policías Autonómicas, se intente ahora extender este logro a los demás colectivos profesionales. "Es una reivindicación histórica", recuerda Jesús Oliver Díez, presidente del Sector de Administración General del Estado de CSIF Aragón.

Los funcionarios del grupo

A1 (nivel 28), licenciados que desarrollan funciones directivas de gestión, inspección, ejecución y control, cobran de la Administración General del Estado unos 40.800 euros anuales, de media, frente a los 42.284 euros que paga la DGA a los suyos, unos 1.483 euros menos, según el informe elaborado por CSIF. Las diferencias, aún siendo elevadas, se quedan lejos de los 16.262 euros que por los que les superan los de Navarra, que cobran 57.062 euros al año, y los 21.000 euros de más que el Gobierno vasco paga a sus funcionarios, que cobran 62.400 euros al año.

Diferencias en niveles inferiores

La situación en los funcionarios A2 (nivel 26) en Aragón es similar, con 33.930 euros al año si trabajan para el Estado y 35.514 euros si lo hacen para la Comunidad, y se disparan en niveles inferiores, para titulados en Bachiller y ESO, con diferencias de 5.060 euros al año (26.417 euros frente a 21.326) en el C1, administrativos, y en el C2, auxiliares, de 3.000 euros (17.629 euros frente a 20.637 euros). Jesús Oliver Díez cuantifica las diferencias en 300 euros de media en operarios de limpieza y hasta 800 euros al mes en los niveles más altos.

A nivel nacional, CSIF plantea que parte del fondo adicional de 800 millones de euros que el sindicato acaba de pactar con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se destine a avanzar en la equiparación de los salarios en los distintos ámbitos de las administraciones.

Diferencias con otras regiones

Los trabajadores del Gobierno aragonés figuran entre los peor pagados por autonomías. Aunque no se alcanzan las diferencias abismales que se registran con Navarra y País Vasco, los funcionarios de Extremadura, Madrid, Asturias, Andalucía y Cataluña cobran más que los de la Comunidad. Solo Valencia y Galicia tienen salarios que se sitúan por debajo.

Pablo Ricardo Asín, responsable autonómico del sindicato CSIF Aragón, aboga por la equiparación salarial entre los funcionarios autonómicos y los que trabajan para la Administración General del Estado, pero hace hincapié en las diferencias que se dan, también, entre los empleados de la DGA y los del Ayuntamiento de Zaragoza, e incluso dentro de la misma Administración autonómica.

"En la DGA hay algunas especialidades que están discriminadas", explica, y pone como ejemplo los puestos técnicos (ingenieros, técnicos, veterinarios) para los que no existe una carrera profesional y, por tanto, al no cambiar de nivel, no se aplican mejoras.

La carrera profesional en la DGA era uno de los aspectos que se buscaba mejorar en la futura ley de la función pública, cuyo borrador sigue estancado.

Ampliación de las mejoras laborales

El presidente autonómico de CSIF-Aragón, Pablo Ricardo Asín, ha solicitado al consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, la convocatoria inmediata de la Mesa General de Negociación para abordar la aplicación en el Ejecutivo autonómico de las medidas contempladas en el acuerdo al que llegaron los sindicatos con el Ministerio de Cristóbal Montoro el pasado 9 de febrero.

Entre los temas a abordar, Pablo Ricardo Asín incluye la implantación de la jornada laboral de 35 horas, el estudio de puestos interinos incluidos en la reducción de la temporalidad estableciendo concursos oposición y la reducción de las 18 horas lectivas. Solicita, además, que se analicen la eliminación de los descuentos cuando se afronta una situación de incapacidad temporal y la regulación del 5% de la bolsa de de horas para la conciliación, con la posibilidad de establecer hasta once días para atención de hijos y padres con posterior recuperación de las horas utilizadas y la oferta de empleo público para 2018, 2019 y 2020 con los nuevos criterios establecidos.