La DGA garantizará por ley el acceso a una vivienda digna a los que carezcan de recursos

Cualquier residente en Aragón podrá exigir a la Administración un piso de alquiler o una prestación que le permita el acceso, y tendrá garantizado que no pierda su casa si sufre una situación de vulnerabilidad. Así lo recoge el anteproyecto de ley de vivienda de Aragón que ha presentado este martes el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, que convertirá la vivienda en un derecho subjetivo como lo es el voto o la libertad de expresión, lo que beneficiará, de entrada, a más de 7.500 unidades familiares que en la actualidad cobran menos de 14.910 euros anuales y tienen dificultades para mantener un techo.

La normativa, que iniciará la próxima semana el proceso de participación ciudadana, dará la potestad a todos los beneficiarios de recurrir a los tribunales para reclamar a las administraciones su cumplimiento o incluso exigirlo un tercero, como un asociación. El texto, que en el mejor de los casos llegará a las Cortes de Aragón en verano para su tramitación , obligará a la DGA a incrementar a partir del próximo año la dotación económica de la Dirección General de Vivienda. Según la memoria económica, el impacto en el primer ejercicio superará los cuatro millones, un 12% de la partida asignada en 2018, aunque variará en función del número de personas vulnerables que ejerzan sus derechos.

Este anteproyecto da un paso más a la hora de asegurar derechos a los aragoneses. Si a finales de 2016 ya se garantizó un techo a todos los que perdieran su casa como consecuencia de una ejecución hipotecaria o un desahucio y sus ingresos no superaran los 14.910 euros anuales, ahora se pretende hacer extensivo el acceso a todos los residentes en Aragón con la nueva normativa.

Soro ha destacado que el anteproyecto, que ha calificado de «ambicioso, valiente y vanguardista», apuesta por el alquiler como instrumento fundamental para dar respuesta al principio constitucional del derecho a una vivienda.

Para ello, se plantea la creación del Fondo de Vivienda Social de Aragón, un único sistema integrado para gestionar los inmuebles sociales de todas las administraciones , sea cual sea su procedencia. El programa informático que lo hará posible ya está creado, por lo que ahora solo hace falta que las instituciones se coordinen para crear esta única base de datos.

El consejero de Vertebración ha señalado que otro de los pilares será asegurar la información necesaria sobre las personas en riesgo de perder su vivienda, de modo que se obligará a entidades financieras, sociedades inmobiliarias, Sareb y grandes propietarios a comunicarlo.

Coto a la «especulación» con VPO

Soro ha subrayado que también se regula la vivienda protegida con el objetivo de que la Administración recupere el control «perdido» en 2013 con los cambios introducidos por el PP. De este modo, todas las adjudicaciones de vivienda nueva y las transmisiones de las existentes serán supervisadas por la DGA, que impondrá de nuevo el sistema de sorteo.

Igualmente, la protección de la vivienda se aplicará a toda su vida útil cuando entre en vigor la ley, de modo que ya no se podrá descalificar una VPO como se permite hasta ahora para evitar cualquier posibilidad de «especulaciones». Esto no afectará a las 24.297 construidas en los últimos 13 años al no tener efectos retroactivos. Asimismo, se dotará de más competencias a la Inspección, que alcanzará también a las viviendas libres y que requerirá duplicar la plantilla.