En 2015 España superó en un 34% el límite de emisiones de amoniaco establecido por Europa. Y se espera que la cifra empeore cuando se conozca la publicación del inventario de 2016. Ante este incumplimiento, la Comisión Europea ya abrió un procedimiento de infracción que podría tener consecuencias económicas para nuestro país. Y no solo eso, la publicación de la Directiva 2016/2284 obligará a España a reducir su techo de emisiones un 16% en el año 2030, un porcentaje y un plazo que parece complicado de cumplir ante el difícil punto de partida actual.

Con estas cifras y estos argumentos, el Ministerio de Agricultura ha justificado la aprobación de un Real Decreto que impide la aplicación del purín en las tierras de cultivo mediante plato o abanico (el residuo se expulsa de la cisterna con un chorro que choca contra un plato, abriéndose en forma de abanico y cubriendo toda la superficie del suelo).

La nueva norma obliga a inyectarlo en el suelo mediante un sistema de tubos colgantes o, en el caso de los estiércoles sólidos, a enterrarlos en el menor tiempo posible una vez que se han aplicado como abono.

No se trata tan solo de una obligación cuyo incumplimiento puede acarrear una multa. Es, nada menos, que una de las exigencias ahora incluidas en la llamada condicionalidad de la PAC, esto es, el conjunto de requisitos legales que deben cumplir los perceptores de las ayudas directas para proteger el medio ambiente, la salud pública y el bienestar animal, así como las prácticas necesarias para mantener la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales.

Y dado que la condicionalidad hay que cumplirla obligatoriamente, también hay que ajustarse a la nueva norma de aplicación de purines, porque de no hacerlo se pueden sufrir importantes recortes, incluso la pérdida, de la subvención que llega de las arcas comunitarias.

El Real Decreto ha caído como un jarro de agua fría entre los afectados, especialmente los principales productores del purín -el boyante sector porcino- y los agricultores que utilizan estos residuos como fertilizante, es decir, todos. Y sus representantes han puesto voz a su malestar criticando el cómo y el cuándo de esta decisión ministerial que obligará no solo a cambiar los sistemas de trabajo en el campo sino también a sustituir la maquinaria hasta ahora utilizada, con el coste económico que eso supone.

La norma entró en vigor el pasado 1 de enero, y aunque será de obligado cumplimiento en 2019, el Ministerio ha dejado la patata caliente -o mejor dicho el controvertido desecho- en el tejado de las comunidades autónomas, abriendo de par en puerta una puerta a «excepciones», que tendrán que «justificar debidamente» los gobiernos de cada región para aplicar con más o menos flexibilidad dicho decreto en función de «las características específicas de las superficies afectadas, incluidas las condiciones orográficas y climáticas, u otros motivos».

Es precisamente esa última «indefinición», y haciéndose eco del malestar del sector, a la que se ha agarrado el Departamento de Desarrollo Rural del Ejecutivo aragonés para establecer una moratoria a esta exigencia. Así lo recoge una orden que el Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón tiene previsto publicar el próximo 7 de marzo.

La excepcionalidad aragonesa permitirá la aplicación del purín en abanico y plato -y por lo tanto que su uso no tenga sanción-, hasta el 30 de junio de 2020, explica el director general de Producciones Agrarias, José María Salamero, que detalla que esta decisión será de aplicación en todo el territorio de la Comunidad y para todos aquellos que reciben pagos directos de la PAC.

Hay una salvedad, eso sí. Aquellos que quieran acceder a las ayudas de modernización o de incorporación de jóvenes, cuyos proyectos incluyan la aplicación de materia orgánica en sus tierras, tendrán que incluir en sus planes la utilización de la maquinaria adecuada y el método exigido en el Real Decreto.

No es que el Gobierno aragonés no comparta la intencionalidad del Real Decreto del Ministerio sobre la modificación en la aplicación de purines para cumplir la condicionalidad. Todo lo contrario, defiende el camino hacia prácticas agrarias cada vez más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Pero también entiende las críticas y el malestar que la nueva norma ha despertado en el sector agrario y ganadero, especialmente en la ganadería extensiva de porcino que con tanta fortaleza ha avanzado en los últimos años -y ahí sigue- en Aragón.

Y está convencido, de ahí su decisión de demorar la obligatoriedad de depositar los purines en el campo mediante mecanismos de tubo, de que los agricultores y ganaderos necesitan un periodo de adaptación para adaptar sus actuales herramientas (y el desembolso económico que ello supone) a las nuevas exigencias comunitarias. Una adaptación que, como señala el director general de Producciones Agrarias, José María Salamero, también tienen que acometer las propias empresas fabricantes de dichas maquinarias y aperos.

