El proyecto de Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres que tramitan las Cortes de Aragón multa con hasta 50.000 euros el trato vejatorio y discriminatorio a la mujer. Esta es una de las principales novedades de la normativa autonómica, que incluye un detallado régimen sancionador con el objetivo de avanzar en la igualdad efectiva. Las infracciones leves se castigarán con hasta 3.000 euros, las graves llegarán a los 20.000 euros y las muy graves, con los citados 50.000 euros.

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, explica que el proyecto de ley está "muy consensuado" tras superar un proceso de participación a mediados del año pasado, al que se invitó a asociaciones feministas, a miembros de la Universidad y de colegios profesionales y a técnicos de la DGA. "Se hicieron 730 aportaciones y más del 80% fueron aceptadas", ha recordado.

Dos días después de la movilización histórica del 8M para reivindicar la igualdad real de mujeres y hombres, la portavoz del PSOE en la comisión de Ciudadanía, Pilimar Zamora, confía en que la normativa autonómica que pretende avanzar en este objetivo común sea una realidad antes del parón legislativo del verano. "El Gobierno ha cumplido al presentar el proyecto de ley y ahora nos toca consensuarlo para dar respuesta al clamor social", defiende.

El incumplimiento de esta norma no solo implicará una penalización económica, dado que el proyecto de ley del Gobierno PSOE-CHA establece igualmente la posibilidad de sancionar, en los casos más extremos, con prohibir el acceso a las subvenciones de la DGA e inhabilitar a los infractores para ser titulares de centros o servicios públicos por un período de entre tres y cinco años. Además, recoge la posibilidad de cerrar o suspender el servicio, actividad o instalación durante un máximo de 5 años.

La ley tipifica como infracciones muy graves cualquier comportamiento que atente contra la dignidad y genere un entorno intimidatorio, un trato "desfavorable" en relación con el embarazo o la maternidad o ejercer cualquier represalia por presentar una queja, denuncia, demanda o recurso alusivo a una discriminación.

Igualmente, sanciona la utilización sexista del lenguaje o mensajes estereotipados de subordinación o desigualdad entre mujeres y hombres en medios de comunicación públicos o que reciben subvenciones.

Unidades de igualdad en la DGA

Natalia Salvo destaca como otra de las novedades de la ley la puesta en marcha de unidades de igualdad en todos los departamentos de la DGA. La directora del IAM da por hecho que estarán creadas antes de finalizar el año con el fin de planificar medida de igualdad y asumir el seguimiento tanto de los protocolos contra el acoso como del plan de igualdad. Este proyecto, aseguró, también será una realidad antes de finalizar el ejercicio. "Ya hemos formado a más de 150 funcionarios para poder asumir todas estas labores", añade.

Si se cumplen las previsiones, también se constituirá una comisión interdepartamental y un consejo de participación de mujeres, de modo que haya unas interlocución con el activismo feminista. "Este órgano les dará voz en lo relativo a las medidas que ponga en marcha el Gobierno", apunta.

El tercer pilar de la normativa será la aplicación del principio de "interseccionalidad", por el que se tendrán en cuenta las cuestiones de género, especialmente cuando las situaciones de vulnerabilidad se vean agravadas, en el diseño de todas las políticas públicas de la DGA. "Se tendrá en cuenta en la contratación o en cualquier legislación, de manera transversal", aseveró.

Enmiendas de los partidos

Los grupos parlamentarios han presentado 195 enmiendas parciales a la ley de igualdad y antes de entrar a debatirlas se deberá votar la propuesta de devolución de la norma, planteada por el grupo parlamentario de Podemos. Su diputada Amparo Bella deja bien claro que comparten la filosofía de la ley, pero enfatiza que no les parece "de recibo" que se pretenda tramitar sin la preceptiva consignación presupuestaria que garantice su cumplimiento.

La memoria económica de la ley incide en que su aplicación será asumida con los propios medios de los departamentos, pero la diputada considera que los compromisos de la normativa requieren más recursos humanos y económicos para hacerlos efectivos. "No basta con crear mesas o firmar pactos de Estado contra la violencia, sino fondos presupuestarios para lograr la igualdad. Eso es lo que nos diferencia del PSOE", sentencia Bella.

En este sentido, recuerda que el equipo PSOE-CHA rechazó una enmienda presupuestaria de un millón de euros para el cumplimiento del pacto contra la violencia machista y la futura ley aragonesa de igualdad. "No la aceptaron, aunque por primera vez se acordó que las partidas previstas en los presupuestos sean ampliables", concluye.