¿Está fijada ya la fecha para la reunión entre el Estado y Aragón para resolver el conflicto sobre la ley de capitalidad de Zaragoza?

Todavía no hay fecha, pero nosotros queremos que sea antes de Semana Santa.

¿Confía en que se pueda llegar a algún acuerdo?

Cuando se convoca la subcomisión de conflictos es para intentar llegar a algún acuerdo, aunque nosotros mantenemos una posición respecto al artículo 14 (el que permitió el golpe de Santisteve en las sociedades municipales) que es bien nítida: vamos a apoyar el texto de ley que se aprobó mayoritariamente por los grupos de la izquierda en las Cortes.

¿Hay margen para la negociación? El Gobierno central lo considera inconstitucional.

Hay margen en los otros artículos. En el 14 es muy difícil que podamos llegar a un acuerdo porque la doctrina del Tribunal Constitucional en las leyes de capital o de grandes ciudades se basa en dar más poder ejecutivo tanto al alcalde como a la junta de gobierno, y dejar para el pleno una misión de control de los órganos de gestión y una función normativa.

¿Qué es lo que más les preocupa?

Nos parece chocante que la primera decisión que haya tomado Santisteve en el desarrollo de la ley de capitalidad sea echar a la oposición de los consejos de las sociedades. Entendemos que la palabra dada tiene que ser fundamental en las relaciones políticas y, si además se firman una serie de acuerdos a principios de legislatura entre todos los grupos, utilizar la ley para saltarse ese pacto no es lo más conveniente. Un alcalde del PSOE nunca hubiera tomado esa decisión. Estamos ante una doble legalidad: ¿es más importante el componente democrático o el funcional y de gestión? Sobre eso se tendrá que definir el TC.

¿Aceptaría el recurso de inconstitucionalidad la DGA?

Si el Gobierno decide recurrir al TC la consecuencia sería paralizar la ley de capitalidad. Nosotros no hemos hecho nada más que trasladar el artículo 14 en su literalidad, el pactado en el anteproyecto de la etapa PP-PAR.

El grupo municipal del PSOE ha comparado a Santisteve con Nicolás Maduro. ¿La defensa de la ley que hace la DGA ha enturbiado la relación en su partido?

Estas cosas nunca ayudan a mantener una relación estable, de confianza, como la que a nosotros nos gustaría para ir superando los obstáculos, que en estos momentos los hay y son bastantes entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento. Los concejales del PSOE en Zaragoza están teniendo más paciencia que el santo Job con el alcalde, están siendo muy pacientes, muy honestos, porque este gravísimo problema no ha impedido que se pudieran aprobar los presupuestos. Han tenido la responsabilidad de mirar por Zaragoza antes que por los propios intereses políticos del PSOE.

¿Era necesario defender la ley así para sacar adelante los presupuestos de Zaragoza y de la DGA?

No tiene nada que ver. Yo he escuchado a la oposición decir que esto era un cambio de cromos, y no es así. Nosotros llegamos a un acuerdo con Podemos para negociar los presupuestos de Aragón mucho antes de que surgiera la polémica del artículo 14 y de que el alcalde echara a los grupos de la oposición de los consejos de administración de las sociedades.

Sin embargo, los portavoces de PSOE y CHA dijeron en el pleno de Zaragoza que aprobaban los presupuestos para que salieran adelante los de Aragón.

Seguramente porque, como he dicho antes, los concejales del PSOE tienen un exceso de responsabilidad y por lo tanto ellos, que posiblemente desconozcan que ha existido esa negociación con Podemos antes, pueden decir que aprobando los presupuestos de Zaragoza ayudan a que salgan adelante los de la Comunidad.

Entonces, ¿Aragón hubiera tenido presupuesto aunque los de Zaragoza no prosperaran por la falta de apoyo de PSOE-CHA?

Yo entiendo que con el acuerdo que nosotros teníamos firmado con Podemos se hubieran aprobado. Ahora bien, ayuda que el Ayuntamiento de Zaragoza tenga  sus presupuestos.

La oposición en las Cortes vaticina que a partir de ahora va a comenzar el pim pam pum entre los partidos de izquierda.

Eso lo vaticinaron desde el primer día de esta legislatura. La oposición ha intentado desestabilizar, pero hemos sido capaces de aprobar tres presupuestos.

¿Confía, como dice el presidente Javier Lambán, en que Aragón tendrá presupuesto en 2019 a pesar de ser un año electoral?