«Todo ello no significa que el sector no tenga que ir adecuándose a la norma», detalla Salamero, que defiende la fertilización de los cultivos con purines porque en Aragón hay escasez de materia orgánica en los suelos. Una defensa que, como recuerda Salamero, está en la base del decreto que prepara el Gobierno de la Comunidad para regular la gestión del purín y su utilización como fertilizante, utilizando para ello el modelo de trabajo que realizan los centros gestores puestos en marcha en las localidades zaragozanas de Tauste y Ejea de los Caballeros.

El director general explica que sí se ha decidido ampliar el periodo de aplicación hasta 2020 es porque se ha entendido que así se abarcan dos campañas de la PAC, un periodo necesario y suficiente para que el sector esté completamente preparado para cumplir los nuevos requisitos de la condicionalidad exigida para el cobro de las ayudas directas.

Coste económico

Tampoco es que los ganaderos y los agricultores no estén dispuestos a utilizar sistemas alternativos, y menos contaminantes, que la aplicación superficial del purín en las tierras de cultivo. Sin embargo, la aprobación del Real Decreto ha levantado ampollas entre los afectados, que han lanzado a través de las organizaciones agrarias que los representan duras críticas contra la decisión del Ministerio.

Los representantes agrarios coinciden en criticar el elevado coste económico que tendrán que soportar las explotaciones, sobre las que de nuevo recae el desembolso que incide, otra vez, en la rentabilidad de los empresarios agrarios, que tienen que asumir el gasto íntegro de una normativa ante la que, lamentan, las administraciones públicas se lavan las manos.

Según los primeros cálculos realizados por el sector, el sistema de inyectores que permite depositar el purín en el suelo o en el mejor de los casos, inyectarlo, puede alcanzar un precio que varía entre los 12.000 y los 18.000 euros. El gasto podría triplicarse si además tienen que cambiar la cuba porque la que disponen no permite acoplar el nuevo apero. Y para más complicación, hay quienes temen que quizás tengan problemas con sus tractores porque para este obligatorio sistema de aplicación de los residuos ganaderos se necesitan máquinas con una mayor potencia ya que las cisternas con inyectores tienen un tamaño mayor a las utilizadas actualmente.

Aun reconociendo que la aplicación del purín con sistemas de tubo tiene también sus ventajas, ya que la fertilización es más completa y evita filtraciones a los acuíferos, aseguran que su aplicación supone también inconvenientes en la gestión del trabajo. Si para descargar una cisterna de 18.000 litros esparciéndolo por el aire se invierten unos cinco minutos, son necesarios más de quince para infiltrarlo en el suelo. «Y eso también supone un coste mayor de combustible», coinciden en señalar las organizaciones agrarias.

Y por si los gastos no fueran suficientes, el hecho de que la norma sea una modificación de las normas de condicionalidad de la PAC añade otra amenaza económica. Su incumplimiento puede acarrear la pérdida del 3% del montante que le corresponde como ayuda directa de la PAC. Un porcentaje que puede ir aumentando si se es reincidente hasta llegar incluso a perder toda la subvención.

Decisión unilateral

Pero, no solo es el gasto lo que ha molestado a los afectados por la nueva norma. El sector critica duramente las formas utilizadas por el Ministerio, que ha tomado la decisión, critican sus representantes, de forma unilateral, a traición y sin tener en cuenta la opinión de los agricultores, de los ganaderos, ni siquiera de los propios fabricantes de maquinaria agrícola.

«La aprobación de la orden fue toda una sorpresa», explica José Manuel Penella, secretario general de UAGA, que califica de «inadmisible» que se obligue a la aplicación de una medida de tanto calado en tan poco tiempo. Porque, advierte Penella, «hoy en día al 90% de los equipos de aplicación de purines que utiliza el sector son de plato, abanico ó cañón».

El enfado del sector se acentúa además entre aquellos que, sin saber las intenciones de la titular de Agricultura, renovaron sus cubas el pasado año, recuerda el líder sindical, «y todavía las están amortizando».

Además, señala el secretario general de UAGA, resultan todavía más incompresibles las prisas del Ministerio cuando las máquinas que se venden en la actualidad son precisamente aquellas con las se aplican los purines de la formas más tradicionales, esto es «las que no permite la nueva normativa». En la organización agraria lo saben de buena mano porque lo han consultado con Ansemat.

Desde el momento en que se aprobó el polémico Real Decreto y puesto que la norma dejaba en manos de las autonomías su aplicación, UAGA solicitó a la consejería de Desarrollo Rural un periodo de adaptación, que la organización agraria consideraba que tendría que ser de 10 años, de los que en los cinco primeros el aplazamiento tendría que ir acompañado de un plan renove de maquinaria dotado de presupuesto suficiente así como una línea de ayudas para adaptar los equipos existentes. «Hay que tener en cuenta que en Aragón el peso del sector porcino representa más del 30% de la producción agraria, y que la utilización de purines como fertilizantes es la única forma de poder dar salida a los estiércoles que produce», señala Penella, que intuye que esta norma tiene la mirada puesta en el impulso de los centros gestores de purines. Un servicio que puede ser eficaz pero que, de nuevo, vuelve a castigar a los bolsillos de los agricultores.

