El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este martes una rebaja fiscal en Sucesiones e IRPF que le pone a la cabeza como una de las autonomías con menor carga impositiva. Su decisión evidencia aún más la posición de Aragón como el territorio en el que sus ciudadanos pagan más cuando heredan y liquidan Patrimonio y los segundos en el impuesto de la renta por la decisión del Ejecutivo PSOE-CHA, en dirección contraria al resto, de aumentar la presión tributaria.

La presidenta madrilena Cristina Cifuentes ha comparecido para dar cuenta de la ampliación de las deducciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ya estaba bonificado al 99% entre padres e hijos y que ahora ampliará con una bonificación del 15% entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos. De este modo, Madrid se convierte así en la primera comunidad autónoma que bonifica las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos, los que más pagan con diferencia.

Esta rebaja se sumará a una reducción de medio punto en el tipo mínimo de la escala autonómica del IRPF, que situará en el 9%, el más reducido del conjunto de las comunidades autónomas, y a otras deducciones.

Los familiares de segundo y tercer grado que les toque heredar este año ya se podrán beneficiar de la bonificación nada más aprobarse el anteproyecto de ley de medidas fiscales, previsiblemente antes del verano, aunque los madrileños deberán esperar hasta el próximo año para disfrutar de la rebaja en su declaración de renta.

La presidenta madrileña estima que su paquete de deducciones fiscales beneficiará a más de tres millones de contribuyentes y tendrá un impacto de 125 millones de euros sobre las arcas madrileñas. De este modo, ha resaltado, pretende "consumar el proceso de implantación de compromisos adquiridos en materia fiscal".

En contra del criterio de la DGA

El anuncio ahonda la brecha fiscal entre autonomías, que ya llevó a los socialistas a denunciar hace un año en la Conferencia de Presidentes el "dumping fiscal" y a reclamar un armonización impositiva, de modo que se fijen tipos mínimos para evitar "paraísos fiscales" en España.

En esta tesis insisten tanto el presidente aragonés, Javier Lambán, como su consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y así se defendió también por parte de la representación aragonesa en la comisión de expertos que elaboró una propuesta sobre la reforma de la financiación autonómica. Dichos especialistas sí propugnan el mantenimiento del impuesto de Sucesiones.

La reclamada armonización fiscal chocaría de plano con las nuevas deducciones impulsadas por la Comunidad de Madrid y supone una de las bases en la negociación con el conjunto de las autonomías para revisar el sistema, pendiente desde 2014.

Mientras tanto, el Gobierno de Lambán mantiene la presión fiscal que disparó en 2016 con su reforma impositiva, mientras otras autonomías socialistas han emprendido el camino contrario. Así lo han hecho Andalucía y Extremadura, que desde este año han bajado el impuesto de Sucesiones a mínimos, sumándose así a Asturias, cuando hace solo unos meses lo encabezaban junto a Aragón.