Si lo dijo el presidente, yo no puedo desconfiar de él. Seguro que él tiene más información que yo.

¿No ha sido un farol?

No. Creo que Podemos ha hecho una evolución hacia el realismo político que se está notando muchísimo con el nuevo secretario general, Nacho Escartín, y por tanto a mí no me sorprendería nada.

¿En ese año electoral se ve usted en primera línea política?

Me veo en la línea política que el presidente quiera. Mientras sea útil a un proyecto en el que estoy a gusto estaré a su disposición.

Han pasado varios meses desde la bilateral Aragón-Estado. ¿Se ha registrado algún avance?

He experimentado una gran decepción en las relaciones con el Gobierno de España. El pueblo aragonés siempre ha sido leal y mi decepción viene de la constatación de que el Ejecutivo central no es tan leal con la DGA. Para Moncloa, Aragón no es su prioridad. Posiblemente lo sea Cataluña.

¿Cataluña ha influido en que haya un parón en las relaciones con el Gobierno con Aragón?

La sensación que tenemos es que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría está viviendo por y para Cataluña, pero no podemos permitir que Cataluña lo ocupe todo en detrimento de las otras autonomías, en este caso, de Aragón. En el retorno de los bienes de Sijena estamos muy decepcionados con el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, por los recursos y obstáculos que ha puesto para lograr su regreso.

En Aragón arrecian las críticas a la carga fiscal. ¿Qué plazos barajan para reformar los impuestos de Contaminación de las Aguas (ICA) y Sucesiones?

Para Sucesiones hay un informe bastante avanzado y, a partir de lo que diga, se buscarán los acuerdos pertinentes para hacer una reformar del impuesto. Respecto al ICA, hay una comisión y nos someteremos a los acuerdos que se alcancen en esa comisión.

El concejal de Economía de Zaragoza Fernando Rivarés pide una bilateral entre el Ayuntamiento y la DGA para hablar, entre otras cosas, del ICA.

Habrá bilateral porque la prevé la ley de capitalidad. Dicho eso, el Ayuntamiento ha tenido y tiene la posibilidad de unirse a esa comisión del ICA, que es lo que tenía que haber hecho ya. Para la bilateral pactaremos los asuntos de los que se tenga que hablar y esas reuniones son de acuerdo. Donde haya desacuerdo, no se tratará.

Sí ha habido acuerdo con Galicia, Asturias y Castilla y León para plantear un frente común por la financiación autonómica. ¿Conseguirá la ‘España vacía’ imponerse a la próspera y poblada?

La financiación debe acordarse en una reunión multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No vamos a permitir que el Gobierno para arreglar el tema de Cataluña negocie con ellos y, una vez resuelto ese problema, quiera que lo paguemos los demás.

En Huesca también ha habido problemas con los bomberos. ¿La creación de un mando único en la Diputación es la solución?

Que la DPH haya dado este paso a mí me parece que es sustancial. Que tengamos un mando único, para mí, que soy el responsable de la Protección Civil, es fundamental. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ayudar y colaborar con 1,5 millones de euros que hay en los presupuestos para que la DPH pueda contratar personal.

¿Ha sido leal el PSOE de Huesca en el conflicto de los bomberos?

Yo he tenido una relación magnífica, fuera de que el presidente de la DPH tiene también sus problemas económicos y jurídicos a la hora de contratar nuevo personal.

Pero el PSOE oscense apoyó a un candidato alternativo a Lambán en las primarias.

No creo que sea por los bomberos. Sería por algo más. Ahí no me meto.

El nuevo jefe de la Policía adscrita, Antonio Rúa, aboga por aumentar la plantilla. ¿Es posible?

Uno de los problemas que tenemos es que la plantilla está muy mermada por los recortes que ha hecho el Gobierno de España en estos años. Vamos a luchar por ampliar la plantilla, pero el Ejecutivo central también tiene que ampliar las suyas. Es una de las grandes demandas desde el medio rural, porque los recortes han hecho que la vigilancia sea muy difícil de cubrir con los efectivos que hay ahora mismo.

El presidente del TSJA, Manuel Bellido, lleva años reclamando cinco juzgados.

Hay previsto un nuevo juzgado para finales de año. Cada uno le cuesta a la DGA 700.000 euros.

¿Cuándo tendremos nuevo Justicia de Aragón?

Por ahora han presentado un candidato, Ángel Dolado. Esperaremos, y si hay más propuestas estudiaremos y atenderemos las peticiones de todos los partidos.