"El conocimiento os hará libres", decía Sócrates. En este sentido, unos ciudadanos informados y concienciados no serán fácilmente engañados. Los consumidores conocen cada vez más sus derechos y a dónde recurrir en caso de estafa o irregularidad. Por ello, la cifra de atenciones del servicio de Consumo de la DGA ha aumentado y ha registrado 132.258 en 2017, un 7,5% que el año anterior. El dato lo hizo público este lunes Ros Cihuelo, directora general de Protección de Consumidores y Usuarios –acompañada por los jefes de servicios del Consumidor, Carlos Peñasco, y de Normativa y Supervisión de Mercado, María Jesús Casasnovas– en la presentación de la memoria de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del 2017.

"¿Puedo conectarme a internet desde el extranjero sin coste alguno? ¿A mí me afectan las cláusulas suelo? ¿Cómo saber si la vivienda que voy a comprar tiene gastos pendientes?". Estas son solo algunas de las preguntas que recibe el servicio de Consumo a través de las diferentes vías que ofrece a los usuarios que son acudir a una de las 35 oficinas de información al consumidor repartidas por la Comunidad, llamar al teléfono 900121314 o consultar a las asociaciones de este ámbito. Por sectores, las mayores atenciones las han registrado las telecomunicaciones (24.206), los bancos (23.630), las viviendas (11.240) y la energía eléctrica (9.187). Entre estos datos destaca el incremento de un 29% del tercer grupo, que la DGAachaca a la reactivación del sector inmobiliario.

Según informó el Gobierno de Aragón, del total de atenciones poco más de 4.500 se formalizaron por escrito en sus servicios. Las denuncias y reclamaciones –destacan las relacionadas con automoción, aparatos de telefonía y telecomunicaciones– constituyeron 3.638 y el resto fueron solicitudes de arbitraje, que se encargó de resolver la junta creada a este respecto para la resolución de conflictos de empresas. "Los servicios de información y atención al ciudadano funcionan mejor, el personal que les atiende tienen más capacidad para resolver los problemas y los ciudadanos tienen cada vez más información de las herramientas de las que disponen", comentó Cihuelo, ya que las denuncias han disminuido un 11%. No obstante, destaca un repunte en el sector sociosanitario con las 200 reclamaciones que se registraron el pasado año contra una cadena de clínicas dentales.

Mal etiquetado o riesgos físicos

Un papel protagonista tienen los inspectores que pertenecen al servicio de Consumo. Durante 2017, hubo hasta 27.754 actuaciones inspectoras y en 1.596 se detectó una irregularidad o se localizó un producto inseguro y se actuó sobre todo en los sectores de atención al cliente, banca y servicios generales como la telefonía y la electricidad.

Gracias a estas investigaciones se iniciaron 199 expedientes sancionadores y la mayor parte de ellos conciernen a establecimientos de ropa y calzado (18), al sector de electrodomésticos (16), centros de estética (15), talleres mecánicos (10) y sector sanitario (8 expedientes incoados). Además, en la Comunidad se localizaron 111 productos alertados, de los que se intervinieron 148.744 unidades. Cihuelo explicó que muchas de ellas se deben al "mal etiquetado e información de los productos o riesgos mecánicos o físicos" y se pueden subsanar y sacar al mercado.