Las grandes cifras del proyecto económico

Aunque se debatían las enmiendas al presupuesto de 2018, Berta Zapater (PAR) desvió la atención al del año pasado al desvelar que la Consejería de Sanidad dejó diez millones sin gastar. Un dato que ratificó Susana Gaspar (C’s), al cifrar el gasto en inversiones en un 67%. Demasiados millones sin gastar, dijeron. El proyecto actual no le gusta al PAR, al PP ni a C’s, y menos que les tumbaran todas sus propuestas. Pero ya no suscita protestas ciudadanas. "Han conseguido que las mareas no salgan a la calle porque los que las dirigen están gestionando", replicó Gaspar.

La incógnita está en saber qué ocurrirá con los hospitales de Alcañiz y Teruel. El PSOE reiteró que cumplirá los "compromisos electorales" y Patricia Luquin (IU) se mostró confiada en que lo haga y que el 31 de mayo se inicie la estructura en Alcañiz. No convenció a la aragonesista Zapater: "Solo les importan las cuentas y, al final, son todo cuentos".

"Cómo les fastidia que en la izquierda lleguemos a acuerdos". El podemista Carlos Gamarra defendió el "mejor" presupuesto en Educación de los últimos años, una visión que compartieron las diputadas del PSOE e IU y rechazó el resto de la oposición. La aragonesista María Herrero y Susana Gaspar, de C’s, recordaron a los promotores del pacto de izquierdas que las cuentas llegan tarde, y que el rechazo a todas sus propuestas hará difícil que se avance en un pacto regional por la educación. María José Ferrando (PP) censuró a Podemos por "tragar con todo" y aseguró que no se resigna a que la educación sea "un zoco, una mercadería, un mero instrumento político y partidista". Gaspar pidió a la consejera Mayte Pérez que, además de defender el retorno de los bienes de Sijena, avance en las obras del museo donde se exponen pues solo se ejecutó el 47% de la partida de 2017.

La subida fiscal pactada por el Gobierno PSOE-CHA con sus socios de investidura de Podemos e IU nada más llegar al Pignatelli se coló de nuevo en el debate presupuestario. El diputado popular Antonio Suárez recordó que los socios se han convertido en "campeones en presión fiscal" y han pulverizado sus previsiones de recaudación, tanto en Sucesiones (con 200 millones, 48 más de los previstos en 2017) como en las tasas (se preveían 64,5 millones, pero finalmente fueron más de 105). Por ello, criticó que se vayan a subir las tasas un 1,4%. La recriminación se hizo extensiva desde la bancada del PAR y Elena Allué lamentó que los aragoneses sean de los que más pagan por Sucesiones y Patrimonio. El más vehemente en la defensa de la presión fiscal para sostener la recuperación del gasto social fue el nacionalista Gregorio Briz, quien lamentó la "obsesión de los neoliberales" por recortar impuestos.

Uno de los pilares del discurso del centroderecha es la ausencia de un verdadero impulso inversor para 2018, ya que los 463,8 millones presupuestados siguen anclados en niveles de hace 20 años pese a incrementarse la partida de 2018 en un 13%. Ni siquiera se llega a igualar la cifra más reducida del Gobierno de Rudi, los 512,3 millones de 2015, fruto del tijeretazo del primer presupuesto del Ejecutivo de Lambán.

Los reproches en el pleno llegaron por las exiguas dotaciones para los grandes equipamientos sanitarios pendientes, los hospitales de Alcañiz y Teruel, o para mejorar la depauperada red autonómica de carreteras. Incluso se enfrascaron los diputados Javier Campoy (PP) y Gregorio Briz (CHA) sobre si la Consejería de Vertebración era la única que no había logrado mejorar la del último año de Rudi. Fue uno de los momentos del pleno.

Todos los partidos insistieron en la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo productivo, pero la mayoría coincidió en que muy poco se está avanzando. Lo prioritario es la atención a los parados, y el Inaem tendrá asignados 114 millones de los 231 que tiene en total la consejería de Economía.

También defendieron de forma unánime un pacto por la ciencia, cuyo objetivo debe ser alcanzar el 3% del Producto Interior Bruto, pero cuestionaron su eficacia para lograrlo. De ahí que PP y PAR votaran en contra y Ciudadanos optara por la abstención, justificada por el diputado Javier Martínez en la negativa del Gobierno a negociar sus enmiendas. La portavoz podemista Maru Díaz se mostró encantada con sus aportaciones, en especial, por sacar adelante en innovación 40 becas con las que se pagará, en Aragón, a alumnos brillantes para que puedan seguir estudiando.

El incremento del Impuesto Aragonés de Inserción marcó el debate en esta área. Elena Allué (PAR) lamentó que se rechazara la enmienda que proponía un aumento del 10%, y se optara por elevar la cuantía solo un 4%, y que la renta básica "ni está ni se le espera". Las cuentas autonómicas reservan 52 millones para pagar esta ayuda, en un presupuesto que supera los 415 millones, una cantidad que permitirá consolidar la "recuperación de derechos perdidos", según Pilimar Zamora (PSOE), que subrayó que es un proyecto "realista y progresista". No compartieron su visión ni Ana Marín (PP), que lo tachó de "sectario", ni Desirée Pescador (C’s), que denunció que es "cerrado". Sí convenció el presupuesto a Amparo Bella (Podemos), aunque aclaró que no eran sus cuentas, pues mejora las condiciones de atención a la dependencia y recoge un plan para reducir la pobreza energética.