«La ministra se ha quitado la mierda de encima, nunca mejor dicho», critica el secretario general de UPA en Aragón, José Manuel Roche, que critica duramente la aprobación de una norma «para la que no se ha contado con el sector ni se ha consultado con nadie».

UPA ha hecho números. Recuerda que esta medida afecta a los ganaderos de porcino que tienen tierras y utilizan los purines generados en sus granjas para fertilizar sus cultivos, a los ganaderos que no tienen tierras pero disponen de cubas para aplicar los residuos en superficies agrícolas que así lo demandan, o a aquellos agricultores que tienen su propia cuba para aplicar el abono orgánico que adquieren en granjas cercanas a su explotación. «En Aragón habrá unas 3.000 cisternas que aplican el purín de la manera que la normativa prohibe ahora. Teniendo en cuenta que la adaptación a sistemas de tubo puede alcanzar un precio medio de unos 14.000 euros, la cuantía a desembolsar en la Comunidad podría ascender a 42 millones de euros», explica Roche.

El máximo responsable de esta organización confía, al menos, en que la administración «no salga con el hacha» a sancionar desde el primer día, sino que «se muestre flexible y permita una periodo de adaptación». Asegura, eso sí, que aunque el sindicato está preocupado con la medida, la disposición del consejero aragonés, Joaquín Olona, «ha sido buena», porque «no se puede cargar todo el desembolso de las exigencia comunitarias en las espaldas de los productores agropecuarios.

«Se veía venir»

«Hace ya tres o cuatro años que se veía venir que la aplicación de purines en vaso o en abanico terminaría limitándose o prohibiéndose», asegura Gerardo Torralba, técnico de Asaja-Huesca. Pero reconoce que «eso no quita para que el Real Decreto haya generado preocupación».

Una inquietud que, como señala Torralba está provocada por que su cumplimiento exige una inversión, pero también porque se cuestiona que en algunas terrenos no llegue a ser útil. «En zonas llanas con buenos accesos no hay problemas para la utilización de los sistemas de tubos colgantes, pero estos resultan complicados de utilizar en zonas como la Ribagorza, con pequeñas explotaciones y de difícil acceso», insiste este técnico.

Torralba reconoce además que los agricultores y ganaderos temen que, como ha sucedido otras veces, realicen el desembolso «de entre 14.000 y 20.000 euros», para cambiar sus equipos y «cinco años después se les obligue a una adaptarse a otro método distinto». Una posibilidad que ve remota el representante de Asaja-Huesca, porque explica que el siguiente paso sería la inyección del purín en la tierra «mucho menos aplicable y que además no garantiza la distribución uniforme del fertilizante orgánico.

Por eso Asaja Huesca, como el resto de las organizaciones agraria, confía una moratoria que permita una adecuada adaptación del sector a las exigencias comunitarias y un plan renove que inyecte ayudas a la compra de cubas nuevas o nuevos sistemas de aplicación del purín. Dos deseos que parece que podrían ser una realidad en los próximos meses.

Por lo que se conoce hasta ahora, este nuevo plan, que se prevé aprobar en marzo, limita la subvencion al 30% de la inversión (sin IVA), tanto para la adquisición de cisternas para purines equipados con dispositivo de localización como para la reforma de las existentes sustituyendo el equipo de aplicación por platos, abanico o cañón por equipos localizadores del producto en el suelo. Y además el importe no podrá superar los 20.000 euros. Lo que temen en el sector, porque ya lo ha dejado caer el propio Ministerio, es que este plan llegue muy mermado de recursos y que, con unos presupuestos prorrogados, la cuantía sea la mitad de esos 5 millones con los que se dispuso el pasado año.

En Aragón existen dos iniciativas de este tipo, impulsadas por la ADS número 2 de porcino, en las localidades zaragozanas de Tauste y Ejea de los Caballeros.

Estos centros son los encargados de recoger los residuos ganaderos de las granjas de cerdos, analizarlos en sus laboratorios y, tras extraer aquellos elementos más nocivos para el medioambiente, convertirlos en abono para el cultivo, donde los distribuyen en función de sus necesidades y limitaciones.

Estos centros sí disponen de la maquinaria que exige ahora la normativa, ya que el trabajo se realiza mediante un equipo especial provisto de tubos colgantes que minimiza el impacto medioambiental, pero permite además distribuir forma más uniforme en el terreno el fertilizante orgánico.

Más información en el Suplemento Heraldo del Campo