Acuerdo sin el Ayuntamiento ni la RAPA sobre las bases de la futura reforma del ICA

La mesa técnica del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) ha cerrado las bases de la futura reforma de este polémico tributo sin el Ayuntamiento de Zaragoza –que no ha participado en ninguna de las reuniones–, ni la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), que se ha descolgado a última hora por considerar que los diez puntos ratificados por el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, CEOE-Aragón y el clúster para el uso eficiente del agua Zinnae, entre otros colectivos, son una simple "hoja parroquial" que carece "de un contenido real" y no aborda la reforma estructural del plan de saneamiento y depuración.

El texto, que recoge principios de eficiencia y sostenibilidad, racionalidad y solidaridad, será la base del proyecto que presentará en los próximos meses el Ejecutivo PSOE-CHA. El documento defiende el principio de "quien contamina paga" y el de equidad tributaria, que dice que "todos los ciudadanos deben contribuir". No concreta, sin embargo, si el ICA será una tasa o un impuesto o en qué medida se aplicará el criterio de progresividad aprobado. Tampoco especifica qué nuevos colectivos quedarán exentos o podrán acogerse a bonificaciones.

La directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba, defiende que es lo suficientemente preciso como para encaminar la redacción del proyecto de ley. "Partíamos de propuestas dispares e intereses diferentes. El documento tenía que dar cobertura a todos los participantes, de ahí que hayamos extraído aquello en lo que todos estábamos de acuerdo", explicó al término de la mesa técnica.

Torralba confirmó que ya no habrá más reuniones y que el texto resultante será enviado en breve a las Cortes. La directora del IAA aseguró no tener nada que declarar acerca de la ausencia de la Red de Agua Pública, aunque recordó que, en el último encuentro, el colectivo dijo estar de acuerdo con los diez principios propuestos. "El 22 de febrero se invitó a los participantes a enviar sugerencias o comentarios. Nuestro correo electrónico ha estado abierto desde entonces, pero no hemos recibido nada al respecto", dijo.

El texto fue aprobado por unanimidad, aunque con la ausencia del Ayuntamiento de Zaragoza –que insiste en tratar la polémica en la Bilateral–, de la RAPA y de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), que tampoco se sentó a la mesa. Torralba apuntó que el proyecto de ley podría tardar entre cuatro y cinco meses en redactarse, plazo al que habría que sumar el correspondiente trámite parlamentario. Sí reiteró que no habrá moratoria como solicita la RAPA. "Yo aplico un impuesto que, al igual que el IBI o el IRPF, viene establecido por ley. En caso de que se derogase tendrían que decidirlo las Cortes", manifestó.

El secretario general de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Martín Nicolás, también se refirió a las críticas de la Red de Agua Pública. A su entender, el documento "puede parecer genérico, pero recoge aspectos muy concretos que encarrilarán el trabajo de los parlamentarios". Destacó, por otra parte, que decálogo acordado sí contempla la atención a las familias numerosas y la tarificación progresiva, criterios que reivindicaba la Federación.